Quebró Garbarino. La histórica cadena de electrodomésticos que durante décadas dominó el mercado argentino y llegó a tener más de 300 sucursales y 5.000 empleados fue finalmente liquidada por la Justicia tras fracasar todos los intentos de rescate. El juez Fernando D’Alessandro decretó la quiebra luego de que la empresa no lograra acordar con sus acreedores ni aparecieran inversores dispuestos a salvarla. De aquel gigante del consumo en cuotas hoy sólo quedan tres locales abiertos, 18 trabajadores y un expediente judicial que intenta ordenar los restos de una de las caídas empresariales más emblemáticas del retail argentino.
La decisión fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D’Alessandro, quien concluyó que el concurso preventivo iniciado en 2021 quedó sin salida posible: la empresa no logró reunir el apoyo suficiente de sus acreedores ni apareció un inversor dispuesto a hacerse cargo del rescate.
La resolución pone fin a uno de los colapsos más resonantes del retail argentino en los últimos años. Durante décadas, Garbarino fue sinónimo de consumo masivo: televisores, heladeras y computadoras vendidos en cuotas en locales que ocupaban esquinas estratégicas de casi todas las ciudades del país. Hoy, de aquel gigante quedan apenas tres puntos de venta abiertos y un puñado de trabajadores.
Un salvataje que nunca llegó
El expediente judicial muestra que el intento de rescate se fue diluyendo lentamente. Tras no lograr un acuerdo con los acreedores, el tribunal habilitó el mecanismo de cramdown, una instancia que permite que terceros presenten propuestas para quedarse con la empresa y reestructurar sus deudas.
Sin embargo, el proceso quedó prácticamente desierto.
La única firma que se había inscripto en el registro de interesados, la sociedad financiera Vlinder, nunca presentó una propuesta formal de inversión ni un plan concreto de reorganización. La propia empresa concursada tampoco consiguió reunir las mayorías necesarias entre sus acreedores para aprobar una reestructuración.
Ante ese escenario, el juez aplicó lo previsto en los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y decretó la apertura del proceso falencial. En términos simples: ya no quedaban alternativas legales para evitar la liquidación.
El desapoderamiento de la empresa
Con la quiebra declarada, Garbarino queda automáticamente desapoderada de la administración de sus bienes. Desde ahora, todos los activos pasan a quedar bajo control de la sindicatura designada por el tribunal, que deberá inventariarlos y eventualmente venderlos para intentar pagar a los acreedores.
La resolución ordena mantener la inhibición general de bienes y dispone notificar a distintos registros públicos —propiedad inmueble, automotor y marcas— para detectar cualquier activo que aún figure a nombre de la compañía.
El juzgado también extendió la medida a la provincia de Tierra del Fuego, donde Garbarino había tenido participación accionaria en dos sociedades industriales históricamente vinculadas a la producción electrónica: Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A.
En paralelo, el magistrado dispuso la inhabilitación comercial de los directivos de la empresa, entre ellos su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales. Ninguno de ellos podrá ejercer el comercio durante el plazo previsto por la ley concursal.
Además, los tres quedaron sujetos a una prohibición de salida del país hasta al menos octubre de 2026, cuando se presente el informe general de la sindicatura sobre el estado patrimonial de la empresa.
Las últimas sucursales
Uno de los puntos más llamativos del expediente es la situación de los últimos locales que seguían vinculados a la firma. El juez ordenó verificar y eventualmente clausurar tres puntos de venta que aún figuraban en actividad: la sucursal de Avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; el local de calle Uruguay, en pleno centro de Buenos Aires; y un outlet en Almagro.
Durante los últimos meses, esos locales funcionaban con una actividad mínima y planteles reducidos. En total, apenas 18 trabajadores continuaban vinculados a la empresa.
La sindicatura quedó facultada incluso para allanar domicilios y requerir fuerza pública si fuera necesario para realizar inventarios, asegurar mercadería o retirar bienes que todavía permanezcan en los establecimientos.
Acreedores y deudas
El proceso de quiebra abre ahora una nueva etapa: la verificación de créditos.
Bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores deberán presentar formalmente sus reclamos para que el tribunal determine el pasivo final de la empresa.
El plazo para iniciar ese trámite vence el 24 de junio de 2026. Luego, la sindicatura deberá presentar distintos informes clave entre agosto y octubre de este año, donde se detallará el patrimonio disponible y el monto total de las deudas.
De líder del mercado a empresa fantasma
El contraste con el pasado de Garbarino es brutal. Fundada en 1951 como una pequeña casa de electrodomésticos, la empresa se convirtió con el tiempo en uno de los gigantes del comercio minorista argentino. Durante años dominó cerca del 30% del mercado de electrodomésticos, con más de 300 sucursales distribuidas en todo el país.
Su deterioro en el mercado comenzó en 2021, bajo la presidencia de Mauricio Macri sin demasiada explicaciones.
La marca también se expandió hacia otros negocios: controló cadenas como Compumundo, incursionó en el turismo con Garbarino Viajes y participó en el esquema industrial de Tierra del Fuego que produce televisores y electrónica para el mercado local.
En su momento de mayor expansión llegó a emplear a más de 5.000 trabajadores.
Quienes trabajaron en la empresa recuerdan que en los años de auge los locales abrían hasta entrada la noche y las colas para financiar televisores o computadoras se extendían hasta la vereda durante los fines de semana largos o el Mundial de fútbol.
Ese mundo empezó a resquebrajarse con la caída del consumo, el avance del comercio electrónico y una estructura financiera cada vez más debilitada.
La promesa fallida de rescate
En 2020 la compañía cambió de manos. El empresario Carlos Rosales, dueño del grupo asegurador Prof, adquirió Garbarino con la promesa de un ambicioso plan de reactivación.
El proyecto incluía inversiones, nuevas unidades de negocio y una reestructuración de la deuda.
Pero la crisis financiera de la empresa era demasiado profunda. Las ventas se desplomaron, comenzaron los conflictos laborales y los proveedores dejaron de entregar mercadería. Los locales empezaron a cerrar uno tras otro.
En 2021 la firma se presentó en concurso preventivo. Fue el inicio formal de una batalla judicial que terminó prolongándose durante más de cuatro años.
El final de una marca emblemática
Los informes presentados en el expediente reflejan el nivel de deterioro al que había llegado la empresa en sus últimos meses: menos de veinte empleados, apenas tres locales abiertos y ventas casi testimoniales.
En ese contexto, la posibilidad de un rescate era cada vez más remota.
Ahora, con la quiebra ya decretada, comienza el proceso de liquidación judicial. La sindicatura deberá rastrear activos —marcas, participaciones societarias o bienes remanentes— para intentar cubrir parte de las deudas.
Pero incluso dentro del expediente judicial se admite que el patrimonio disponible parece muy limitado.
Así se cierra la historia de una de las marcas más emblemáticas del comercio argentino: una empresa que durante décadas fue símbolo del consumo en cuotas y que terminó convertida en un caso paradigmático de derrumbe empresarial.
