Un número que depende de qué se cuenta
Con corte al 29 de septiembre de 2026, el recuento de los principales expedientes es tres investigaciones sin cierre público localizado y dos sobreseimientos cuya revisión fue recurrida o anunciada. Es una cuenta de casos relevantes en los que Macri fue denunciado o investigado; no equivale a un total oficial actualizado ni incluye cada denuncia presentada a lo largo de su carrera política.
La diferencia importa: una denuncia puede sumarse a otra causa, archivarse o no avanzar. Un relevamiento basado en datos del Centro de Información Judicial contabilizó 144 denuncias contra Macri durante sus cuatro años de Presidencia, pero ese número histórico no significa que hoy existan 144 investigaciones abiertas. Tampoco una denuncia o imputación equivale a una condena.
Correo Argentino
Inicio y origen: El expediente se impulsó en 2017, a partir de una denuncia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, apoyada en las observaciones de la fiscal comercial Gabriela Boquín. El fiscal Juan Pedro Zoni pidió que se investigara el acuerdo de 2016 entre el Estado y Correo Argentino S.A., empresa vinculada a la familia Macri.
Qué se denunció: Se cuestionó si el acuerdo para cobrar la deuda de la empresa representaba una quita perjudicial para el Estado y si hubo irregularidades de funcionarios en la negociación. Esas son hipótesis de la investigación, no hechos probados.
Estado: El expediente sigue sin una resolución final informada. En septiembre de 2026, el juez Ariel Lijo ordenó un nuevo informe técnico para comparar el crédito estatal con la propuesta de pago de la empresa y calcular si hubo una reducción indebida.
Parques eólicos
Inicio y origen: La causa comenzó en enero de 2018, tras denuncias de los diputados Rodolfo Tailhade y Martín Doñate, que recogieron una investigación periodística sobre la compra y reventa de proyectos de parques eólicos.
Qué se denunció: Los denunciantes sostuvieron que empresas vinculadas a la familia Macri habrían comprado proyectos eólicos y luego los revendido con una ganancia importante, y pidieron investigar posibles negociaciones incompatibles, tráfico de influencias y perjuicio al Estado. La causa debe determinar si hubo intervención o beneficio ilegal; la denuncia por sí sola no prueba que ocurriera.
Estado: El expediente continúa sin cierre público localizado. En agosto de 2026, se informó que la investigación incorporó datos oficiales sobre movimientos de cuentas bancarias en Estados Unidos. La causa tramita ante el juzgado federal de Marcelo Martínez de Giorgi, con intervención del fiscal Eduardo Taiano.
El acuerdo con el FMI
Inicio y origen: La causa se inició en mayo de 2019, por una denuncia del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno. Después se incorporaron otras presentaciones, entre ellas una de la Oficina Anticorrupción.
Qué se denunció: Se pidió investigar si la firma del acuerdo stand-by con el FMI y el manejo del préstamo implicaron administración fraudulenta, malversación u otros delitos por parte de Macri y funcionarios económicos de su gobierno. La hipótesis denunciada incluía el destino de los fondos y su relación con la salida de capitales.
Estado: La jueza María Eugenia Capuchetti archivó el expediente en febrero de 2026 y la Sala I de la Cámara Federal confirmó el sobreseimiento el 4 de septiembre. El fiscal ante la Cámara, José Luis Agüero Iturbe, presentó un recurso ante Casación el 17 de septiembre. Al cierre de esta nota no se había informado una decisión de Casación.
Correos privados y espionaje de la AFI
Inicio y origen: La causa se abrió en mayo de 2020, después de una denuncia de la entonces interventora de la Agencia Federal de Inteligencia, Cristina Caamaño.
Qué se denunció: La presentación planteó que información privada —incluidos correos electrónicos de dirigentes, periodistas y otras personas— habría sido obtenida o almacenada ilegalmente en dispositivos relacionados con la AFI. Macri fue incluido junto con los exjefes de la agencia Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
Estado: El juez Marcelo Martínez de Giorgi sobreseyó a Macri y a los otros exfuncionarios. El 7 de septiembre de 2026, la Cámara Federal confirmó esa decisión al considerar que la evidencia del disco no tenía una cadena de custodia suficientemente acreditada. El fiscal Agüero Iturbe anunció que recurriría el fallo ante Casación; al 29 de septiembre no se había publicado una decisión de ese tribunal.
Envío de armas a Bolivia
Inicio y origen: La denuncia se presentó en julio de 2021. La impulsaron funcionarios del gobierno de Alberto Fernández —entre ellos la ministra de Seguridad Sabina Frederic, la titular de AFIP Mercedes Marcó del Pont y el ministro de Justicia Martín Soria— y, por separado, el exjuez Eduardo Freiler.
Qué se denunció: La presentación cuestionó el envío de material antidisturbios a Bolivia en noviembre de 2019, tras la salida de Evo Morales. Según la denuncia, la carga —que incluía cartuchos y granadas de gas— habría sido documentada como apoyo para la seguridad de la embajada y desviada a fuerzas bolivianas. Se investigaron posibles delitos vinculados con contrabando agravado de material bélico e incumplimiento de deberes.
