(por Sebastián Zárate).- Reacción del Gobierno Municipal y la Justicia de San Martín. En la foto: El intendente Diego Valenzuela reunido con el Fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, se reunió hoy con el fiscal General de San Martín, Marcelo Lapargo, para conocer los avances de las investigaciones y trabajar el esclarecimiento de las amenazas de bomba en establecimientos educativos del distrito.

«La Justicia está trabajando intensamente, con la colaboración y apoyo de la Municipalidad de Tres de Febrero, para individualizar a los autores de las reiteradas amenazas de bomba a escuelas que impiden cotidianamente el normal desarrollo de las actividades educativas en los establecimientos de este distrito», dijo el intendente hace instantes a Anticipos.

A la fecha, se investigan 143 llamados de amenaza de bomba realizados al 911 y hay más 20 presuntos autores identificados, de los cuales 14 son menores que ya fueron citados a la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil.

En los últimos 60 días la Justicia realizó siete allanamientos en Tres de Febrero y dos en San Martín y se libraron oficios por los llamados. En cada caso se solicitaron detalles y origen de llamadas y se analizan los audios. De las personas individualizados por los hechos, un joven de 17 años resultó privado de su libertad por 5 días en Tres de Febrero y el resto -en su gran mayoría menores- seguirá siendo citado a la Fiscalía para tener entrevistas con trabajadoras sociales.

También se libraron oficios a la sección Tecnologías Aplicadas a la Investigación en Función Judicial, a través de la Delegación Departamental de Investigaciones, para solicitar a las compañías telefónicas información de titularidad, cruce de llamadas y listados de llamadas entrantes y salientes de los 30 celulares secuestrados por la Justicia.

El intendente Valenzuela evalúa cuantificar los gastos que estas falsas alarmas generan al Estado -movimiento de equipos de seguridad, emergencias y Defensa Civil- y avanzar legalmente con reclamos civiles a los padres de los menores, quienes pueden ser considerados responsables de las acciones realizadas por sus hijos.

Por su parte, el Fiscal General Marcelo Lapargo «un enfoque óptimo de la problemática exigiría sea asumida con la gravedad que tiene por la comunidad educativa en pleno, por las autoridades a cargo del sistema escolar y por los padres».

«Ante la complejidad del problema, los adultos debemos trabajar en la familia y en la escuela para educar sobre lo que es importante a nivel humano y comunitario: ciudadanía y derechos, responsabilidad, diálogo, son valores del cambio cultural que la Argentina necesita. Los alumnos deben saber que con estas actitudes generan un daño muy grande a la comunidad educativa», concluyó el intendente.

- Publicidad -