La ejecución de 16 presos políticos, tres de ellos sobrevivieron, dentro de una dependencia de la Armada Argentina convirtió a la Masacre de Trelew en uno de los principales antecedentes del terrorismo de Estado. El crimen ocurrió durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, después de una fuga parcialmente exitosa del penal de Rawson. Más de medio siglo después, la extradición de uno de los acusados mantiene abierta la búsqueda de justicia.
La historia comenzó antes de 1972.
El golpe militar del 28 de junio de 1966 derrocó al presidente constitucional Arturo Illia e instaló la autodenominada Revolución Argentina, encabezada sucesivamente por Juan Carlos Onganía, Roberto Marcelo Levingston y Alejandro Agustín Lanusse.
Juan Carlos Onganía (1914-1995) gobernó entre 1966 y 1970, tra liderar la facción «Azul» del Ejército en los enfrentamientos internos de principios de la década de 1960 y desempeñarse como Comandante en Jefe de la fuerza. Encabezó el 28 de junio de 1966 el golpe de Estado que derrocó al presidente constitucional Arturo Illia, inaugurando el régimen dictatorial autodenominado «Revolución Argentina» bajo la premisa de refundar el orden institucional sin plazos preestablecidos.
Durante su gobierno clausuró el Congreso, disolvió los partidos políticos e intervino las universidades nacionales —lo que desató la violenta represión conocida como La Noche de los Bastones Largos y un masivo éxodo científico. En el plano económico, a través de su ministro Adalbert Krieger Vasena, aplicó un plan liberal de estabilización que congeló salarios y favoreció al gran capital internacional, a la par que impulsó importantes obras públicas como el complejo El Chocón y el túnel subfluvial Santa Fe-Paraná. El creciente descontento popular y sindical culminó en masivas protestas obrero-estudiantiles como el Cordobazo de 1969, hecho que debilitó irreversiblemente su gestión y precipitó su destitución por parte de la propia Junta Militar en junio de 1970.
Alejandro Agustín Lanusse (1918-1996) presidencia de facto entre 1971 y 1973 como último gobernante de la «Revolución Argentina», tras haber sido pieza clave en el desplazamiento de Onganía y de su sucesor Roberto Levingston. Consciente del agotamiento del régimen militar y de la creciente conflictividad social y armada, impulsó el Gran Acuerdo Nacional (GAN) con el objetivo de negociar una salida electoral controlada que integrara al peronismo, aunque intentó sin éxito condicionar políticamente a Juan Domingo Perón imponiendo una cláusula de residencia que le impidió postularse en las elecciones de marzo de 1973. Su gestión estuvo signada por hechos de alta tensión política y violencia estatal —como la Masacre de Trelew en agosto de 1972— y concluyó el 25 de mayo de 1973 con la entrega del poder al mandatario electo, Héctor J. Cámpora.
El Gran Acuerdo Nacional (GAN) fue el plan político impulsado en 1971 por Lanusse para lograr una salida electoral pactada a la «Revolución Argentina». Buscaba reincorporar al peronismo tras años de proscripción, garantizar que las Fuerzas Armadas mantuvieran un rol tutelar sin ser investigadas y neutralizar el avance de las organizaciones armadas.
Contra el GAN, Juan Domingo Perón lanzó La Hora del Pueblo, una histórica coalición y declaración multipartidaria constituida el 11 de noviembre de 1970 por las principales fuerzas políticas del país —entre ellas el Partido Justicialista liderado por Juan Domingo Perón, la Unión Cívica Radical del Pueblo de Ricardo Balbín, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Socialista Argentino y el Partido Conservador Popular— para poner fin a la dictadura de la «Revolución Argentina» mediante la exigencia conjunta de elecciones libres y sin proscripciones, la plena restitución de las libertades públicas y un pacto de convivencia democrática que superara el histórico antagonismo entre peronistas y radicales; una presión civil unificada que forzó al general Alejandro Agustín Lanusse a plantear una salida política e hizo posible la transición democrática que culminó en los comicios generales de marzo de 1973 en las que se impuso la fórmula Héctor J. Cámpora – Vicente Solano Lima (FREJULI), que se impuso contundentemente en las elecciones de marzo de 1973.
En ese escenario crecieron organizaciones armadas con orientaciones diferentes, entre ellas el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros.
