Fue un jueves como cualquier otro en la puerta del Colegio Emaús hasta que dejó de serlo. En pleno horario de ingreso, con las familias todavía circulando entre las calles Dinamarca y D’Amico, un ex comisario de más de 50 años identificado como Hernán Mariano Catarraso fue asaltado y baleado a solo 25 metros de la entrada del establecimiento.
Casi en simultáneo, a pocas cuadras, una mujer que llevaba a sus hijos al colegio fue interceptada por un auto: los ocupantes, armados, la obligaron a bajarse del vehículo mientras la apuntaban.
La crónica de los hechos y los videos de las Cámaras de Seguridad que el COM Morón le pasó a América 24✅✅✅👇:
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Dos hechos, un mismo radio de pocos metros, la misma mañana. Y un dato que le dio al episodio una dimensión distinta a la de cualquier otro hecho de inseguridad en el conurbano: a 25 metros de donde cayó baleado el excomisario, todas las mañanas, el intendente de Morón, Lucas Ghi, deja a su propio hijo en la puerta del colegio del que él mismo egresó y en el que trabajó como docente antes de asumir la gestión municipal.
«Hernán Mariano Catarraso deja el auto a veinticinco metros de donde lo dejo yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo», reconoció Ghi, visiblemente afectado por un episodio que lo atraviesa desde varios lugares a la vez: como padre, como exalumno, como exdocente y como jefe comunal del distrito donde ocurrieron los hechos.
Para las 18 horas de hoy, los padres convocaron a una movilización vecinal bajo la consigna «Basta de inseguridad. Nuestros hijos también tienen derecho a estudiar tranquilos». Según el flyer que circuló entre las familias, el reclamo apunta directamente al gobierno provincial.
La policía comunal, con armas propias hasta que la ley provincial habilite otra cosa
En ese contexto se conoció la definición más fuerte de Ghi en los últimos meses: la nueva policía comunal de Morón, que debutará en la calle en los primeros días de diciembre, podrá hacer uso de sus armas de fuego personales.
No se trata, vale aclararlo, de que el municipio vaya a entregarles pistolas reglamentarias a sus 130 primeros efectivos. La explicación es más específica y tiene que ver con un atajo legal: los integrantes de esta primera camada son exintegrantes de fuerzas de seguridad que pasaron a retiro de forma voluntaria pero que conservan su estado policial. Esa condición los habilita, como a cualquier expolicía o exgendarme retirado, a portar legítimamente un arma personal y a utilizarla ante una situación que lo amerite —estén o no de servicio, sean o no parte de la policía comunal.
Lo que el municipio no puede hacer, porque la ley bonaerense se lo prohíbe expresamente, es comprarles y entregarles armamento letal como empleador. Ningún intendente de la provincia puede hoy dotar de pistolas o revólveres a una fuerza de seguridad local. Por eso el esquema que delineó Ghi combina dos cosas: el municipio proveerá elementos de baja letalidad como dotación institucional (el equipamiento «oficial» de la fuerza), mientras que cada efectivo podrá recurrir a su arma personal reglamentaria —la que ya tenía antes de sumarse a la policía comunal— si la situación lo amerita.
«Se está trabajando con la provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción», explicó el intendente, que además confirmó que mantiene un diálogo directo tanto con la Gobernación como con el Ministerio de Seguridad bonaerense para intentar destrabar esa reforma. Para Ghi, el esquema actual —dotación de baja letalidad más arma personal disponible en emergencias— alcanza en lo inmediato, aunque no oculta que buscará ampliar las facultades legales de la fuerza en cuanto la Legislatura se lo permita.
De 2.200 postulantes a 130 uniformados: así se armó la primera camada
El proceso de selección arrancó de una base de 2.200 postulantes, todos con estado policial vigente. El municipio hizo un cruce exhaustivo de legajos para descartar a cualquiera que hubiera sido dado de baja por inconducta o por motivos con implicancia penal. Sobre lo que quedó, se aplicó además una evaluación psicofísica que terminó de decantar el número hasta los 130 efectivos que integran esta primera promoción.
