La ejecución de 16 presos políticos, tres de ellos sobrevivieron, dentro de una dependencia de la Armada Argentina convirtió a la Masacre de Trelew en uno de los principales antecedentes del terrorismo de Estado. El crimen ocurrió durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, después de una fuga parcialmente exitosa del penal de Rawson. Más de medio siglo después, la extradición de uno de los acusados mantiene abierta la búsqueda de justicia.
Una dictadura atravesada por la protesta y la violencia política
La historia comenzó antes de 1972. El golpe militar del 28 de junio de 1966 derrocó al presidente constitucional Arturo Illia e instaló la autodenominada Revolución Argentina, encabezada sucesivamente por Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.
La prohibición de la actividad política, la intervención de las universidades, la represión de huelgas y episodios como el Cordobazo de 1969 deterioraron al régimen. En ese escenario crecieron organizaciones armadas con orientaciones diferentes, entre ellas el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.
El gobierno de Lanusse combinó la preparación de una salida electoral mediante el Gran Acuerdo Nacional con un endurecimiento de la persecución. La Cámara Federal en lo Penal, conocida como el “Camarón”, concentró las causas vinculadas con la militancia revolucionaria y numerosos detenidos fueron enviados a establecimientos alejados de sus familias y abogados. Uno de esos lugares era la Unidad Penal 6 de Rawson, en Chubut.
La fuga que comenzó en el penal de Rawson
El 15 de agosto de 1972, detenidos pertenecientes al PRT-ERP, las FAR y Montoneros tomaron distintos sectores de la cárcel. El operativo buscaba sacar a más de un centenar de presos, trasladarlos hasta el aeropuerto de Trelew y abandonar el país en un avión comercial.
Durante el copamiento murió el agente penitenciario Juan Gregorio Valenzuela. El asesinato formó parte de los hechos violentos ocurridos dentro del penal, aunque las distintas reconstrucciones históricas no coinciden sobre quién efectuó los disparos.
Una falla en las comunicaciones hizo que los camiones destinados al traslado se retiraran antes de tiempo. Solo 25 detenidos consiguieron abandonar la unidad: seis salieron primero en un automóvil y otros 19 llegaron posteriormente al aeropuerto en vehículos conseguidos durante la evasión.
Los seis dirigentes que consiguieron llegar a Chile
El primer grupo estaba integrado por Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, del PRT-ERP; Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR; y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros. Los seis abordaron un BAC 1-11 de Austral Líneas Aéreas que había sido tomado por integrantes del apoyo externo.
La aeronave, correspondiente al vuelo 811, partió hacia Chile. A los evadidos se sumaron cuatro colaboradores que habían intervenido en el control del avión, por lo que diez militantes llegaron al país vecino. El gobierno socialista de Salvador Allende recibió presiones de la dictadura argentina para que fueran extraditados, pero finalmente les concedió asilo y permitió que viajaran a Cuba. Una investigación académica publicada por SciELO reconstruyó las negociaciones diplomáticas.
Una rendición pública con garantías que no se cumplieron
Los otros 19 evadidos alcanzaron el aeropuerto cuando el avión ya había despegado. Rodeados por fuerzas militares y sin posibilidades de continuar la huida, ocuparon la terminal y ofrecieron una conferencia de prensa para hacer pública su situación.
La entrega fue negociada ante el juez federal Alejandro Godoy, abogados, periodistas y autoridades locales. Los detenidos depusieron las armas después de recibir garantías sobre su integridad y solicitaron regresar a la Unidad Penal 6. La presencia de testigos y cámaras buscaba impedir una represalia clandestina.
La Armada incumplió la condición acordada. Una patrulla comandada por Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, los trasladó a esa instalación militar con el argumento de que el penal todavía no reunía condiciones de seguridad.
Siete días de cautiverio en la Base Almirante Zar
Los prisioneros permanecieron incomunicados, fueron interrogados y padecieron condiciones degradantes. En la madrugada del 22 de agosto, los marinos los obligaron a salir de sus celdas y los formaron en el pasillo. Allí abrieron fuego contra el grupo desarmado.
Trece personas murieron en el momento y otras tres fallecieron durante las horas posteriores: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Elías Kohon, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Rosa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Alberto Carlos Del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho, quien estaba embarazada.