El gobierno de Lanusse combinó la preparación de una salida electoral mediante el Gran Acuerdo Nacional con un endurecimiento de la persecución. La Cámara Federal en lo Penal, conocida como el “Camarón”, concentró las causas vinculadas con la militancia revolucionaria y numerosos detenidos fueron enviados a establecimientos alejados de sus familias y abogados. Uno de esos lugares era la Unidad Penal 6 de Rawson, en Chubut.
Por qué la Cámara Camaleón
Creada en mayo de 1971 durante la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse mediante la Ley 19.053, la Cámara Federal en lo Penal fue un fuero de excepción concebido para juzgar con celeridad sumaria y escasas garantías procesales los delitos calificados como «subversivos» o políticos.
En el ámbito jurídico y popular, el tribunal pronto se ganó el mote de «el Camarón», un juego de palabras que conjugaba tanto el aumentativo irónico de «Cámara» —por la concentración inédita de poder y alcance territorial que ostentaba— como la alusión directa al refrán «camarón que se duerme se lo lleva la corriente», en referencia a la velocidad implacable con la que procesaba y condenaba a quienes no reaccionaban a tiempo; una estructura represiva y de excepción que tuvo corta vida, ya que fue disuelta de inmediato el 26 de mayo de 1973 con la asunción del gobierno constitucional de Héctor J. Cámpora.
Creada de facto el 28 de mayo de 1971 mediante la Ley 19.053, la Cámara Federal en lo Penal inició formalmente sus funciones el 1 de julio de ese mismo año como un tribunal especial para juzgar delitos políticos. Su actividad se extendió hasta el 26 de mayo de 1973, cuando fue disuelta de manera inmediata a través de la Ley 20.509, apenas un día después de la asunción del gobierno constitucional de Héctor J. Cámpora.
El tribunal estuvo estructurado en tres salas integradas por nueve jueces en total: la Sala I (Jaime Smart, César Black y Eduardo Munilla Lacasa), la Sala II (Alfredo Nocetti Fasolino, Ernesto Ure, Mario Lusona y Carlos Alfredo Gallego) y la Sala III (Tomás Omedo, Juan Francisco Basso y Horacio Manuel Prack), junto a fiscales de Cámara como Alberto Durán y Juan Martín Romero Victorica. Tras la clausura del fuero, varios de sus integrantes continuaron ocupando funciones de alto impacto institucional durante la dictadura de 1976 y los años posteriores, destacándose los casos de Smart —luego ministro de Gobierno bonaerense durante la gestión de Ibérico Saint-Jean— y de Romero Victorica, quien se desempeñó como fiscal general y más tarde como fiscal ante la Cámara de Casación.
El Penal de Rawson
Durante la dictadura de la «Revolución Argentina» (1966-1973), la Unidad 6 de Rawson (Chubut) fue convertida en el principal centro penitenciario de máxima seguridad y aislamiento político del país, concebida para quebrar la resistencia de los detenidos mediante un riguroso régimen de incomunicación, requisas vejatorias permanentes, encierro prolongado en celdas individuales y la prohibición de lecturas o actividades colectivas, todo bajo la supervisión del Servicio Penitenciario Federal y la inteligencia militar.
La extrema lejanía geográfica de la Patagonia respecto de los principales centros urbanos como Buenos Aires, Córdoba o Rosario operó como un castigo deliberado para desarticular los vínculos de los presos con sus organizaciones, además de obstaculizar las visitas familiares y la defensa letrada; sin embargo, la decisión del régimen de Alejandro Agustín Lanusse de concentrar allí entre 1970 y 1971 a las cúpulas del PRT-ERP, Montoneros y las FAR —con figuras como Mario Roberto Santucho, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo y Fernando Vaca Narvaja— terminó facilitando la articulación política clandestina entre las distintas fuerzas que desembocó en la histórica fuga de 1972.
La fuga que comenzó en el penal de Rawson
El 15 de agosto de 1972, detenidos pertenecientes al PRT-ERP, las FAR y Montoneros, todos condenados por la Cámara Federal en lo Penal conocida como el “Camarón”, tomaron distintos sectores de la cárcel. El operativo buscaba sacar a más de un centenar de presos, trasladarlos hasta el aeropuerto de Trelew y abandonar el país en un avión comercial.
Durante el copamiento murió el agente penitenciario Juan Gregorio Valenzuela. El asesinato formó parte de los hechos violentos ocurridos dentro del penal, aunque las distintas reconstrucciones históricas no coinciden sobre quién efectuó los disparos.}
Una falla en las comunicaciones hizo que los camiones destinados al traslado se retiraran antes de tiempo. Solo 25 detenidos consiguieron abandonar la unidad: seis salieron primero en un automóvil y otros 19 llegaron posteriormente al aeropuerto en vehículos conseguidos durante la evasión.
