El gobernador Axel Kicillof volvió a poner en marcha el debate para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes bonaerenses, una iniciativa que busca garantizar el respaldo político de los jefes comunales en medio de la interna del peronismo. La decisión contrasta con otra promesa que el propio mandatario realizó hace meses y que, hasta el momento, permanece incumplida: la presentación de una Ley de Seguridad destinada a dar un marco legal a las patrullas municipales y demás estructuras de prevención creadas por los municipios.
El 2 de marzo de 2026, Axel Kicillof dijo: «Pido a esta Legislatura que apruebe la nueva ley para el personal policial, que actualiza la normativa, y regula el reclutamiento y la carrera policial con los parámetros propios de una policía del siglo XXI. También enviaremos una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de 30 años de antigüedad y debe ser actualizada en casi todos sus aspectos».
Pero esto no ocurrió y ahora el Gobernador Axel Kicillof en su carrera por la Presidencia, apura la reelección indefinida que no apoya el Frente Renovador de Sergiro Massa.
La promesa que nunca llegó
Kicillof prometió una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública, pero el proyecto aún no llegó a la Legislatura
El gobernador Axel Kicillof anunció públicamente que enviaría a la Legislatura bonaerense una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154) y una nueva Ley de Personal Policial durante la apertura del 154° período de sesiones ordinarias, realizada el 2 de marzo de 2026 en La Plata. Un día después volvió a ratificar ese compromiso al inaugurar el ciclo lectivo para aspirantes de la Policía Municipal, aunque, hasta el momento, la iniciativa no fue presentada formalmente.
El anuncio realizado en la apertura de sesiones
Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, Kicillof incluyó la seguridad como uno de los ejes de la agenda legislativa del Ejecutivo. En ese contexto anunció el envío de dos proyectos de ley: 1) una nueva Ley de Personal Policial, destinada a actualizar el régimen de los efectivos de la Policía Bonaerense; y 2) una reforma integral de la Ley de Seguridad Pública (Ley 12.154), con el objetivo de adecuar el sistema de seguridad provincial a la realidad actual.
Aunque en ese momento el texto todavía no había ingresado a la Legislatura, el gobernador adelantó que la reforma buscaría modernizar el esquema de prevención del delito y fortalecer el funcionamiento de los municipios dentro del sistema de seguridad provincial.
Las modificaciones que preveía la iniciativa
Con el correr de los meses comenzaron a trascender los principales lineamientos del proyecto impulsado por el Gobierno bonaerense. Entre los cambios analizados figuraban 1) la creación de un marco legal para las patrullas municipales; 2) la regulación de los centros de monitoreo; 3) una mayor participación de los municipios en las tareas de prevención del delito; y 4) la posibilidad de institucionalizar las policías municipales o comunales, cuya estructura posteriormente comenzó a debatirse con los intendentes.
La iniciativa apuntaba a otorgar respaldo jurídico a herramientas que actualmente funcionan en numerosos distritos mediante ordenanzas, decretos o convenios, pero sin una regulación específica dentro de la legislación provincial.
La ratificación del anuncio al inaugurar el ciclo de la Policía Municipal
El 3 de marzo de 2026, durante el acto de inicio del ciclo lectivo para aspirantes de la Policía Municipal, Kicillof volvió a hacer referencia al proyecto anunciado el día anterior.
En esa oportunidad recordó expresamente el compromiso asumido ante la Legislatura al señalar: «Ayer dimos inicio en la Legislatura… comentamos y anunciamos la presentación de una ley que tiene que ver con esto que estamos haciendo hoy acá».
El acto estuvo dedicado precisamente al nuevo esquema de articulación entre la Provincia de Buenos Aires y los municipios en materia de prevención del delito, uno de los pilares de la reforma que el Ejecutivo anticipaba impulsar.
Las reuniones con intendentes para consensuar la reforma
Durante junio y julio de 2026, el Ministerio de Seguridad, conducido por Javier Alonso, inició una ronda de reuniones con intendentes de las distintas secciones electorales para consensuar el contenido de la futura reforma.
Los encuentros tuvieron como ejes principales 1) fortalecer el rol de los municipios en las políticas de seguridad; 2) otorgar respaldo legal a las guardias y patrullas municipales; y 3) avanzar en el diseño de una Policía Municipal o Policía Comunal integrada al sistema previsto por la Ley 12.154.
