La nueva resolución judicial
El juez federal Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N.º 2 de Morón, dictó el procesamiento con prisión preventiva de Ramiro Luis Mansur, Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo, Verónica Emilce Chieto y David Alberto Godoy, conocido como “Tomate”. La resolución les impuso embargos de $1.000 millones a cada uno.
La calificación provisoria los considera coautores de privación ilegal de la libertad coactiva agravada, homicidios agravados reiterados y tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte con fines de comercialización y con intervención organizada de tres o más personas. En el caso de los homicidios, la acusación contempla el concurso premeditado, la alevosía, el ensañamiento y la violencia de género. El procesamiento no equivale a una condena.
La investigación atribuye a Mansur tareas de apoyo logístico, entre ellas haber facilitado vehículos y ropa para favorecer la fuga de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, y de David Gustavo Morales Huamaní, conocido como “El Loco David”. A Quispe Gallardo le adjudica presuntas tareas de traslado y acopio de droga y haber ofrecido su vivienda como refugio. Chieto, pareja de Jesús Bernabé Mallón, habría colaborado en la huida de Morales Huamaní. Godoy, que ya estaba preso por otra causa, aparece señalado como posible conductor de la camioneta que trasladó a las jóvenes.
María Inés Olivera, de 70 años, había sido detenida bajo sospecha de haber prestado su identidad para habilitar líneas telefónicas, tarjetas SUBE y billeteras virtuales que habría utilizado Mansur. El juez consideró que los elementos reunidos no alcanzaban para procesarla, pero tampoco para desvincularla definitivamente: dictó la falta de mérito y ordenó su libertad inmediata. La investigación sobre su posible participación continúa.
Los detenidos y las personas liberadas
Los reportes del 23 y 24 de octubre contabilizan 16 personas detenidas. La nómina nominal difundida en septiembre incluía a María Inés Olivera; al actualizarla con su liberación y con el arresto de Luis Alan Valverde Rodríguez, alias “Papá”, en Perú, la lista queda así. El Ministerio Público Fiscal había informado por separado que la organización investigada tenía 18 imputados: esa cifra corresponde a las personas alcanzadas por la investigación sobre la estructura criminal y no debe confundirse con el recuento de detenidos.
- Ramiro Luis Mansur: procesado con prisión preventiva; señalado por tareas logísticas y por facilitar la fuga de otros acusados.
- Eugenia Magdalena del Valle Quispe Gallardo: procesada con prisión preventiva; investigada por presunto traslado y acopio de drogas y por haber ofrecido un domicilio como refugio.
- Verónica Emilce Chieto: procesada con prisión preventiva; investigada por su posible colaboración para facilitar una fuga.
- David Alberto Godoy, “Tomate”: procesado con prisión preventiva; señalado como posible conductor de la camioneta que trasladó a las jóvenes.
- Tony Janzen Valverde Victoriano, “Pequeño J”: extraditado desde Perú y alojado en el penal de Marcos Paz; fue procesado con prisión preventiva en junio de 2026. La Justicia le atribuye aportes en la planificación, la captación y el traslado de las víctimas.
- Matías Agustín Ozorio: señalado como allegado y colaborador de Valverde; fue detenido en Perú y trasladado a la Argentina en 2025.
- Celeste Magalí González Guerrero: vinculada con la vivienda de Chañar 702, donde fueron hallados los cuerpos; su declaración aportó datos sobre la estructura investigada.
- Miguel Ángel Villanueva Silva: pareja de González Guerrero e investigado por su presunta participación en la organización.
- Iara Daniela Ibarra: detenida luego de que la Policía encontrara rastros de limpieza en la vivienda. La Cámara Federal modificó su imputación y la ubicó bajo la figura de encubrimiento agravado.
- Maximiliano Andrés Parra: detenido junto con Ibarra y también acusado de encubrimiento agravado, por presuntamente haber alterado rastros de la escena.
- Víctor Sotacuro Lázaro, “El Duro”: investigado por presuntas tareas de traslado y apoyo logístico; fue detenido en Bolivia y llevado a la Argentina.
- Milagros Florencia Ibáñez: sobrina de Sotacuro, señalada por su presunto aporte logístico.