Los seis dirigentes que consiguieron llegar a Chile
El primer grupo estaba integrado por Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Menna, del PRT-ERP; Marcos Osatinsky y Roberto Quieto, de las FAR; y Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros. Los seis abordaron un BAC 1-11 de Austral Líneas Aéreas que había sido tomado por integrantes del apoyo externo.
Los seis dirigentes que abordaron el avión conformaban la máxima cúpula de las tres principales organizaciones guerrilleras del país: Mario Roberto Santucho era el máximo líder y fundador del Partido Revolucionario de los Trabajadores y su brazo armado, el ERP, donde Enrique Gorriarán Merlo ejercía un rol central como jefe operativo y cuadro de mando militar, y Domingo Menna se desempeñaba como miembro clave del Buró Político y responsable de la logística y la organización de cuadros; por parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), Marcos Osatinsky y Roberto Quieto eran sus dos principales fundadores y comandantes político-militares, encargados de coordinar las operaciones urbanas y el posterior proceso de fusión con el peronismo armado; mientras que Fernando Vaca Narvaja ocupaba un lugar de primera línea en la conducción nacional de Montoneros, liderando la estructura territorial y operativa de la organización.
La aeronave, correspondiente al Vuelo 811, partió hacia Chile. A los evadidos se sumaron cuatro colaboradores que habían intervenido en el control del avión, por lo que diez militantes llegaron al país vecino.
El Viejo Aeropuerto de Trelew comenzó a funcionar como pista de aterrizaje en noviembre de 1929 de la mano de Aeroposta Argentina —pionera del transporte postal patagónico en cuyas rutas volaron pilotos como Antoine de Saint-Exupéry— e inauguró su edificio principal y torre de control en agosto de 1938, configurándose como una terminal modesta de escala regional con sala de espera pequeña, ventanillas de despacho y una pista apta para aeronaves de cabotaje como los BAC 1-11 de Austral o de Aerolíneas Argentinas.
Durante la fuga del penal de Rawson del 15 de agosto de 1972, el hall de esta estación aérea se convirtió en el escenario donde los 19 militantes que no llegaron a abordar el avión brindaron una conferencia de prensa y pactaron su rendición ante las fuerzas armadas bajo garantías que luego fueron violadas; las operaciones comerciales se mantuvieron allí hasta 1979, año en que se trasladaron al actual Aeropuerto Internacional Almirante Marcos A. Zar, mientras que el histórico edificio fue recuperado en 2007 y reconvertido en el Centro Cultural por la Memoria, declarado Lugar Histórico Nacional para preservar el testimonio de los hechos y recordar a las víctimas.
El gobierno socialista de Salvador Allende recibió presiones de la dictadura argentina para que fueran extraditados, pero finalmente les concedió asilo y permitió que viajaran a Cuba. Una investigación académica publicada por SciELO reconstruyó las negociaciones diplomáticas.
Una rendición pública con garantías que no se cumplieron
Los otros 19 evadidos alcanzaron el aeropuerto cuando el avión ya había despegado. Rodeados por fuerzas militares y sin posibilidades de continuar la huida, ocuparon la terminal y ofrecieron una conferencia de prensa para hacer pública su situación.
La entrega fue negociada ante el juez federal Alejandro Godoy, abogados, periodistas y autoridades locales. Los detenidos depusieron las armas después de recibir garantías sobre su integridad y solicitaron regresar a la Unidad Penal 6. La presencia de testigos y cámaras buscaba impedir una represalia clandestina.
La Armada incumplió la condición acordada. Una patrulla comandada por Luis Emilio Sosa, segundo jefe de la Base Aeronaval Almirante Zar, los trasladó a esa instalación militar con el argumento de que el penal todavía no reunía condiciones de seguridad.
Siete días de cautiverio en la Base Almirante Zar
Los prisioneros permanecieron incomunicados, fueron interrogados y padecieron condiciones degradantes. En la madrugada del 22 de agosto, los marinos los obligaron a salir de sus celdas y los formaron en el pasillo. Allí abrieron fuego contra el grupo desarmado.
Las pruebas reunidas décadas después permitieron individualizar la intervención de Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real, Carlos Amadeo Marandino y Roberto Guillermo Bravo. El entonces jefe de la base era Rubén Norberto Paccagnini.
