Hay imágenes que explican una época mejor que cualquier discurso presidencial. No hacen falta estadísticas, gráficos ni cadenas nacionales. Basta una escena. Un hombre vestido con uniforme militar termina su guardia, se sube a un automóvil particular, enciende una aplicación y espera que aparezca el primer viaje. El custodio de la soberanía nacional convertido en chofer por necesidad.
La noticia llegó envuelta en el lenguaje burocrático que suele utilizar el poder cuando quiere ocultar una derrota. El Gobierno autorizó que los integrantes de las Fuerzas Armadas puedan desempeñar actividades privadas fuera de su horario de servicio. Traducido al castellano: les permitió buscar un segundo trabajo porque el primero ya no les alcanza para vivir.
La resolución fue presentada como una ampliación de libertades. Es el vocabulario de época. Todo ajuste necesita una palabra amable que lo disfrace. Cuando un salario deja de cumplir su función básica, el problema ya no es el salario. El problema pasa a ser la falta de libertad para conseguir otro empleo. El truco conceptual es notable. No se corrige el deterioro del ingreso. Se legaliza la necesidad.
Así, el soldado podrá manejar un Uber. El suboficial podrá repartir comida. El oficial podrá trabajar en seguridad privada. El Estado les dice que son libres de hacerlo. Lo que no dice es que están obligados por la realidad económica.
La paradoja es brutal. Durante décadas se repitió que las Fuerzas Armadas constituían una institución estratégica para la defensa nacional. Se invirtieron años en formar pilotos, ingenieros, especialistas en comunicaciones, expertos en logística y profesionales altamente capacitados. Ahora, muchos de ellos deberán competir por pasajeros en una aplicación de transporte para completar el sueldo.
No es una cuestión moral. Nadie puede reprocharle a un trabajador que busque sobrevivir. El problema es otro. El problema es político. Un país que obliga a sus cuadros militares a multiplicar empleos para llegar a fin de mes está enviando un mensaje inequívoco sobre sus prioridades.
Las grandes naciones suelen medir su fortaleza por la calidad de sus instituciones. Entre ellas, naturalmente, se encuentran las Fuerzas Armadas. Pero aquí asistimos a una curiosa inversión de valores. El mismo Estado que exige profesionalismo, disciplina y preparación admite implícitamente que no puede garantizar una remuneración acorde con esas exigencias.
La situación adquiere una dimensión todavía más preocupante cuando se observa la pérdida del poder adquisitivo. Informes internos de las propias Fuerzas Armadas indican que los salarios sufrieron una fuerte caída desde diciembre de 2023. Detrás de los porcentajes aparecen historias concretas: familias que ajustan gastos, profesionales que abandonan la carrera militar y especialistas que encuentran en el sector privado condiciones mucho más atractivas.
La consecuencia es inevitable. Los más capacitados se van. Los que pueden emigran hacia actividades mejor remuneradas. Los que permanecen deben buscar alternativas para sostenerse. El resultado es un progresivo vaciamiento de recursos humanos estratégicos.
El Gobierno celebra la libertad de trabajar más. Pero una sociedad sana no debería festejar que sus trabajadores necesiten dos empleos para sobrevivir. Mucho menos cuando esos trabajadores son quienes tienen la responsabilidad de custodiar las fronteras, operar sistemas complejos o garantizar capacidades esenciales para la defensa nacional.
Quizás, dentro de algunos años, los historiadores encuentren en esta medida una de las imágenes más precisas de nuestro tiempo. No verán solamente una resolución administrativa. Verán algo más profundo: el momento en que el Estado reconoció, sin decirlo explícitamente, que ya no podía sostener económicamente a quienes tenían la misión de defenderlo.
«Nadie debería escandalizarse porque un militar trabaje. Lo verdaderamente escandaloso es que el Estado que le exige disciplina, formación y compromiso ya no pueda garantizarle un salario suficiente para vivir.
