“Creemos que es una situación de gravedad la que se está viviendo en nuestro distrito, más allá del último hecho que se vivió en la localidad de El Palomar”, señaló arrancó la Presidenta del Bloque Fuerza Patria, la concejal Florencia de Luca.
De Luca remarcó que la interpelación había sido votada para el intendente municipal Lucas Ghi, pero que el jefe comunal había delegado esa tarea en el secretario de Seguridad.
“Lo que hace el intendente, según explica la normativa, es delegar en un funcionario que crea conveniente esa tarea. Lo que hizo el intendente Lucas Ghi es delegarle al secretario de Seguridad”, explicó.
En ese sentido, cuestionó que durante la sesión Cardoso hubiera hablado principalmente en primera persona y sobre su propia gestión al frente de la Secretaría de Seguridad.
“Nosotros venimos hace varias horas escuchando al secretario de Seguridad hablar a título personal de su gestión en la Secretaría, y lo que debería hacer es hablar en nombre del intendente”, afirmó.
Por ese motivo, le pidió que explicara cuál había sido el mandato que le había otorgado Ghi para participar de la interpelación.
“¿Cuál fue el mandato que le dio el intendente Lucas Ghi para esta interpelación?”, preguntó.
Cardoso respondió que el objetivo había sido brindar explicaciones sobre las medidas adoptadas luego del hecho ocurrido en el Colegio Emaús y realizar un balance general sobre la evolución del delito en el distrito durante los últimos años.
“El mandato fue, primero, brindar explicaciones respecto de cuáles eran las medidas que habíamos tomado con el suceso acaecido en el Colegio Emaús y, además, hacer un balance general en base al pedido sobre cómo fue la evolución del delito en el distrito en los últimos años”, explicó.
La concejala consideró “irresponsable” que el intendente no hubiera estado presente en el recinto y sostuvo que Ghi lleva varios años al frente del Municipio, por lo que también debe responder por las gestiones de las distintas secretarías de Seguridad.
“Nos parece irresponsable por parte del intendente no estar presente hoy. También es importante dar cuenta de que el intendente, como señalaron varios concejales y concejalas en este recinto, es intendente desde hace varios años y fue intendente de todas y cada una de las Secretarías de Seguridad, más allá de quien haya estado a cargo de la conducción”, afirmó.
De Luca señaló que los datos expuestos por Cardoso también incluían resultados de gestiones anteriores, como el número de cámaras de seguridad que actualmente funcionan en el distrito.
“Usted podrá decirme que el número de cámaras que están funcionando hoy en el distrito no fueron todas instaladas durante su gestión”, sostuvo.
El secretario de Seguridad aclaró que sus respuestas estaban vinculadas con las medidas que se encontraban bajo su órbita.
“Siempre hablo de lo que puedo dar fe, desde el momento en que me toca actuar. No estoy fraccionando la gestión del intendente en ningún momento. Estoy dando respuestas sobre lo que está bajo mi órbita y sobre los cambios o las distintas ejecuciones que realizo”, respondió.
De Luca insistió en que la discusión debía centrarse en la gestión del intendente Lucas Ghi.
“El que debería estar acá es el intendente Lucas Ghi. Lo que nosotros hacemos es juzgar su gestión, que nos parece bastante desastrosa durante el último tiempo”, expresó.
En esa línea, sostuvo que la ausencia del jefe comunal y la delegación de la interpelación reflejaban, a su entender, “la desprolijidad” con la que se lleva adelante la administración pública municipal.
El operativo en las inmediaciones del Colegio Emaús
La concejala luego centró sus preguntas en el hecho ocurrido en las inmediaciones del ingreso del Colegio Emaús, en El Palomar, y lo vinculó con el programa de corredores escolares seguros.
“En ese momento, ¿había algún tipo de consigna, algún agente policial o de la Guardia Urbana asignado al lugar?”, preguntó.
Cardoso respondió que había personal destinado a la zona, aunque reconoció que los recursos habían sido superados por la violencia del ataque.
“Sí, había personal asignado a todo lo que les acabo de describir. Lo que pasa es que, evidentemente, no fue casualidad que nos viéramos superados, sobre todo por esta banda mixta que hizo un raid muy violento”, explicó.
A partir de esa situación, señaló que se decidió incrementar rápidamente la cantidad de personal destinado no sólo a El Palomar, sino también a Emaús.