Trece personas murieron en el momento y otras tres fallecieron durante las horas posteriores: Carlos Heriberto Astudillo, Rubén Pedro Bonet, Eduardo Adolfo Capello, Mario Emilio Delfino, Alfredo Elías Kohon, Susana Graciela Lesgart, José Ricardo Mena, Clarisa Rosa Lea Place, Miguel Ángel Polti, Mariano Pujadas, Alberto Carlos Del Rey, María Angélica Sabelli, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Jorge Alejandro Ulla y Ana María Villarreal de Santucho, quien estaba embarazada.
Masacre de Trelew: los 16 fusilados en la base Almirante Zar
El 22 de agosto de 1972, dieciséis presos políticos pertenecientes a distintas organizaciones armadas fueron acribillados tras la fuga del Penal de Rawson, en un hecho que marcó un punto de inflexión en la historia reciente argentina.
- Alejandro Ulla – PRT-ERP
- Alfredo Kohon – FAR
- Ana María Villarreal de Santucho – PRT-ERP
- Carlos Alberto del Rey – PRT-ERP
- Carlos Astudillo – FAR
- Clarisa Lea Place – PRT-ERP
- Eduardo Capello – PRT-ERP
- Humberto Suárez – PRT-ERP
- Humberto Toschi – PRT-ERP
- José Ricardo Mena – PRT-ERP
- María Angélica Sabelli – FAR
- Mariano Pujadas – Montoneros
- Mario Emilio Delfino – PRT-ERP
- Miguel Ángel Polti – PRT-ERP
- Rubén Pedro Bonnet – PRT-ERP
- Susana Lesgart – Montoneros
Estas dieciséis personas formaban parte del grupo de 25 militantes políticos y guerrilleros que planificaron y ejecutaron de manera conjunta la fuga masiva del penal de máxima seguridad de Rawson el 15 de agosto de 1972. Entre ellos y con los fugados que lograron llegar a Chile existía una estrecha alianza político-operativa que reunía a tres de las principales organizaciones armadas de la época: el Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros. Dentro del penal, los cuadros de estas tres fuerzas coordinaron la toma de la cárcel en un Comité Unitario que integraba a líderes de todos los espacios.
La relación directa entre las víctimas de la nómina y los seis máximos dirigentes que lograron escapar hacia el exterior —Roberto Mario Santucho, Marcos Osatinsky, Roberto Quieto, Enrique Gorriarán Merlo, Domingo Menna y Fernando Vaca Narvaja— era de absoluta subordinación organizativa y compañerismo de armas. Por ejemplo, Ana María Villarreal («Sayo») era la esposa de Roberto Santucho; Rubén Pedro Bonet era un cuadro dirigente de prensa y propaganda del ERP vinculado a Menna y Santucho; Mariano Pujadas, Mario Emilio Delfino y María Angélica Sabelli compartían conducción y células operativas con Quieto y Osatinsky en FAR y Montoneros; y militantes como Susana Lesgart y Clarisa Lea Place integraban los mandos medios que articulaban con las conducciones en fuga.
El resto, a causa de la confusión de señas, no llegó a tiempo y el avión despegó. En lugar de ser reintegrados a la cárcel de Rawson como se había pactado en la capitulación del Aeropuerto, fueron trasladados a la Base Aeronaval Almirante Zar por disposición de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse. Allí permanecieron incomunicados bajo custodia de la Armada hasta la madrugada del 22 de agosto de 1972, cuando una patrulla naval comandada por los oficiales Luis Emilio Sosa y Roberto Bravo los ametralló en los pasillos de los calabozos, consumando el hecho histórico conocido como la Masacre de Trelew.
La versión oficial de la dictadura militar encabezada por Alejandro Agustín Lanusse intentó encubrir las ejecuciones presentándolas como un intento de fuga frustrado. Sin embargo, los testimonios de los tres únicos sobrevivientes —María Antonia Berger, Alberto Camps y Ricardo René Haidar— desmintieron de forma categórica el relato del régimen y expusieron ante la sociedad civil el fusilamiento a mansalva de los prisioneros desarmados en sus celdas.
Berger, Camps y Haidar fueron perseguidos nuevamente durante la última dictadura: los tres terminaron asesinados o desaparecidos entre 1977 y 1982. Antes habían aportado una reconstrucción decisiva, recogida por el escritor y periodista Francisco “Paco” Urondo en el libro La patria fusilada.}
La falsa versión de un segundo intento de fuga
Décadas más tarde, el proceso de Memoria, Verdad y Justicia permitió juzgar a los responsables materiales e ideológicos de los crímenes. En octubre de 2012, el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a los exmarinos Emilio Del Real, Luis Sosa y Carlos Marandino tras tipificar los hechos como delitos de lesa humanidad, consolidando a la Masacre de Trelew como el antecedente directo del Terrorismo de Estado que se desplegaría en el país a partir de 1976.