- Mónica Débora Mujica: pareja de Sotacuro; la investigación le atribuye una posible colaboración para descartar teléfonos u otras pruebas.
- Ariel Jeremías Alexis Giménez: acusado de haber intervenido en la excavación del pozo donde fueron ocultados los cuerpos.
- Bernabé Jesús Mallón, “El Tío”: detenido en diciembre de 2025 e investigado por su presunto vínculo con la organización.
- Luis Alan Valverde Rodríguez, “Papá”: tío de “Pequeño J”, detenido el 12 de octubre en Lima. Permanece bajo custodia en Perú mientras avanza el trámite de extradición; el Poder Judicial peruano dispuso una detención preventiva de nueve meses. La investigación argentina le atribuye un presunto papel de liderazgo y tareas de logística.
María Inés Olivera es la liberada por la resolución más reciente. Antes, en abril de 2026, la Cámara Federal de San Martín dictó falta de mérito para Joseph Freyser Cubas Zavaleta, alias “Señor Jota”, al considerar insuficientes las pruebas para sostener su participación en los homicidios.
Su situación fue distinta a una liberación general: estaba detenido por otra causa y, según un reporte posterior, fue extraditado a Perú en ese expediente.
La Justicia también había solicitado capturas de otras personas, entre ellas Kevin Manuel Valverde Urtecho, Abel Josuel Taya Humpire, Manuel David Valverde Rodríguez, Álex Roger Ydone Castillo y David Gustavo Morales Huamaní. Luis Alan Valverde Rodríguez, uno de esos buscados, fue detenido en Perú en octubre.
Cómo ocurrieron los hechos: cronología
Entre el 6 y el 19 de septiembre de 2025, la acusación fiscal ubicó el posible robo de varios kilos de droga a una organización narco. La hipótesis sostiene que el hecho pudo haber motivado el ataque, pero el móvil no está probado: un año después, los investigadores aún no habían establecido qué ocurrió con la droga ni qué relación tuvieron las víctimas con ese conflicto.
El viernes 19 de septiembre, a las 21.29.49, una cámara registró a Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez al subir a una Chevrolet Tracker blanca en la zona de La Quila y El Tiburón, Ciudad Evita. Según la reconstrucción judicial, las jóvenes fueron convocadas con el engaño de que asistirían a una fiesta o reunión. El requerimiento fiscal describe, además, el apoyo de otros vehículos, entre ellos un Volkswagen Fox y un Chevrolet Cruze.
La Tracker las llevó hasta una vivienda de Chañar 702, Villa Vatteone, Florencio Varela. La acusación sostiene que, una vez dentro, las retuvieron contra su voluntad y las maniataron y amordazaron. También afirma que las golpearon y atacaron con elementos cortantes; los cuerpos fueron ocultados en un pozo que, según el requerimiento fiscal, había sido excavado antes de que ellas llegaran.
Durante la madrugada del sábado 20, la camioneta utilizada para el traslado fue incendiada en un descampado de Mar Chiquita al 1200, a unos 600 metros de la casa. El requerimiento fiscal identificó la Tracker con la patente colocada PAZ 355, que no correspondía a su dominio original, y señaló que el vehículo tenía un pedido de secuestro por hurto.
Ese mismo 20 de septiembre, familiares denunciaron que las jóvenes no habían regresado. La pesquisa comenzó con la revisión de cámaras y el análisis de las señales de sus teléfonos; esos datos orientaron a los investigadores hacia Florencio Varela.
El martes 23, la DDI de La Matanza llegó a la vivienda de Chañar 702. Allí encontró rastros de sangre y señales de limpieza; Iara Ibarra y Maximiliano Parra fueron detenidos mientras, según la acusación, se alteraban rastros de la escena. Luego, durante las excavaciones en el patio, la Policía encontró los cuerpos de las tres jóvenes. La identificación fue confirmada el miércoles 24 de septiembre, cinco días después de que fueran vistas por última vez.
La causa, que comenzó en la Justicia bonaerense, pasó al fuero federal por sus posibles conexiones con el narcotráfico. Hoy tramita ante el Juzgado Federal N.º 2 de Morón; el MPF la enmarca en una investigación sobre una organización dedicada al tráfico de drogas y sobre femicidios en contexto de criminalidad organizada.
