El ex intendente de Morón criticó la decisión que dejó firme el archivo de la investigación por el crédito de US$57.100 millones acordado en 2018 y apuntó contra Mauricio Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
El ex intendente de Morón Martín Sabbatella cuestionó este lunes 19 de octubre el cierre de la causa judicial por el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) que le concedió a Mauricio Macri y acusó a la Justicia de garantizar impunidad a los funcionarios involucrados. La Cámara Federal de Casación Penal dejó firme el archivo de la investigación sobre el crédito acordado durante el gobierno de Mauricio Macri.
La decisión se produjo luego de que el fiscal ante Casación Raúl Pleé desistiera de impulsar la revisión del archivo. La Sala IV tuvo por desistida la queja fiscal y no analizó el fondo de la investigación, que buscaba determinar si hubo delitos en la negociación y el destino de los fondos.

El FMI acordó US$ 57.100 millones y desembolsó US$ 44.867 millones
Durante la presidencia de Mauricio Macri, el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó para la Argentina un acuerdo Stand-By que alcanzó los US$ 57.100 millones. De ese total, se desembolsaron efectivamente US$ 44.867 millones, equivalentes entonces a unos 31.914 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro, en inglés, SDR: Special Drawing Rights).
El programa se aprobó inicialmente por US$ 50.000 millones, en junio de 2018, y se amplió meses después, en medio de la volatilidad financiera. Tras las PASO de agosto de 2019, el FMI suspendió el último tramo previsto, de aproximadamente US$ 5.400 millones; luego, la administración entrante decidió no solicitar los fondos restantes.
Las críticas de Sabbatella
En sus declaraciones, Sabbatella calificó el cierre de la causa como una de las mayores estafas de la historia argentina y señaló a Macri, Luis Caputo y Federico Sturzenegger como sus autores.
“La Cámara de Casación acaba de archivar una de las estafas más grandes en la historia de nuestro país. Impunidad para Macri, Caputo y Sturzenegger”, expresó el ex intendente.
“El préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, tomado a espaldas del Pueblo argentino que se encontró un día endeudado a 100 años, y con el futuro de varias generaciones comprometido”, expresó Martín Sabbatella.
¿A dónde fueron los fondos del préstamo del FMI?
Los US$ 44.867 millones desembolsados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) ingresaron a cuentas del Tesoro Nacional y del Banco Central (BCRA). El objetivo declarado era recuperar la confianza de los mercados y sostener la capacidad de pago del Estado. El uso de esos recursos fue examinado tanto por el propio organismo como por entidades locales.
Pago de vencimientos de deuda
Una parte importante de los fondos se destinó a cancelar vencimientos de deuda pública en moneda extranjera y local, contraída con acreedores privados y organismos bilaterales. La operación buscó afrontar esos compromisos en un contexto en el que, desde comienzos de 2018, la Argentina había perdido acceso al financiamiento internacional.
Venta de divisas y salida de capitales
En su evaluación técnica de diciembre de 2021, conocida como Ex-Post Evaluation, el FMI concluyó que una proporción significativa de los recursos financió la salida de capitales privados y la formación de activos externos. Mientras se mantuvo abierta la cuenta de capital y no hubo controles cambiarios estrictos —hasta septiembre de 2019—, parte de las divisas vendidas para contener la depreciación del peso fue adquirida por inversores que desarmaban posiciones en moneda local o giraban fondos al exterior.
Una parte menor para el gasto presupuestario
Una fracción menor del préstamo se utilizó para cubrir desequilibrios del déficit primario del Sector Público Nacional. Ese destino correspondió al período previo a la profundización del ajuste fiscal.
Cuestionamientos al Gobierno y a la Justicia
Sabbatella también apuntó contra la gestión de Javier Milei y sostuvo que Caputo y Sturzenegger continúan endeudando al país mientras se aplican medidas de ajuste.
“Hoy, con Milei en el gobierno, Caputo y Sturzenegger siguen haciendo de las suyas. Endeudan al país, ajustan a los trabajadores y los jubilados, mientras ellos gozan de los privilegios de siempre y la protección del partido judicial”, expresó Martín Sabbatella.
Además, vinculó el cierre de la causa con la situación judicial de Cristina Fernández de Kirchner, a quien mencionó como CFK.
“A CFK la persiguen y la proscriben por enfrentar a los poderes económicos y mediáticos. A quienes endeudan y saquean al país, en cambio, les garantizan impunidad”, expresó el ex intendente.
“La misma lógica mafiosa de siempre: castigar a quienes defienden al Pueblo y proteger a quienes lo perjudican”, dijo Sabbatella.
“La Argentina necesita una Justicia de verdad, sin privilegios ni impunidad. Y necesita recuperar un proyecto de país que vuelva a priorizar a las mayorías”, fueron sus palabras de cierre.
Los antecedentes del endeudamiento