Una promesa legislativa que sigue pendiente
La secuencia de anuncios y reuniones demuestra que la reforma de la Ley de Seguridad Pública fue presentada por el propio Axel Kicillof como una de las prioridades legislativas de 2026. Sin embargo, pese a haber sido anunciada oficialmente en marzo, ratificada al día siguiente y discutida durante varios meses con los intendentes, el proyecto aún no fue enviado a la Legislatura bonaerense.
Este antecedente resulta relevante porque permite contrastar ese compromiso con otras iniciativas legislativas impulsadas posteriormente por el Gobierno provincial y evidencia que una de las principales promesas del gobernador en materia de seguridad continúa, hasta ahora, sin materializarse.
La prioridad cambió
Mientras la Ley de Seguridad reclamada por numerosos intendentes sigue sin aparecer, el Ejecutivo bonaerense decidió acelerar otro expediente: la eliminación de los límites a las reelecciones de los jefes comunales.
La decisión fue tomada por el propio gobernador, quien instruyó a sus legisladores para volver a impulsar el proyecto presentado en 2025 por la senadora Ayelén Durán, referente del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
La iniciativa busca derogar las restricciones vigentes y permitir nuevamente las reelecciones indefinidas de los intendentes, una demanda que vienen planteando numerosos alcaldes oficialistas y opositores.
Un gesto hacia los intendentes
En la Gobernación sostienen que el proyecto no está cerrado y que podrá recibir modificaciones durante el tratamiento legislativo. El objetivo inmediato sería instalar nuevamente el debate y responder al reclamo de los intendentes, muchos de los cuales quedarían impedidos de competir en las próximas elecciones si continúa vigente la actual legislación.
El tema también fue abordado durante la reunión que Kicillof mantuvo con la flamante Liga de Intendentes Peronistas, donde uno de los planteos centrales fue precisamente recuperar la posibilidad de las reelecciones indefinidas.
Interna y resistencia política
La iniciativa, sin embargo, no cuenta con consenso dentro del propio peronismo.
El Frente Renovador mantiene su histórica oposición a modificar la ley que impulsó hace una década para limitar las reelecciones, mientras que sectores del kirchnerismo también expresaron reparos en el marco de la disputa política con el axelismo.
Ante esas dificultades, algunos dirigentes incluso analizan alternativas para trasladar la decisión a los concejos deliberantes, apelando al principio de autonomía municipal establecido en el artículo 123 de la Constitución Nacional.
La contradicción política
El contraste resulta evidente. Mientras la inseguridad continúa encabezando las principales preocupaciones de los bonaerenses y los municipios esperan una Ley de Seguridad que les otorgue herramientas legales para actuar, el Gobierno provincial decidió colocar como prioridad política una reforma destinada a resolver la situación electoral de los intendentes.
La Ley de Seguridad anunciada por Axel Kicillof continúa sin fecha de presentación, pese a haber sido presentada como una de las reformas estructurales para fortalecer la prevención del delito.
En cambio, la eliminación de los límites a las reelecciones ya comenzó a moverse nuevamente en la Legislatura bonaerense con el respaldo explícito del gobernador, en una señal que muchos interpretan como un intento de consolidar el apoyo territorial de los intendentes en medio de la creciente disputa interna del oficialismo bonaerense.
La contradicción política
La contradicción resulta difícil de pasar por alto. Mientras la inseguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los bonaerenses y los municipios continúan esperando una Ley de Seguridad que Axel Kicillof prometió enviar para dar respaldo legal a las patrullas municipales y a los sistemas locales de prevención, el Gobierno provincial decidió concentrar sus esfuerzos legislativos en otro objetivo: habilitar nuevamente las reelecciones indefinidas de los intendentes.
La Ley de Seguridad anunciada por el gobernador durante la apertura de las sesiones ordinarias nunca llegó a la Legislatura bonaerense. Pese a las reuniones con intendentes, los anuncios oficiales y las declaraciones que la presentaban como una prioridad, el proyecto sigue sin ser enviado.