El promedio de edad del grupo es de 40 años. Según pudo reconstruirse, la mayoría son vecinos de Morón o de municipios linderos que en algún momento se alejaron de sus fuerzas de origen por razones personales —mudanzas, proyectos laborales propios— y que respondieron a la convocatoria municipal cuando se abrió la inscripción. El hecho de que se trate de personal ya formado, con estado policial y experiencia previa, es lo que permitió comprimir el reentrenamiento a cuatro meses: la formación de un policía desde cero, aclaran en el municipio, hubiera demandado un año o más.
La fuerza no va a tener funciones de investigación, no va a hacer allanamientos ni se va a encargar del traslado de detenidos: es, en los términos del propio esquema que la crea, una policía de proximidad, pensada para intervenir ante delitos que se cometan en la vía pública y para tener presencia fija en los corredores escolares, las zonas comerciales y los puntos de mayor circulación. El municipio ya proyecta una segunda promoción para el primer cuatrimestre del año que viene.
Un intendente que pide patrulleros y admite que el municipio paga lo que le corresponde a la Provincia
El anuncio de la policía comunal convive con un reclamo más viejo y más amplio: Ghi sostiene que los recursos policiales que la Provincia destina a Morón son insuficientes. El municipio ya presentó una nota formal pidiendo 20 patrulleros adicionales y, en paralelo, negocia con el Banco Provincia el leasing para renovar otro tramo de la flota existente.
El intendente fue, además, bastante directo en un punto que suelen evitar varios de sus colegas: admitió que Morón —como pasa en distritos de distinto signo político en todo el conurbano— viene bancando con fondos municipales gastos que en teoría le corresponden a la órbita provincial. Habló puntualmente del pago de horas adicionales a efectivos de la Bonaerense y de la instalación de cámaras de videovigilancia y sistemas de alarma. «El vecino no reconoce jurisdicciones», resumió Ghi, en una frase que funciona casi como doctrina de gestión para explicar por qué el municipio termina poniendo plata donde constitucionalmente no debería.
El debate que lleva meses trabado en la Legislatura bonaerense
Lo de Morón no es un capítulo aislado. Se inscribe en una discusión que ya lleva más de un año dando vueltas en la Cámara de Diputados bonaerense, con dos proyectos que avanzan por carriles propios, independientes de la reforma que el gobierno de Axel Kicillof todavía no presentó formalmente.
Uno de esos proyectos es del diputado Carlos Puglelli, del Frente Renovador (dentro del bloque Fuerza Patria), que ya había presentado una iniciativa similar en 2025 y la volvió a poner en danza este año. Su propuesta crea la figura de las Policías Comunales para los municipios que decidan adherir mediante ordenanza del Concejo Deliberante, con una dependencia orgánica y funcional bastante más directa del Departamento Ejecutivo municipal que la que tienen hoy las policías locales existentes. El proyecto de Puglelli también prevé un Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Comunales financiado con presupuesto provincial, y modifica tres leyes clave: la 12.068, la 12.154 (Sistema de Seguridad Pública) y, sobre todo, la 13.482, que regula el personal de las policías de la provincia de Buenos Aires. Incorporar a las policías comunales a ese régimen implicaría, en los hechos, darles un estatus jurídico equiparable al de las fuerzas provinciales —con lo que eso supone en materia de uso de la fuerza, régimen disciplinario y cobertura legal para sus integrantes.
El otro proyecto es del diputado Leonardo Moreno, del espacio kicillofista dentro de Unión por la Patria, y plantea un modelo bastante más acotado: una Policía Municipal de Proximidad, con un perfil estrictamente preventivo —patrullaje, vigilancia, intervención en conflictos vecinales, colaboración en el control del tránsito— pero sin funciones de custodia de personas ni de alojamiento de detenidos. Es, en la comparación, el proyecto con menor autonomía operativa de los dos.
Ninguno de los dos expedientes depende del Poder Ejecutivo provincial. Mientras tanto, el Ministerio de Seguridad bonaerense —a cargo de Javier Alonso— avanza en paralelo con una ronda de consultas con intendentes de los 135 municipios de la provincia, en el marco de la reforma de la Ley de Seguridad Pública que Kicillof se comprometió a enviar a la Legislatura pero que, a esta altura del año, todavía no tiene media sanción ni fecha concreta de tratamiento. Entonces contale a Hernán Mariano Catarraso qué opina de estos pequños atrasos.