El gobierno militar sostuvo que los detenidos habían atacado a la guardia para escapar de la base. La explicación no pudo justificar por qué ninguno de los marinos había muerto, cómo un grupo incomunicado había conseguido armas ni por qué las víctimas presentaban disparos compatibles con una ejecución.
La investigación judicial determinó que no existió ningún enfrentamiento. Los prisioneros se encontraban cautivos, indefensos y bajo la responsabilidad directa del Estado. La sentencia calificó el episodio como una ejecución extrajudicial planificada e integrada a una política represiva contra un sector de la población civil. La resolución fue citada posteriormente por el Poder Judicial de la Nación.
El mismo 22 de agosto de 1972, la dictadura sancionó la Ley 19.797, que incorporó penas de prisión para quienes difundieran comunicaciones o imágenes atribuidas a organizaciones consideradas “subversivas”. La medida reforzó la censura y acompañó el intento oficial de controlar la información sobre los fusilamientos.
El diario Noticias de la tarde (más conocido simplemente como Noticias) fue un periódico vespertino argentino publicado entre noviembre de 1973 y agosto de 1974, concebido como el órgano de prensa de masas de la organización Montoneros pero estructurado con un formato periodístico comercial y profesional de primer nivel para disputar lectores en los quioscos frente a diarios como Crónica y La Razón.
Dirigido formalmente por Miguel Bonasso, contó con una redacción integrada por destacadas pluras de la literatura y el periodismo —entre ellos Rodolfo Walsh a cargo de la sección de policiales e información gremial, Juan Gelman, Paco Urondo, Horacio Verbitsky y Zelmar Michelini—, logrando un enorme impacto con tiradas diarias que superaron los 100.000 ejemplares hasta que fue clausurado definitivamente mediante un decreto de la presidenta María Estela Martínez de Perón en el marco de la creciente persecución y violencia paraestatal de la Triple A.
En cambio, las portada de Clarín del 23 de agosto de 1972, veinticuatro horas después de los fusilamientos, estructuró su cobertura reproduciendo de forma acrítica la versión oficial elaborada por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse, asumiendo sin cuestionamientos la coartada castrense para presentar los fusilamientos en la Base Aeronaval Almirante Zar bajo el encuadre de un frustrado «intento de fuga». Al definir en su título principal a las víctimas de manera taxativa como «guerrilleros muertos», el diario fijó un marco punitivo que invisibilizaba su condición real de presos políticos desarmados y recapturados a disposición de la ley.
Esa subordinación discursiva se vio reforzada por el destacado del recuadro central sobre las penas a la difusión de comunicados atribuidos a organizaciones armadas, lo que transparentaba el cerco de censura legal previa y la amenaza penal bajo la cual operaban los medios masivos de la época. A su vez, la fotografía panorámica tomada desde el exterior del predio por los enviados especiales dejó en evidencia la distancia física e informativa que impuso la Armada, impidiendo el acceso a la escena real y clausurando cualquier posibilidad de contrastar el relato oficial con las voces de sobrevivientes, defensores o familiares.
Las condenas llegaron cuatro décadas después
La causa se reabrió en 2006 y llegó a juicio oral en 2012. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a prisión perpetua a Luis Emilio Sosa, Emilio Jorge Del Real y Carlos Amadeo Marandino por los 16 homicidios y las tres tentativas, cometidos con alevosía. También declaró que la masacre constituyó un crimen de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptible.
La Cámara Federal de Casación Penal confirmó las perpetuas en 2014 y anuló las absoluciones de Rubén Paccagnini y del juez militar Jorge Enrique Bautista, acusado de intervenir en el encubrimiento. Sosa y Del Real murieron antes de que concluyeran todas las apelaciones, mientras que la condena de Marandino quedó firme en 2021. Anticipos informó entonces sobre la resolución definitiva.}
Sosa tuvo todo el tiempo gran participación, incluso arengó, amenazó y advitiró a los 19 guerrilleros que dejaran las armas o serían fusilados desde el primer momento.
