El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura.
- Publicidad -

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura. Al menos 150 pequeños banqueros, empresarios y financistas, todos argentinos que se movían con capital nacional fueron intervenidos y destruidos por la última dictadura militar.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura. Entre ellos, se encuentra el «Caso Chavanne e Industrias Grassi» dueños, primero uno, después el otro, del Banco de Hurlingham, del que todos los propietarios, algunos familiares y personal jerárquico fueron secuestrados y detenidos de manera clandestina en Campo de Mayo para recién meses después «blanqueados». El mismo procedimiento realizaron con la empresa con la que el «Grupo Chavanne» había trabado una alianza estratégica, «Industrias Grassi».

¿El objetivo? El robo del Banco de Hurlingham para facilitar el mercado a la competencia.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura
El Banco de Hurlingham en los años 1960

La dictadura había desplegado un modelo monetarista de concentración que llevó adelante el equipo económico del Ministro de Economía de la dictadura: Alfredo Martínez de Hoz y sus funcionarios, entre los que estaba uno de los hombres más letales para el sector de la pequeña economía nacional productiva o financiera: Juan Alberto Etchebarne, entonces Presidente de la Comisión Nacional de Valores.

- SUSCRIBITE GRATIS -

Hubo una estrecha relación entre las grandes empresas transnacionales, los banqueros nacionales y extranjeros, los organismos de control financiero y la Dictadura Militar para que pueda darse la transformación. ¿Qué transformación? Pasar de la Patria Productiva, de la Patria Desarrollista, a la Patria Financiera.

Los archivos de la Comisión Nacional de Valores (CNV) fueron y son claves para entender qué pasó y cómo en la economía a tal punto que de repente, a la industria nacional le convenía importar y distribuir y dejar de producir y a un banco tomar pesos a tasas exorbitantes para comprar dólares.

Juan Alberto Etchebarne
Juan Alberto Etchebarne

La documentación de la Comisión Nacional de Valores se abrió a investigadores durante la gestión de Alejandro Vanoli, cuando presidió el organismo entre 2009 y 2014, bajo el primer y segundo mando de Cristina Fernández de Kirchner.

Fue una decisión necesaria por los pedidos de información que surgían por parte de juces, fiscales y peritos frente a las causas judiciales por crímenes de lesa humanidad.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

La apertura permitió confirmar a partir de la relectura de las actas y documentos redactados durante la última Dictadura Militar, la colaboración y el vínculo entre la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central y el Banco Nación, con los militares involucrados en la represión ilegal y los grupos de tareas.

O sea que estamos frente a la combinación de funcionarios de altos cargos como Juan Alberto Etchebarne al frente de la Comisión Nacional de Valores relacionado con el jefe de una de las patotas más famosas de Campo de Mayo a cargo de Raúl Antonio Guglielminetti, alias Mayor Guastavino, ex agente de inteligencia perteneciente al Batallón 601.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura
Raúl Guglielminetti

Así se produjo la tortura y desaparición, la detención clandestina o el pase «disposición del Poder Ejecutivo Nacional» sin expectativas de juicio, de empresarios, banqueros y financistas.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

Este último fue el caso del Grupo Chavanne y Empresas Grassi. En total, 28 presos clandestinos que poco a poco fueron «blanqueados» y recuperaron su libertad.

Del “grupo empresario Chavanne”, fueron víctimas sus titulares, los hermanos Marcelo y Juan Claudio Chavanne, así como también la esposa de este último, Sara Duggan y su socio Jorge Tejerina.

También, altos funcionarios del Banco de Hurlingham, como los directivos Enrique García Mansilla, Francisco García Ordats, Alejandro Pinedo, Jaime Fernández Madero, Jorge Bulleraich, Bernardo Duggan, Marcelo Santurio, Aurelio Cid y Mauricio Lichtenstein.

Banco de Hurlingham en los años 1970
Banco de Hurlingham en los años 1970

Recién en 2011, Raúl Antonio Guglielminetti fue condenado a 20 años de prisión por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura pero por otras causas.

Y ahora, en 2021, Raúl Antonio Guglielminetti, está siendo juzgado junto a Juan Alberto Etchebarne por el caso que golpeó al Grupo Chevanne e Industrias Grassi.

La casua es la N° 8405 de 2010 que lleva adelante el Juez Daniel Rafecas y se la conoce como  “D´Alessandri, Francisco Obdulio y otros s/ privación ilegal de la libertad”. Y está procesado Juan Alfredo Etchebarne al ser titular la Comisión de Valores en 1977, cuando ocurrieron los hechos. Y el agente de Inteligencia, Raúl Antonio Guglielminetti.