“Tuvimos reuniones con las autoridades y con los padres, hicimos actas de acuerdo y no sólo ejecutamos lo que nos comprometimos a hacer, sino que decidimos asignar más recursos a los compromisos asumidos”, afirmó.
De Luca preguntó si en el lugar había estado asignado un elemento de prevención, a lo que Cardoso respondió que había un móvil de Seguridad Ciudadana recorriendo el perímetro y otro móvil de la comisaría de la zona. “Evidentemente, no alcanzó”, admitió el funcionario.
La concejala quiso saber dónde se encontraba exactamente el móvil en el momento del hecho.
“Está recorriendo el perímetro, recorriendo la zona. No tiene un punto fijo ni una dirección determinada”, explicó Cardoso.
“Claramente no alcanzó”, insistió De Luca con leve ironía.
“No, está claro”, amitió el secretario.
La concejala recordó que vecinos y vecinas habían mencionado en distintos medios de comunicación la existencia de un “raid delictivo inusual” en la zona. También señaló que, según esas denuncias, durante el día anterior se habían producido varios hechos delictivos.
“¿No hubo ninguna posibilidad de reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad teniendo en cuenta la cantidad de delitos que se fueron cometiendo en la zona?”, preguntó.
Cardoso respondió que El Palomar era una zona “muy particular” para el Municipio y que se realizaban esfuerzos permanentes para ajustar los operativos.
De Luca sostuvo que el raid delictivo había comenzado el día anterior al ataque contra el policía bonaerense retirado que llevaba a su hija a la escuela.
“¿No tomaron conocimiento el día anterior de la situación que se estaba llevando adelante como para reforzar la zona en ese momento?”, consultó.
El secretario respondió que el delito se desplaza y que los refuerzos deben guardar relación con esa movilidad. “No podíamos presuponer que los acontecimientos iban a continuar en el mismo lugar. Si hubiéramos sabido que iba a suceder, por supuesto que habríamos tomado los recaudos necesarios”, señaló.
De Luca aclaró que no pretendía que el Municipio supiera de antemano cuándo se iba a cometer un delito, pero sostuvo que una sucesión de hechos en un mismo sector debía generar una reacción preventiva.
“Si se viene dando una tendencia en una zona, hay que reforzar esa zona”, afirmó.
Cardoso respondió que, justamente por ese motivo, se habían adoptado distintas medidas en El Palomar, entre ellas el “bisalzamiento” y otros refuerzos operativos, que —según indicó— habían dado resultados concretos.
“No tenga dudas de que va a seguir habiendo delito en Morón”, afirmó el funcionario.
Los corredores escolares seguros
La concejala también pidió precisiones sobre el programa de corredores escolares seguros. Señaló que el Municipio hablaba de 300 escuelas, aunque aclaró que en un mismo edificio podían funcionar varios establecimientos educativos.
“Queremos saber de qué manera se lleva adelante el programa y con quiénes coordinan”, planteó.
De Luca cuestionó además el sistema utilizado por las fuerzas de seguridad para certificar la presencia en los establecimientos, que incluiría el registro de imágenes.
“Nos llamó la atención el registro o la certificación que hacen las fuerzas de seguridad para dar cuenta de que están cumpliendo con esa tarea. Nos parece, por lo menos, dudosa la metodología de tomar imágenes”, sostuvo.
La concejala consideró que esa práctica no era segura porque involucraba a menores.
“Lo que asiste a las escuelas son niños, niñas y jóvenes. No nos parece una forma seria de certificar la presencia policial en el ingreso de los establecimientos y, de alguna manera, también pone en riesgo a los chicos y chicas”, afirmó.
Cardoso explicó que, junto con el jefe departamental, los comisarios y la Policía Local, se habían diagramado los frentes que debían cubrirse en el distrito.
“Nosotros diagramamos los 184 frentes que tenemos que cubrir en Morón y asignamos a cada uno un horario y un lugar, independientemente de la función que tenga ese móvil policial o esa moto policial”, indicó.
De Luca señaló que entendía que un corredor seguro debía abarcar las calles aledañas y el trayecto entre las paradas de colectivos y las escuelas, pero sostuvo que en determinados casos era necesario garantizar la presencia en la puerta de los establecimientos.
“Nosotros queremos que haya presencia en la cuadra, como mínimo, y que el móvil se mueva como máximo en una vuelta manzana”, explicó.