En cambio, la reforma para eliminar los límites a las reelecciones ya comenzó a ser impulsada por el oficialismo provincial. La decisión deja al descubierto una clara diferencia de prioridades: mientras una herramienta reclamada para enfrentar el delito continúa archivada en el terreno de las promesas, la iniciativa destinada a garantizar la continuidad política de decenas de intendentes avanza con el respaldo explícito del gobernador.
El mensaje político que transmite la administración provincial es inevitable: cuando se trata de fortalecer la seguridad de los vecinos, los proyectos pueden esperar; cuando se trata de asegurar el futuro electoral de la dirigencia, la maquinaria legislativa se pone en movimiento.
La alternativa que impulsan los intendentes
Mientras continúa la discusión por las reelecciones indefinidas, en la Legislatura bonaerense comenzó a tomar fuerza una alternativa que modificaría la Ley Orgánica de las Municipalidades. La iniciativa apunta a otorgar a los Concejos Deliberantes la facultad de definir si un intendente está habilitado para presentarse a un nuevo mandato o, por el contrario, debe dar paso a una sucesión dentro de su espacio político.
La propuesta es analizada en medio de las diferencias que persisten entre los distintos sectores del peronismo. Quienes impulsan esta opción sostienen que podría convertirse en un punto de equilibrio, al ofrecer mayores garantías institucionales y evitar un choque directo con la agenda de La Libertad Avanza, que promueve la implementación de la Boleta Única de Papel.
En paralelo, el sector que responde al gobernador Axel Kicillof mantiene su intención de que el proyecto para restablecer las reelecciones indefinidas sea debatido de manera independiente. Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que, por el momento, no cuentan con los votos necesarios para avanzar, debido al rechazo manifestado tanto por La Cámpora como por el Frente Renovador.
Especialistas advierten que la alternativa presenta serios cuestionamientos constitucionales
Desde el punto de vista jurídico, la posibilidad de modificar la Ley Orgánica de las Municipalidades para otorgar a los Concejos Deliberantes la facultad de definir si un intendente puede volver a postularse enfrenta importantes objeciones constitucionales y su viabilidad es considerada muy limitada por distintos especialistas.
Entre los principales cuestionamientos aparece que el derecho a ser candidato debe estar regulado por una ley de alcance general y no quedar sujeto a decisiones de cada cuerpo deliberativo. De lo contrario, podría vulnerarse el principio de igualdad, ya que un municipio podría habilitar una candidatura mientras otro la rechazara, pese a encontrarse ambos bajo el mismo régimen legal de la Provincia de Buenos Aires.
Otro de los puntos señalados es el evidente conflicto de intereses que implicaría delegar esa atribución en los concejales, quienes forman parte del mismo escenario político que el intendente, ya sea como aliados u opositores. Especialistas sostienen que una facultad de esas características abriría la puerta a decisiones discrecionales y derivaría, casi con seguridad, en una importante cantidad de presentaciones judiciales.
A ello se suma que la Ley Orgánica de las Municipalidades no regula de manera exclusiva las condiciones de elegibilidad de los jefes comunales. El régimen electoral bonaerense también se encuentra determinado por la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, la legislación electoral y otras normas complementarias, por lo que una modificación aislada de la ley municipal difícilmente resulte suficiente para introducir un mecanismo de estas características.
Además, juristas recuerdan que el artículo 191 de la Constitución bonaerense establece las condiciones generales para acceder al cargo de intendente y dispone que cualquier limitación al derecho de ser elegido debe responder a criterios objetivos, generales y razonables. En ese contexto, delegar esa decisión en un Concejo Deliberante sería, según distintas interpretaciones, susceptible de ser declarado inconstitucional por la Justicia.
Frente a este escenario, también existe cautela respecto de las versiones que comenzaron a circular en ámbitos legislativos. Por ese motivo, distintas fuentes consideran más prudente presentar la iniciativa como una alternativa que aún se encuentra bajo análisis y sin un texto definitivo. En ese sentido, señalan que, si bien en los pasillos de la Legislatura bonaerense se menciona la posibilidad de ampliar la intervención de los Concejos Deliberantes en los procesos de sucesión política de los intendentes, cualquier mecanismo que les otorgue la potestad de definir quién puede ser candidato enfrentaría, con la normativa vigente, serios cuestionamientos constitucionales y una alta probabilidad de terminar judicializado.