Legisladores del propio oficialismo, como Jorge Ferraresi (ya de campaña), reivindicaron en su momento la necesidad de «modernizar la seguridad municipal» y «formalizar la creación de las policías municipales», en un contexto en el que los intendentes bonaerenses —de distintos signos políticos— vienen presionando fuerte para tener mayor margen de acción propia en seguridad. Pero lo de Ferraresi fueron solo palabras, declaraciones, ningún hecho real.
El debate, de hecho, no es nuevo: acumula más de cuatro décadas de proyectos con avances parciales y marchas atrás en la Legislatura bonaerense, con antecedentes como el que impulsó el exsenador Joaquín de la Torre, que tomó como modelo la experiencia que había desarrollado como intendente de San Miguel.
Zárate, el otro municipio que ya dio el paso
Morón no es el primer distrito bonaerense en avanzar con una fuerza local propia por fuera de la Bonaerense. En marzo de este año, el Concejo Deliberante de Zárate sancionó una ordenanza para crear su propia policía local, aunque con una diferencia respecto del esquema de Ghi: la norma zarateña condiciona expresamente el uso de armas de fuego por parte de esos efectivos a que exista, antes, una habilitación explícita de la legislación provincial. Es decir que Zárate eligió no avanzar por la vía del atajo del «estado policial» que sí usa Morón, y prefirió esperar a que la ley provincial las habilite de manera directa.
El caso de Zárate sirve además como advertencia sobre los riesgos de estos esquemas: en mayo de este año, un operativo con persecución y tiroteo terminó con cinco detenidos, entre ellos el hijo del entonces subsecretario de Seguridad municipal, Alejandro Ferreyra —que fue desafectado preventivamente de su cargo mientras se investigaba el episodio—. El hecho no está directamente vinculado a la policía local zarateña, pero expuso las tensiones que atraviesan a la seguridad municipal en distritos que, como Morón, buscan sumar herramientas propias frente a lo que consideran una respuesta insuficiente de la Bonaerense.
También San Isidro, de la mano del intendente Ramón Lanús, reclamó este año la posibilidad de contar con una policía local propia para los municipios grandes del conurbano, en la misma línea de reclamo que atraviesa a buena parte de los intendentes bonaerenses, más allá de su signo político.
Lo que dicen —y lo que temen— los organismos de derechos humanos
La discusión sobre policías locales o comunales arrastra en la provincia de Buenos Aires una tensión de fondo que no es nueva. Organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) vienen señalando desde hace años —a propósito de distintas experiencias de policías locales en el conurbano— la necesidad de que cualquier fuerza de seguridad municipal cuente con mecanismos claros de control externo, protocolos de uso de la fuerza y canales de rendición de cuentas, precisamente para evitar que la cercanía territorial de estas fuerzas se traduzca en menor control sobre su actuación. En otros distritos donde ya funcionan policías locales, la CPM llegó a pedir audiencias públicas para discutir en el ámbito institucional la formación, integración y fines de esas fuerzas.
Ese es, en el fondo, el nudo del debate que también atraviesa al esquema de Morón: habilitar a efectivos con estado policial —pero sin la dependencia orgánica ni los mecanismos de control de la Bonaerense— a usar armas de fuego personales en tareas de patrullaje municipal es, para especialistas en seguridad, un terreno gris que todavía no tiene una regulación específica y homogénea en la provincia.
Lo que viene
Con la policía comunal ya en marcha y la presión vecinal creciendo tras el episodio frente al Colegio Nacional, Ghi apuesta a que la Legislatura bonaerense destrabe alguno de los dos proyectos en danza —o que el propio Kicillof presente, de una vez, la reforma que sus funcionarios vienen prometiendo desde hace meses. Hasta que eso ocurra, la policía comunal moronense saldrá a la calle en diciembre con dotación de baja letalidad institucional… y con la posibilidad, de hecho, de que sus 130 efectivos recurran a sus propias armas si la situación lo exige.