También estuvieron procesados el Coronel (R) Francisco Obdulio D’Alessandri y el Comandante de Gendarmería Víctor Enrique Rei, ambos por los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencias y amenazas, pero fallecieron luego de once años de una causa judicial interminable.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

Los cuatro imputados, de los que quedan vivos dos, Juan Alfredo Etchebarne y Raúl Antonio Guglielminetti, fueron acusados por su intervención en los secuestros y el sometimiento a torturas de 28 personas, ocurridos entre septiembre y diciembre del año 1978, quienes fueron trasladadas al centro clandestino de detención y tortura que funcionó en la Prisión Militar de Campo de Mayo, que dependía del General Carlos Guillermo Suárez Mason.

Carlos Guillermo Suárez Mason
Carlos Guillermo Suárez Mason

Ahora bien, lo más sorprendente, es que los documentos de la Comisión Nacional de Valores revelaron cómo los representantes de las cámaras empresarias les dictaban las leyes – decretos a los militares que, como la de Entidades Financieras, destruyeron la estructura económica nacional que aún nos condiciona.

Con la Ley de Entidades Financieras, cualquier empresa podía fundar o comprar un banco o una financiera y comenzar a operar siempre y cuando el Banco Central lo autorizara. Entonces se multiplicaron por el simple hecho de que el respaldo era el mismo Banco Central. O sea, si el nuevo banco o financiera finalmente quebraba, el Estado debía responsabilizarse por la devolución de los ahorros.

Uno debería preguntarse qué es la Comisión Nacional de Valores ya que pocos conocen que existe y es un organismo de un peso mayúsculo, está en manos del Estado Nacional y regula el mercado de capitales.

Se supone que tiene que velar por la transparencia de las operaciones en la Bolsa y el Mercado de Valores. Se fundó en 1968 y desde entonces está bajo la jurisdicción del Ministerio de Economía. Y sin embargo durante la dictadura cumplió un rol importante en el área de inteligencia.

Su titular, Juan Alberto Etchebarne le pasaba información reservada al Ejército en Campo de Mayo sobre sobre banqueros, empresarios y financistas.

Campo de Mayo pertenecía al I Cuerpo del Ejército, y el I Cuerpo del Ejército estaba bajo el mando del entonces General Carlos Guillermo Suárez Mason.

A su vez, bajo la misma jurisdicción operaron los centros de tortura de Automotores Orletti, el Pozo de Banfield, La Cacha y El Olimpo, y el General Carlos Guillermo Suárez Mason también era jefe directo de Ramón Camps, titular de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

También tenía bajo su mando todo Campo de Mayo donde operaba el Batallón de Inteligencia 601 del Ejército, destinado a operaciones de secuestro extorsivo dentro e inclusive fuera del país.

A partir de la información suministrada por Juan Alberto Etchebarne como Presidente de la Comisión Nacional de Valores, actúa el General Carlos Guillermo Suárez Mason, jefe del I Cuerpo del Ejército y en menos de 20 días, 28 personas del Grupo Chavanne e Industrias Grassi fueron secuestradas.

Pero la relación entre el Batallón 601 de Inteligencia, el I Cuerpo del Ejército y la Comisión Nacional de Valores nunca se tuvo clara sino hasta 2009 cuando su titular, Alejandro Vanoli abrió los archivos de la CVN.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

Durante el Juicio a las Juntas, en 1985, la la CNV fue nombrada por algunos testigos, entre ellos Marcelo Chavanne.

Pero en 2012, a instancias del entonces director del Banco Central, Pedro Biscay, y del titular de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli, un equipo interdisciplinario conformado por un antropóloga, un sociólogo y un historiador, se abocaron a desclasificar el archivo y analizar las actas del directorio, las resoluciones, las direcciones escritas y las comunicaciones con otros organismos, como el Banco Central (BCRA) y el Banco Nación (BNA).

Entre otras cosas, el equipo descubrió que Juan Alberto Etchebarne titular de la Comisión Nacional de Valores durante la dictadura, mandó peritos a trabajar directamente a Campo de Mayo.

También que cumplían horario en la guarnición militar y su trabajo era proporcionarle información sobre empresas y empresarios al Ejército en el lugar donde tenían detenidos o secuestrados a varios banqueros y financistas, como a los 28 miembros del Grupo Chavanne e Industrias Grassi.

También había representantes del Banco Central y del Banco Nación. Por lo cual, los tres principales organismos estatales que tenían y tienen información de empresarios se establecieron junto al Ejército y el Batallón 601 en Campo de Mayo durante la dictadura, está claro, cívico militar.