La concejala advirtió que, cuando el corredor escolar abarca tres o cuatro cuadras, puede ocurrir que un hecho delictivo se produzca mientras el móvil se encuentra a 200 metros del establecimiento.
“Cuando armás corredores escolares que tienen tres o cuatro cuadras de distancia, al final te ocurre lo que ocurrió el otro día, porque mientras el móvil está a 200 metros, te están robando en la vuelta”, afirmó.
De Luca remarcó que el objetivo principal de una política de seguridad debía ser la prevención y la disuasión.
“El patrullaje generalmente debería funcionar para disuadir la posibilidad de que el hecho ocurra”, señaló.
Cardoso respondió que los recursos eran limitados y que no era posible tener un patrullero en cada cuadra.
“El recurso es finito. Muchas veces nos sucede que, cuando el móvil acaba de pasar por la puerta y va a dar la vuelta manzana, como ocurrió el otro día en Emaús, se produce el robo”, reconoció De Luca.
El secretario explicó que la distribución de los recursos se realizaba buscando optimizar el trabajo de los móviles policiales y municipales.
“Si tengo en una cuadrícula un vehículo que está abocado a atender llamados al 911, lo que hago es que espere en la puerta de un colegio el llamado al 911. Eso mismo se hace al mediodía y a la tarde”, detalló.
Según Cardoso, si el móvil debía retirarse por una emergencia, se utilizaban otros recursos para garantizar la presencia estatal en el establecimiento.
“Si tiene que salir rápidamente porque lo llaman por una emergencia, mientras eso sucede utilizo otro recurso para que esté en la puerta de un colegio. Lo mismo hago con los móviles de las comisarías y con los móviles de Seguridad Ciudadana”, explicó.
También indicó que se utilizaban móviles de Defensa Civil para reforzar la presencia estatal.
“Entendemos que esa presencia también es disuasiva, más allá de que esas áreas no intervengan directamente en la comisión de un delito”, afirmó.
La supuesta zona liberada durante el cambio de guardia
Otro de los temas planteados durante la interpelación estuvo relacionado con declaraciones atribuidas a Cardoso sobre la existencia de una supuesta “zona liberada” durante el cambio de guardia policial, particularmente entre las 7 y las 8 de la mañana, un horario coincidente con el ingreso a las escuelas.
De Luca mencionó que el funcionario había señalado que el Municipio llevaba 7 meses trabajando sobre esa situación y que reconocía la existencia de un momento de vulnerabilidad durante el cambio de guardia.
“Hay un hecho que sucedía, creo que no el año pasado sino el anteaño pasado, que estaba relacionado con un cambio de horario del Comando de Patrullas. ¿Es correcto que ese cambio provocaba una demora?”, preguntó.
Cardoso intentó responder, pero De Luca le pidió que aguardara hasta terminar su exposición.
La concejala sostuvo que, según las declaraciones difundidas por un medio, el Municipio trabajaba desde hacía 7 meses para evitar que esa situación fuera aprovechada por los delincuentes.
El secretario aclaró que el problema había sido corregido hacía más de 2 años.
“Yo hice referencia a eso porque había muchos vecinos que decían que existía una zona liberada durante un momento de cambio de guardia. Expliqué que eso era un malentendido, una deformación de un hecho que se había descubierto muchos años atrás y que había dejado la sensación de que durante el cambio de guardia quedaba un tiempo muerto al descubierto”, explicó.
Según Cardoso, el cambio de horario del Comando de Patrullas había sido modificado años atrás y no existía actualmente una franja horaria sin cobertura.
“Quedó en el imaginario de la gente que los delincuentes aprovechan un cambio de horario en particular, algo que puede haber ocurrido hace años o seis meses, pero eso no es real. Yo expliqué de dónde viene esa idea”, afirmó.
De Luca sostuvo que, más allá de la explicación del funcionario, desde su bloque consideraban necesario que el Municipio comunicara con mayor claridad sus políticas de seguridad.
“Creemos que, dadas las últimas situaciones y también las que se vienen dando, es necesario que desde el Municipio se transmita mayor claridad a la comunidad y que se la haga parte de las definiciones”, señaló.
“Entendemos que ninguna política pública es factible si no se realiza en conjunto y en articulación con la comunidad”, manifestó.
También hizo referencia a las críticas expresadas por vecinos y vecinas hacia las políticas implementadas por el Departamento Ejecutivo y a la desconfianza existente respecto de la capacidad del intendente para resolver el problema de la inseguridad.