Un crédito de US$57.100 millones bajo investigación
El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se firmó en 2018: comenzó con un financiamiento de US$50.000 millones y luego se amplió a US$57.100 millones. La investigación buscaba determinar si el crédito era necesario y si sus fondos terminaron financiando la fuga de capitales, además de establecer si se incumplieron las normas que regulaban la operación.
Entre los principales funcionarios investigados estaban el entonces presidente Mauricio Macri, los actuales ministros Luis Caputo y Federico Sturzenegger, y los exfuncionarios Guido Sandleris y Nicolás Dujovne. La pesquisa también contemplaba posibles delitos como abuso de autoridad, administración fraudulenta y malversación de caudales públicos.

El archivo se apoyó en la inexistencia de delito
En febrero de 2026, el Juzgado Federal N.º 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti, dispuso el archivo de la causa por inexistencia de delito. En septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña confirmó esa decisión, que había sido recurrida por la fiscalía.
Así, el expediente no llegó a un juicio oral en el que se discutiera la responsabilidad penal de los acusados. El archivo se resolvió durante la etapa de investigación y fue confirmado por la Cámara Federal.
La fiscalía retiró el último recurso
El fiscal Franco Picardi había recurrido el archivo y, después, el fiscal de Cámara José Luis Agüero Iturbe presentó un recurso de casación. Tras su rechazo, acudió en queja ante la Cámara Federal de Casación Penal.
Pero el fiscal ante Casación Raúl Pleé desistió de esa queja. Argumentó que, luego de más de cinco años de investigación, no se habían identificado medidas de prueba concretas que permitieran cambiar lo resuelto ni una hipótesis delictiva suficientemente fundada. En su dictamen sostuvo que “lo único que queda en pie de esta acusación es el desacuerdo con un modelo económico determinado”.

Casación cerró la revisión sin analizar el fondo
La Sala IV de Casación tuvo por desistido el recurso fiscal y no examinó si el crédito se había utilizado para facilitar la fuga de capitales o si durante su negociación se habían cometido delitos. Con ese paso, el archivo quedó firme y se agotó la vía que la fiscalía había abierto para intentar revisarlo.
Este es uno de los puntos centrales de la crítica de Martín Sabbatella: la causa terminó cerrada después de que el fiscal retirara el recurso, sin que Casación evaluara el fondo de la denuncia. El recorrido procesal, por sí solo, no demuestra que haya existido una maniobra para garantizar impunidad; sí permite precisar que la última instancia no revisó la investigación.
La presentación de un particular no pudo sostener la causa
Un ciudadano, Antonio Conrado De Martino, había intentado intervenir como querellante, pero la Cámara Federal rechazó su participación porque no acreditó un perjuicio directo y personal. Después adhirió al recurso fiscal, aunque Casación consideró que esa adhesión dependía de que existiera un recurso principal admitido y vigente.
Cuando Pleé desistió de la queja, el particular no pudo continuar por una vía propia. La Sala IV también rechazó las recusaciones contra jueces y fiscales: entendió que se basaban en apreciaciones subjetivas y que no aportaban elementos objetivos sobre su imparcialidad.