Roberto Bravo y la deuda judicial que permanece abierta
Roberto Guillermo Bravo se instaló en Estados Unidos en 1973 y nunca fue sometido a un proceso penal en la Argentina. En 2022, un jurado civil de Florida lo consideró responsable por ejecuciones extrajudiciales, tentativa de ejecución y torturas, y estableció una indemnización de 24,25 millones de dólares para familiares de cuatro víctimas.
Ese proceso todavía atraviesa instancias de revisión. El 23 de junio de 2025, la Cámara de Apelaciones del Undécimo Circuito devolvió el expediente al tribunal de primera instancia para que analizara cuestiones adicionales, por lo que la resolución civil definitiva continúa pendiente.
La Justicia argentina formuló un tercer pedido de extradición el 19 de junio de 2025, después de dos rechazos de tribunales estadounidenses. El juez federal de Rawson Guillermo Lleral incorporó como elemento nuevo el veredicto pronunciado en Florida. De acuerdo con el Centro para la Justicia y la Rendición de Cuentas, Bravo permanece en Estados Unidos mientras se tramitan el reclamo penal argentino y la apelación civil.
Guillermo Gustavo Lleral, actualmente al frente del Juzgado Federal N° 2 de Rawson, ha intervenido en causas de fuerte impacto institucional y derechos humanos, destacándose su designación con dedicación exclusiva por la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para investigar la desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Santiago Maldonado en 2017 tras apartar a Guido Otranto, la instrucción del trámite de extradición a Estados Unidos del exmarino Roberto Guillermo Bravo por la Masacre de Trelew incorporando los fallos civiles de Florida, la investigación penal sobre el naufragio del pesquero El Repunte frente a las costas chubutenses, y múltiples expedientes por narcotráfico y trata de personas vinculados a redes delictivas en la Patagonia.
Cómo se recuerda la Masacre de Trelew en 2026
La ciudad de Trelew organizó una Semana de la Memoria para conmemorar el 54º aniversario. La programación incluyó actividades educativas, presentaciones culturales, una vigilia durante la noche del 21 de agosto, el acto oficial en el Centro Cultural por la Memoria y la tradicional marcha desde el Comedor Universitario hasta el Viejo Aeropuerto.
Existe el gran documental de Mariana Arruti, la antropóloga y cineasta documentalista argentina cuya obra audiovisual se centra en la memoria histórica, la identidad y la violencia institucional del siglo XX; formada en la UBA y la FUC, destacan entre sus producciones Los presos de Bragado (1995), Historias no contadas (1999), el premiado largometraje Trelew, la fuga que fue masacre (2004) —que investiga la fuga del penal de Rawson y los fusilamientos de 1972 bajo la dictadura de Lanusse— y el documental íntimo El Padre (2016), en el que indaga en la muerte de su propio progenitor a comienzos de la década de 1970.
El antiguo aeropuerto donde se rindieron los 19 detenidos funciona actualmente como espacio cultural y archivo de la memoria. La Unidad Penal 6, la Base Almirante Zar y la vieja terminal aérea fueron señalizadas como lugares vinculados con los hechos. La conmemoración de este año vuelve a reunir dos reclamos que atravesaron más de cinco décadas: conservar las pruebas de lo ocurrido y lograr que el último acusado pueda ser juzgado por un tribunal argentino.
La historia de Daniel Carreras, el periodista que entrevistó a Mariano Pujadas antes de la Masacre de Trelew
El 15 de agosto de 1972, la fuga del penal de Rawson marcó uno de los episodios más dramáticos de la historia argentina reciente. En ese escenario, el periodista y cronista chubutense Daniel Carreras cumplió un rol determinante en la cobertura de la toma del Aeropuerto de Trelew, antesala de los fusilamientos perpetrados días después en la Base Aeronaval Almirante Zar.
Tras la partida hacia Chile del vuelo de Austral abordado por la primera tanda de evadidos, 19 militantes quedaron en la terminal aérea, entre ellos Mariano Pujadas, Rubén Pedro Bonet y María Antonia Berger. Para deponer las armas y garantizar su integridad física frente a las Fuerzas Armadas, el grupo exigió la presencia de un juez federal, médicos y trabajadores de prensa.
Carreras acudió a la aeroestación junto a cronistas, fotógrafos y camarógrafos de medios locales como Canal 3 de Trelew, LU17 Radio Golfo Nuevo y diarios provinciales. En la confitería del aeropuerto, participó de la histórica conferencia donde entrevistó a Pujadas (referente de Montoneros) y a Bonet (del ERP), quienes detallaron los motivos del escape y las condiciones pactadas para la rendición.