Estado: El fiscal Claudio Navas Rial impulsó la investigación penal. La última cobertura sustantiva localizada, de junio de 2024, describía el expediente como estancado; no encontré una resolución pública posterior que lo cierre. Por eso figura entre los casos sin cierre público localizado, aunque no se informa aquí un avance reciente.
Un pedido separado sobre un presunto plan de espionaje
En 2022, el fiscal Franco Picardi pidió que se investigara el posible rol de Macri en un presunto plan sistemático de espionaje ilegal durante su gobierno. El pedido surgió en el marco de otra investigación sobre la AFI y se refería a la posible responsabilidad jerárquica de Macri respecto de sus autoridades.
Ese requerimiento no es una condena ni equivale, por sí solo, a un procesamiento. Como las fuentes públicas consultadas no permiten establecer una resolución definitiva sobre la situación procesal individual de Macri en ese tramo, no lo sumo como una sexta causa confirmada al recuento principal.
Expedientes conocidos que ya tuvieron un cierre
Peajes y concesiones viales. A partir de denuncias presentadas en 2019 por legisladores como Leopoldo Moreau, Carlos Castagneto, Adrián Grana y Rodolfo Tailhade, se investigaron los acuerdos con Autopistas del Sol y Grupo Concesionario del Oeste. Los denunciantes alegaron que las renegociaciones podían beneficiar a empresas en las que tenía participación la familia Macri y perjudicar al Estado. En 2026 se informaron cierres y sobreseimientos definitivos para los exfuncionarios investigados; Macri no llegó a ser procesado en ese expediente.
Espionaje a familiares de los tripulantes del ARA San Juan. La entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, presentó la denuncia en 2020. Se investigó el seguimiento de familiares de los 44 tripulantes entre 2017 y 2018. El procesamiento de Macri dictado durante la instrucción fue revocado y, tras decisiones de tribunales superiores, su sobreseimiento quedó firme en octubre de 2025. Es un expediente distinto del caso de los correos privados de la AFI.
Mesa judicial. La denuncia de legisladores del Frente de Todos, entre ellos Martín Soria, Rodolfo Tailhade, Leopoldo Moreau y Eduardo Valdés, pidió investigar presuntas presiones de funcionarios y allegados del gobierno de Macri sobre jueces. En enero de 2024, la jueza María Eugenia Capuchetti sobreseyó a Macri y a otros exfuncionarios por inexistencia de delito; la Cámara confirmó el cierre en mayo de ese año.
Panama Papers y sociedades offshore. Las revelaciones de 2016 derivaron en distintas presentaciones sobre sociedades vinculadas a Macri y su familia, entre ellas Fleg Trading y Kagemusha. No fue un solo expediente: los distintos tramos tuvieron decisiones separadas y varios terminaron con el sobreseimiento de Macri o el archivo de la investigación por no acreditarse delito en su actuación.
Avianca y MacAir. En 2017, el diputado Juan Cabandié denunció que la venta de MacAir y la asignación de rutas aéreas a Avianca podían haber favorecido al entorno empresario de Macri. En 2018, el juez Sergio Torres archivó ese tramo al considerar que no se había acreditado delito.
Escuchas ilegales en la Ciudad de Buenos Aires. La investigación se originó en la denuncia de Sergio Burstein, familiar de una de las víctimas del atentado a la AMIA, quien afirmó que había sido espiado por la Policía Metropolitana. Macri, entonces jefe de Gobierno, fue procesado en la causa, pero el procesamiento fue revocado y no llegó a juicio por ese expediente. La investigación continuó respecto de otros acusados.
En octubre de 2021, un relevamiento de Primera Fuente habló de siete causas en las que Macri estaba imputado y mencionó, entre otras, los expedientes por el Correo Argentino, el envío de armas a Bolivia, el Grupo Indalo, la Mesa Judicial y el espionaje a familiares del ARA San Juan. Ese listado retrata el estado de las investigaciones de entonces: varias tuvieron resoluciones posteriores y no deben contarse hoy como causas abiertas.
Qué dice hoy el recuento
La respuesta más precisa no es una cifra aislada. Tres causas principales no tienen un cierre público localizado: Correo Argentino, Parques Eólicos y Armas a Bolivia. Otras dos siguen en discusión procesal: el sobreseimiento por el FMI fue recurrido y el del caso de los correos de la AFI tiene una impugnación anunciada. Además, hay un pedido separado para investigar el posible rol de Macri en un plan de espionaje, cuyo estado individual no pude confirmar con una resolución pública.
Por eso, decir que Macri “tiene 144 causas” confunde denuncias históricas con investigaciones actuales. Los expedientes reseñados tienen estados distintos —instrucción, sobreseimiento, apelación o cierre— y las acusaciones deben atribuirse a quienes las formularon hasta que haya una decisión judicial firme.