Durante la dictadura, el Banco Central y el Banco Nación lo manejaban personas de carrera controladas por los militares. Y en el caso de la Comisión Nacional de Valores, Juan Alberto Etchebarne, amigo personal de José Alfredo Martínez de Hoz, fue nombrado presidente.

La colaboración fue dar información de empresarios, banqueros y financistas que luego eran detenidos o secuestrados. No les interesaba su filiación política sino saber qué tenían, cuántas empresas manejaban y por sobre todo, dónde habían obtenido los fondos.

¿Qué estaba pasando? Buscaban justamente el Tesoro de Los Montoneros que habían obtenido luego del pago del rescate por el secuestro de los hermanos Jorge y Juan Born, de 39 y 40 años, de 60 millones de dólares.

En 1975, cuando se produjo el secuestro de los hermanos Born, el monto que cobrado de 60 millones de dólares, equivalía al Presupuesto Anual del Ministerio de Defensa. Acá parte la obsesión de las Fuerzas Armadas durante la dictadura, ¿quién le manejaba los fondos a Montoneros? Y sin tener certezas, salieron detrás de cualquier que apenas fuera «sospechoso» aunque no tuvieran ninguna prueba.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

¿Dónde entra el Grupo Chavanne e Industrias Grassi para ese momento? Le habían «comprado» el Banco de Hurlingham a la ya entonces viuda de David Graiver, llamado el Banquero de Los Montoneros, Lidia Papaleo.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura
David Graiver, el banquero de Los Montoneros

En verdad le habían hecho un depósito de los diez en que se habían comprometido los hermanos Chavanne, de 600 mil dólares en una escribanía hasta que el Banco Central aprobara la transferencia.

Pero el grupo de peritos del Banco Central, del Banco Nación, más los aportes de la Comisión Nacional de Valores, se instalaron en Campo de Mayo y se consolidó como Grupo de Inteligencia y llevaron a Carlos Guillermo Suárez Mason a secuestrar a los principales integrantes de los dos grupos: Chavanne y Grassi que tenían la tenencia y administración como «posesión precaria».

Como instrumento legal se utilizó la Ley de Subversión Económica aprobada en el año 1974. Y aunque había sido sancionada en democracia, la utilizaba el Presidente de facto Jorge Rafael Videla duplicando las penas y modificando algunos artículos, para poder perseguir activos económicos de organizaciones armadas.

Pero no siempre se aplicaba la ley. La mayoría de las veces, se producían los secuestros y los militares se apropiaban de todos los activos de los empresarios, financistas o banqueros con la excusa de cometer actos de subversión económica y luego los liberaban.

De esta manera, los militares hicieron pequeñas grandes fortunas para la época. Robaron bancos, financieras, empresas y hasta se demostró que obtuvieron dinero fresco los interventores de empresas del estado a través de pedidos de dinero al Tesoro Nacional que a su vez lo obtenía dinero fácilmente del Fondo Monetario Internacional.

Tanto que entre 1978 y 1979, las Fuerzas Armadas pidieron prestado más dinero que nunca, dinero que el Fondo Monetario Internacional jamás les negó, sino que les facilitó.

Lamentablemente, a partir de 2015, con el cambio del Gobierno Nacional, la llamada Oficina de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Valores fue reducida a la nada lentamente.

Esto permitió, por ejemplo, que el entonces Ministro de Finanzas Luis Caputo, emitir deuda para comprarla con su propia fortuna.

Sino media la violencia irracional de la dictadura, ni las detenciones ilegales, está claro que empresarios y financistas ocupan lugares en el Estado Nacional para hacer negocios personales.

Durante el mismo período, se reabre la Junta Nacional de Granos y el Presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere, la lleva adelante desde la Secretaría de Agricultura. Acá está clara la concentración de cargos: Presidente de la Sociedad Rural Argentina, titular de la Junta Nacional de Granos y Secretario de Agricultura de la Nación.

A pesar de ser un hombre de fortuna y tener tres cargos relevantes, dos de ellos en el Estado, Luis Miguel Etchevehere tiene en su haber actualmente: a) en la Justicia Federal está imputado por evasión tributaria y violación a la Ley Penal Cambiaria; b) una causa por la explotación laboral de los hermanos Sergio (59) y Antonio (65) Cornejo durante 38 años en la estancia La Hoyita; c) en su provincia natal, Entre Ríos, tiene dos causas abiertas: una por administración fraudulenta y otra por evasión tributaria.

Por último, y para no aburrir en casos de hombres del sector privado que ingresan al estado sólo para realizar negocios, los integrantes de la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) ocuparon los principales bancos públicos entre 2015 y 2019.

