El Ministerio Público Fiscal implementó una nueva organización para su intervención ante la Justicia Nacional de Menores, en el marco del nuevo Régimen Penal Juvenil. La decisión fue adoptada por el procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, mediante la Resolución PGN N.º 65/2026, con el objetivo de adecuar el funcionamiento de las fiscalías a las exigencias de la nueva legislación.
El esquema tendrá una duración inicial de seis meses, contados desde la entrada en vigencia de la norma. Una vez transcurrido ese período, se evaluará la eficacia del modelo y se analizará si resulta necesario introducir modificaciones en la distribución del trabajo y las modalidades de intervención.
Qué cambia con la figura del fiscal del caso
Uno de los principales cambios es la incorporación del “fiscal del caso”, una figura destinada a dar continuidad a la actuación del Ministerio Público Fiscal (MPF) durante las distintas etapas del proceso. Los fiscales de primera instancia que intervengan ante la Justicia Nacional de Menores podrán mantener su participación en los expedientes bajo su responsabilidad por hechos cometidos desde la vigencia de la nueva ley.
La medida contempla una excepción para los trámites ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, donde la representación seguirá a cargo de los fiscales que actúan ante ese tribunal. Sin embargo, cuando la importancia o la complejidad de una causa lo justifique, esos magistrados podrán convocar al fiscal del caso para trabajar de manera conjunta o alternativa.
Cómo intervendrán las unidades especializadas
La organización también prevé la participación de unidades especializadas según las características y la etapa de cada expediente. La Unidad Fiscal de Medidas Alternativas al Proceso Penal (UFIMAPP) podrá supervisar los casos en los que se aplique la mediación penal juvenil o la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation.
Por su parte, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) tendrá facultades para supervisar las medidas y las penas previstas en el régimen, siempre que no deriven de una medida alternativa o de una probation. La Unidad Fiscal de Asistencia ante la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional podrá intervenir durante la etapa de impugnación ante ese tribunal.
La resolución contempla, además, posibles intervenciones conjuntas o alternativas de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja (UFECRI). De esta manera, el seguimiento a cargo del fiscal del caso se combinará con la participación de las áreas especializadas previstas en el nuevo esquema.
Refuerzan las fiscalías ante los tribunales orales
La reorganización se apoya en un relevamiento de la Dirección General de Desempeño Institucional, que detectó una distribución desigual del trabajo. Según ese informe, las dos fiscalías generales que actúan ante los Tribunales Orales de Menores tienen una carga “significativamente superior” a la de las siete fiscalías de primera instancia que intervienen ante los Juzgados Nacionales de Menores.
Frente a esa situación, se dispuso que las fiscales María Luz Castany y María Luisa Piqué, junto con el fiscal general adjunto de la Procuración General de la Nación Gabriel González Da Silva, actúen de manera conjunta o alternada con las fiscalías generales ante los tribunales orales. Estas continuarán con los expedientes en los que ya participan y con aquellos en los que les corresponda intervenir tras la entrada en vigencia de la ley.
Designarán siete auxiliares fiscales
Otro punto de la resolución es la designación de siete auxiliares fiscales, uno por cada Fiscalía Nacional de Menores, mientras se mantenga vigente esta organización. La decisión busca garantizar la representación del organismo frente al incremento de las intervenciones que demandará el nuevo Régimen Penal Juvenil.
En sus fundamentos, la Procuración advirtió que esas mayores exigencias no fueron acompañadas por una previsión presupuestaria. El refuerzo de personal forma parte de las medidas adoptadas para afrontar ese escenario durante los primeros seis meses de aplicación del esquema.
El registro de las actuaciones será obligatorio
La resolución también recordó a los representantes del MPF que es obligatorio utilizar el Sistema Informático Coirón para registrar su actividad. A su vez, recomendó aplicar los criterios del manual de gestión del legajo fiscal correspondiente a esa herramienta, como parte de la organización y el seguimiento de las actuaciones.
