La Ordenanza 4492/02, sancionada en 2002, constituye una de las principales herramientas legales de transparencia institucional del Municipio de Morón. La normativa establece obligaciones de publicidad de los actos administrativos y vuelve a cobrar protagonismo tras la denuncia presentada por la Coalición Cívica-ARI contra la gestión del intendente Lucas Ghi por la presunta omisión de documentación pública en el Boletín Oficial Municipal.
Qué establece la Ordenanza 4492/02 sobre la publicación de los actos de gobierno
La Ordenanza Municipal 4492/02 establece un principio fundamental para el funcionamiento democrático del Estado local: los actos de gobierno deben publicarse de manera íntegra, incluyendo sus respectivos anexos, de acuerdo con las obligaciones de publicidad previstas en la normativa.
Esto significa que la publicación de un decreto, una resolución o una ordenanza no debería limitarse a su encabezamiento o articulado cuando existen documentos complementarios que forman parte de la decisión administrativa.
Planillas presupuestarias, contratos, modificaciones de partidas, nóminas de beneficiarios, cuadros tarifarios y anexos técnicos pueden contener precisamente la información necesaria para conocer el verdadero alcance de una medida gubernamental.
En consecuencia, publicar un decreto sin sus anexos puede impedir que los vecinos conozcan cómo se distribuyen los recursos municipales, quiénes reciben fondos públicos y cuáles son las condiciones de una contratación.
La controversia actual gira alrededor de una expresión utilizada en distintas publicaciones oficiales: «Por razones de espacio». Para los denunciantes, ese argumento no puede justificar la ausencia de documentación que integra un acto administrativo.
El Boletín Oficial no es una formalidad: es una obligación de transparencia
El Boletín Oficial Municipal constituye el instrumento mediante el cual el Estado local da publicidad a sus decisiones administrativas. Su función no se limita a informar que un decreto fue firmado, sino que permite conocer su contenido y facilita el control ciudadano.
La publicidad de los actos de gobierno es un principio esencial del sistema republicano. Sin acceso a la documentación, los concejales, los organismos de control, los periodistas y los propios vecinos encuentran mayores dificultades para fiscalizar la administración de los fondos públicos.
En ese marco, la Ordenanza 4492/02 adquiere especial importancia porque regula obligaciones locales vinculadas con la publicación y el acceso a la información municipal.
La cuestión también se relaciona con el artículo 108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, que establece atribuciones y deberes del Departamento Ejecutivo, entre ellos los vinculados con la publicidad de sus actos.
La denuncia contra Lucas Ghi por los anexos que no aparecen
La discusión dejó de ser exclusivamente normativa cuando la Coalición Cívica-ARI de Morón, a través de su referente Francisco Mones Ruiz, presentó una denuncia ante el Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
Según el relevamiento realizado por esa fuerza política, de 18 ediciones del Boletín Oficial Municipal correspondientes a 2026, en 12 se detectaron omisiones de anexos vinculados con 30 actos administrativos.
De acuerdo con la denuncia, 23 de esos actos están relacionados con presupuesto, gasto público, contrataciones o personal municipal, es decir, áreas particularmente sensibles para el control de la administración.
Entre la documentación cuestionada aparecen planillas presupuestarias, modificaciones de partidas por miles de millones de pesos, gastos de cajas chicas, subsidios, actualizaciones tarifarias y designaciones de funcionarios.
También se mencionan anexos relacionados con la reglamentación de la Policía Municipal, una iniciativa que requiere especial atención pública por sus implicancias presupuestarias, operativas e institucionales.
La denuncia plantea que la falta de publicación completa impide verificar el contenido de decisiones que comprometen recursos públicos. La existencia de estas omisiones, su eventual justificación y las responsabilidades administrativas deberán ser evaluadas por los organismos competentes.
El derecho de los vecinos a consultar la documentación municipal
Otro aspecto central de la controversia es la disponibilidad efectiva del Boletín Oficial para los ciudadanos.
La transparencia no se agota en la existencia de una publicación digital. También exige que la información pueda localizarse, consultarse y comprenderse sin obstáculos injustificados.
La Coalición Cívica-ARI cuestionó, además, que los ejemplares del Boletín Oficial no se encontrarían a disposición del público en los lugares correspondientes, según lo exigido por la normativa que invoca en su presentación.
Esto abre una segunda discusión: no alcanza con publicar parcialmente los actos administrativos si los ciudadanos tampoco pueden acceder de manera sencilla a su documentación completa.
El principio de acceso a la información pública supone que el vecino pueda conocer cómo se administra su municipio sin depender de autorizaciones discrecionales o explicaciones posteriores de los funcionarios.
Una ordenanza de 2002 que vuelve a poner en discusión la transparencia de Morón
La Ordenanza 4492/02 fue aprobada hace 24 años, pero su vigencia política e institucional resulta especialmente significativa frente a las denuncias actuales.
El problema de fondo es determinar si el Municipio de Morón cumple con sus obligaciones de publicidad o si utiliza limitaciones administrativas para difundir decisiones oficiales sin toda la documentación que las integra.
Para la oposición, la omisión de anexos no constituye una simple irregularidad editorial. Puede afectar la posibilidad de controlar contrataciones, verificar gastos, examinar modificaciones presupuestarias y conocer el destino de los recursos municipales.
Sin embargo, la presentación de una denuncia no equivale a una resolución que determine la existencia de una infracción. Será el Tribunal de Cuentas bonaerense el que deberá evaluar los hechos denunciados dentro de sus competencias.
Mientras tanto, permanece abierto un interrogante institucional: si existe una ordenanza que obliga a garantizar la publicidad de los actos de gobierno, ¿por qué documentos relevantes continúan siendo cuestionados por su ausencia en el Boletín Oficial?
La respuesta resulta fundamental porque la transparencia no depende de la voluntad del intendente de turno, sino del cumplimiento de las normas que regulan el funcionamiento del Estado municipal.
La Ordenanza Nº 7187/2005 y el acceso a la Información Pública
La Oficina de Acceso a la Información Pública del Municipio de Morón tiene un director y un objetivo. El organismo es el encargado de garantizar que los vecinos puedan consultar, solicitar y recibir información sobre los actos de gobierno y la administración municipal.
El derecho de acceso a la información pública se encuentra regulado en Morón por la Ordenanza Nº 7187/2005, que contempla la posibilidad de solicitar documentación escrita, fotográfica, digital o registrada en cualquier otro soporte que haya sido producida u obtenida por las dependencias municipales. La normativa busca garantizar una participación ciudadana efectiva, mediante el acceso gratuito a información completa, adecuada, oportuna y veraz sobre la gestión pública. La designación de Centurión adquiere particular relevancia en un contexto de cuestionamientos sobre la transparencia municipal y la publicación íntegra de los actos administrativos, incluidos sus anexos.