Las pruebas reunidas décadas después permitieron individualizar la intervención de Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino y Roberto Guillermo Bravo. El entonces jefe de la base era Rubén Norberto Paccagnini.
Los tres sobrevivientes que revelaron la masacre
María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Haidar sobrevivieron pese a recibir heridas graves. Sus testimonios permitieron conocer cómo habían sido sacados de las celdas, formados y atacados sin posibilidad de defenderse.
Los relatos también desmintieron la explicación difundida por las Fuerzas Armadas. Berger, Camps y Haidar fueron perseguidos nuevamente durante la última dictadura: los tres terminaron asesinados o desaparecidos entre 1977 y 1982. Antes habían aportado una reconstrucción decisiva, recogida por el escritor y periodista Francisco “Paco” Urondo en el libro La patria fusilada.
La falsa versión de un segundo intento de fuga
El gobierno militar sostuvo que los detenidos habían atacado a la guardia para escapar de la base. La explicación no pudo justificar por qué ninguno de los marinos había muerto, cómo un grupo incomunicado había conseguido armas ni por qué las víctimas presentaban disparos compatibles con una ejecución.
La investigación judicial determinó que no existió ningún enfrentamiento. Los prisioneros se encontraban cautivos, indefensos y bajo la responsabilidad directa del Estado. La sentencia calificó el episodio como una ejecución extrajudicial planificada e integrada a una política represiva contra un sector de la población civil. La resolución fue citada posteriormente por el Poder Judicial de la Nación.
El mismo 22 de agosto de 1972, la dictadura sancionó la Ley 19.797, que incorporó penas de prisión para quienes difundieran comunicaciones o imágenes atribuidas a organizaciones consideradas “subversivas”. La medida reforzó la censura y acompañó el intento oficial de controlar la información sobre los fusilamientos.
Las condenas llegaron cuatro décadas después
La causa se reabrió en 2006 y llegó a juicio oral en 2012. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y Carlos Amadeo Marandino por los 16 homicidios y las tres tentativas, cometidos con alevosía. También declaró que la masacre constituyó un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las perpetuas en 2014 y anuló las absoluciones de Rubén Paccagnini y del juez militar Jorge Enrique Bautista, acusado de intervenir en el encubrimiento. Sosa y Del Real murieron antes de que concluyeran todas las apelaciones, mientras que la condena de Marandino quedó firme en 2021. Anticipos informó entonces sobre la resolución definitiva.
Roberto Bravo y la deuda judicial que permanece abierta
Roberto Guillermo Bravo se instaló en Estados Unidos en 1973 y nunca fue sometido a un proceso penal en la Argentina. En 2022, un jurado civil de Florida lo consideró responsable por ejecuciones extrajudiciales, tentativa de ejecución y torturas, y estableció una indemnización de 24,25 millones de dólares para familiares de cuatro víctimas.
Ese proceso todavía atraviesa instancias de revisión. El 23 de junio de 2025, la Cámara de Apelaciones del Undécimo Circuito devolvió el expediente al tribunal de primera instancia para que analizara cuestiones adicionales, por lo que la resolución civil definitiva continúa pendiente.
La Justicia argentina formuló un tercer pedido de extradición el 19 de junio de 2025, después de dos rechazos de tribunales estadounidenses. El juez federal de Rawson Guillermo Lleral incorporó como elemento nuevo el veredicto pronunciado en Florida. De acuerdo con el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, Bravo permanece en Estados Unidos mientras se tramitan el reclamo penal argentino y la apelación civil.
Cómo se recuerda la Masacre de Trelew en 2026
La ciudad de Trelew organizó una Semana de la Memoria para conmemorar el 54º aniversario. La programación incluyó actividades educativas, presentaciones culturales, una vigilia durante la noche del 21 de agosto, el acto oficial en el Centro Cultural por la Memoria y la tradicional marcha desde el Comedor Universitario hasta el Viejo Aeropuerto.
El antiguo aeropuerto donde se rindieron los 19 detenidos funciona actualmente como espacio cultural y archivo de la memoria. La Unidad Penal 6, la Base Almirante Zar y la vieja terminal aérea fueron señalizadas como lugares vinculados con los hechos. La conmemoración de este año vuelve a reunir dos reclamos que atravesaron más de cinco décadas: conservar las pruebas de lo ocurrido y lograr que el último acusado pueda ser juzgado por un tribunal argentino.