Con estos tres casos sólo intentamos señalar que aquellos que piden que el estado no intervenga en las actividades privadas, quieren ocuparlo, y cuándo lo ocupan, no es para constituir el bien general sino fortalecer los intereses particulares.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

Está lógica sufrió el Grupo Chavanne e Industrias Grassi, porque no seamos ingenuos, el Ministro de Economía de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz tenía toda una trayectoria en el sector privado.

Antes de formar el Gabinete del Presidente de Facto Jorge Rafael Videla, dirigió la estancia Malal Hué, la Aseguradora Buenos Aires Compañía de Seguros, la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad; la petrolera Petrosur y la financiera Rosafin. ​En este punto, comienza su relación con la familia Rockefeller quienes los conectan a organismos financieros internacionales y así llega a dirigir la acería Acindar durante los años inmediatamente precedentes al golpe de Estado.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura
La Estancia Malal Hué que administró José Alfredo Martínez de Hoz

¿Para qué dejar Acindar, una empresa gigantesca y con proyección, para asumir como Ministro de Economía? Por ambición personal desplegada desde el Estado Nacional.

Por eso la dictadura genocida de Videla no fue liberal sino que se pensó como una «élite» de gente que reunía los méritos suficientes para «eliminar la subversión» y sacar el país adelante.

¿Qué ocurrió? El mercado productivo fue destrozado, los niveles de inflación llegaron a híper inflación en 1981, el sistema financiero colapsó y el Estado Nacional absorbió toda la deuda.

Por lo tanto, además de producir un genocidio, la dictadura modificó la legislación con la aprobación de la Ley de Entidades Financieras, que jamás modificó la democracia. También firmó la Ley de Aduanas y la Ley de Inversiones Extranjeras, que con algunas modificaciones, sigue vigente. Estas tres leyes cambiaron por completo la forma de crecer e incorporar nuevos actores a las grandes ligas.

Sin embargo, durante la dictadura, las grandes empresas liberales que apoyaron el Golpe de Estado que llevó adelante Jorge Rafael Videla, se hicieron más grandes tomando deuda en dólares, es decir, capitalizándose con autorización del Banco Central y la Comisión de Valores y cuándo reunieron todo el dinero, lo desviaron, llamaron a quiebra y el Estado Nacional se hizo cargo de la deuda externa privada que para 1982 se convirtió en pública.

¿Cómo empezó todo? Desde el inicio de la dictadura, comienza a funcionar la Comisión de Asesoramiento Legislativo se instaló en el Congreso de la Nación. Se la llamó por sus siglas, CAL, y mantenía reuniones con todos los miembros del Gobierno de Facto.

La transcripciones de muchas de las reuniones están en la Comisión Nacional de Valores, incluso las reuniones que sostuvieron con José Alfredo Martínez de Hoz.

A su vez, todos los representantes del sistema financiero se reunían con los integrantes de la Comisión de Asesoramiento Legislativo para dictarle las reglas de juego.

El Banco de Hurlingham y su caída por la última dictadura

En el libro «La Dictadura del Capital Financiero», escritor por el historiador Bruno Nápoli, Celeste Perosino y Walter Bosisio, en base a los archivos de la Comisión Nacional de Valores cuentan que, para sintetizar, que algunos documentos dan cuenta de que algunos militares consideraban exagerado lo que reclamaban los civiles. Pero los civiles ganaron simplemente porque le permitían a las Fuerzas Armadas llenarse de dinero vía deuda. Fueron los banqueros los que influyeron a la Comisión de Asesoramiento Legislativo para reescribir la legislación financiera argentina y lograron abrir la economía. Entonces empezaron a llover los dólares y todos se llevaron una parte importante. Las grandes empresas, los grandes bancos y las Fuerzas Armadas y sus integrantes. La alianza con el sector financiero fue clara. Llenarse de dinero, financiar una dictadura mientras ellos hicieron el trabajo sucio.

En este contexto, cae el Grupo Chavannne e Industrias Grassi. El primero, administradora de una empresa que vendía lotes en Uruguay. La segunda, una metalúrgica. No participaban de las grandes ligas y encima compran el Banco de Hurlingham de David Graiver, el Banquero de los Montoneros.

Al diario La Capital de Santa Fé, el historiador Bruno Nápoli, uno de los autores de «La Dictadura del Capital Financiero», dijo el 24 de marzo de 2021: «Nosotros trabajamos sobre 150 casos de banqueros empresarios y financistas. Tal vez haya más. Los secuestros tuvieron como objetivo el robo básicamente. Pero al mismo tiempo, la dictadura vino a fortalecer algo que estaba de hace 20 años antes gestándose lentamente en Argentina, que era la financiarización», y así dejá en claro cómo le roban con excusas el banco al Grupo Chavanne y luego a Industrias Grassi.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos

Anticipos Diario
- Publicidad -