“Los dichos de los vecinos y vecinas eran sorprendentes. Había un nivel de crítica muy fuerte hacia las políticas llevadas adelante por el Ejecutivo Municipal y un nivel de desconfianza hacia la capacidad del intendente para resolver este problema que nos parece de una gravedad supina”, afirmó.
De Luca consideró necesario trabajar para que el Estado municipal recupere credibilidad.
“Me parece que hay que trabajar muy fuerte para que el Estado local recupere credibilidad y capacidad, para que los vecinos y vecinas puedan confiar en que lo que se lleva adelante va a tener un resultado favorable y para que todos y todas podamos estar más tranquilos”, sostuvo.
La articulación con Gendarmería Nacional
En otro tramo de la interpelación, la concejala preguntó por la situación de El Palomar y por las referencias al barrio Carlos Gardel como un foco que debía ser atendido de manera particular.
“Nos interesaría que nos pueda comentar cuál es la articulación que está teniendo hoy el Municipio de Morón con Gendarmería Nacional, no sólo en lo que hace al barrio Carlos Gardel, sino en general”, planteó.
También consultó si existía una mesa de trabajo que vinculara al Municipio con el Gobierno provincial y la fuerza federal.
Cardoso respondió que existía una vinculación operativa con Gendarmería Nacional, principalmente a través de las autoridades policiales de la zona.
“Hay una vinculación con Gendarmería Nacional. Primero, una vinculación policial por la zona: la comisaría, el jefe departamental y El Palomar, junto con los actores que están allí y los gendarmes afectados a la zona”, explicó.
El secretario señaló que existía comunicación cuando se producían robos de vehículos en sectores como Villa Sarmiento, El Palomar y Haedo.
“Hay un intercambio y comunicación, sobre todo cuando ocurren robos de vehículos en la zona de Villa Sarmiento, El Palomar y Haedo, para que Gendarmería esté pendiente de algún robo de auto en particular”, indicó.
Sin embargo, ante una nueva pregunta de De Luca, reconoció que no existía una mesa formal de trabajo.
“Hay un contacto operativo básico, pero no existe una mesa formal de trabajo que planifique”, respondió Damián Cardoso.
El proyecto de Policía Municipal
Antes de finalizar su intervención, De Luca se refirió a la creación de la Policía Municipal y señaló que, desde su bloque, consideraban que habría sido importante que Morón contara con una fuerza local regulada por una ordenanza y respaldada por todos los espacios políticos.
“Nos parece importante ratificar que creemos que hubiera sido muy importante que el Municipio de Morón contara con una Policía Local regulada por una ordenanza y que pudiera contener a todos los espacios políticos”, afirmó.
“Este tipo de iniciativas necesitan de la fuerza y de la credibilidad suficiente para poder llevarse adelante”, sostuvo.
Y luego agrego: “Es una constante la falta de recursos en la Policía Bonaerense. Entendemos que llevar adelante la creación de una nueva fuerza de seguridad desde el Municipio es una herramienta importante”, explicó.
Sin embargo, reclamó que el proceso se realizara con seriedad, transparencia y articulación con la comunidad.
“Creemos que contar con mayores recursos es una de las principales iniciativas para poder planificar la prevención y alcanzar mayores niveles de seguridad en el distrito. También creemos que debe hacerse de una manera muy seria, con mucha transparencia y con mucha articulación con el resto de la comunidad”, afirmó.
La concejala sostuvo que los vecinos debían participar de las políticas públicas y remarcó que esa participación no debía ser solamente una postura simbólica.
“Quienes formamos parte de Fuerza Patria creemos firmemente en la participación de la comunidad en la implementación de las políticas públicas, no como una postura simpática, sino como la garantía de que esas políticas sean eficaces y eficientes y puedan responder a las necesidades de cada vecino y vecina”, señaló.
Finalmente, De Luca consultó por la formación que recibirían los integrantes de la Policía Municipal, teniendo en cuenta que el esquema anunciado contempla la incorporación de personal retirado de distintas fuerzas de seguridad y de civiles sin experiencia previa.
La concejala sostuvo que había podido acceder a una parte limitada del decreto que establece el funcionamiento de la fuerza y que, según el artículo 64 del Anexo del decreto 1519, existirían distintos plazos de formación.
También recordó que el intendente Lucas Ghi había señalado que la Policía Municipal estaría en la calle durante diciembre.
