Un convenio para trabajar. La gestión de Damián Selci firmó un convenio con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires para incorporar pasantes en el sistema judicial. La propuesta está dirigida a estudiantes de Abogacía o Criminalística que residan en Hurlingham y busca abrir una puerta real de ingreso al mundo laboral.
En un contexto económico complejo, con aumento del desempleo y caída de la actividad, el acuerdo aparece como una herramienta concreta para jóvenes que necesitan experiencia y formación. La iniciativa permite dar los primeros pasos dentro del ámbito judicial sin salir del distrito, algo poco frecuente en el conurbano.
Un sistema judicial concentrado fuera del distrito
Aunque Hurlingham forma parte del Departamento Judicial de Morón, la mayor parte de la estructura judicial se encuentra fuera del municipio. Fiscalías, juzgados y tribunales se concentran en Morón, mientras que en Hurlingham funcionan dependencias más acotadas.
Ministerio Público Fiscal en el Oeste: distribución de dependencias por distrito
Dónde están las fiscalías en el oeste y por qué este tipo de iniciativas gana peso en el territorio.
| 1) Distrito | Dependencias del MPF |
|---|---|
| 2) Morón | Entre 15 y 20 (Fiscalía General, UFIs y especializadas) |
| 3) Ituzaingó | 2 UFIs activas |
| 4) Hurlingham | 1 a 2 dependencias descentralizadas |
Esta distribución explica por qué las pasantías locales adquieren valor: permiten acercar el sistema judicial a quienes, de otro modo, deberían trasladarse diariamente a otros distritos.
Quiénes pueden aplicar y cuánto se cobra
La convocatoria está dirigida a estudiantes que vivan en Hurlingham, aunque cursen en universidades de otros distritos como la Universidad Nacional de La Matanza, la Universidad de Morón o la Universidad de Buenos Aires.
Los interesados deben enviar su CV a [email protected]. Según pudo saber este medio, las pasantías son rentadas y los montos se ubican entre 150.000 y 300.000 pesos mensuales, aunque se trata de ingresos acotados, pensados más como una instancia de formación que como un empleo pleno.
Del “meritorio” a las pasantías: un cambio de época
Durante años, el ingreso al sistema judicial estuvo marcado por la figura del “meritorio”, personas que trabajaban sin cobrar para ganar experiencia. Ese modelo, cuestionado por su precariedad, fue perdiendo terreno.
Hoy, las pasantías rentadas buscan ordenar ese acceso, ofreciendo formación con una compensación económica mínima y reglas más claras. Sin embargo, el debate sobre las condiciones de ingreso al sistema judicial sigue abierto.
Un contexto que empuja a buscar oportunidades
La recesión del primer trimestre de 2024 elevó la desocupación al 7,7% y dejó a más de 416 mil personas sin trabajo. La caída del 5,1% del PBI y el derrumbe de la inversión impactaron de lleno en sectores como la industria y la construcción.
En ese escenario, cada oportunidad de inserción laboral adquiere un valor mayor. Para muchos jóvenes, este tipo de programas representa no solo una experiencia, sino la posibilidad de empezar a construir un camino profesional.
Políticas locales para jóvenes
Además de estas pasantías, el Municipio de Hurlingham viene impulsando iniciativas orientadas a jóvenes de entre 13 y 30 años. Entre ellas se destacan A) la Escuela de Jóvenes Conductores, que facilita el acceso al registro y abre oportunidades laborales; B) el Polo Educativo frente a la estación Rubén Darío, con cursos de idiomas, programación y orientación vocacional; C) la Guardia Ambiental, creada en 2024 junto a la Universidad Nacional de Hurlingham; y D) las prácticas en la Clínica Veterinaria Municipal, desarrolladas con la Universidad de Buenos Aires.
En un escenario económico adverso, estas políticas buscan algo más que formación: intentan ofrecer una primera oportunidad real.
El empleo se derrumba en el arranque de 2024 y golpea a los hogares
La recesión económica durante el primer trimestre de 2024 dejó una marca profunda en el mercado laboral: el desempleo trepó dos puntos porcentuales, pasando del 5,7% a fines de 2023 al 7,7%, en un salto que expuso la fragilidad del sistema productivo y reforzó la necesidad de un convenio para trabajar como salida concreta. En términos concretos, 416.551 personas perdieron su trabajo entre enero y marzo sin lograr reinsertarse, lo que elevó la cifra proyectada de desocupados a más de 1,7 millones a nivel nacional, un escenario donde un convenio para trabajar empieza a tomar centralidad en el debate público.
El deterioro no fue aislado. Se dio en paralelo a una contracción del 5,1% del Producto Bruto Interno (PBI) y a un derrumbe del 23,4% en la inversión, dos indicadores que explican el freno abrupto de la actividad. En ese contexto, la ausencia de políticas activas refuerza la urgencia de herramientas como un convenio para trabajar, especialmente en territorios golpeados por la recesión.
Sectores clave en crisis y presión creciente sobre el mercado laboral
El impacto de la recesión se sintió con mayor intensidad en áreas estratégicas de la economía. La industria manufacturera registró un aumento de la desocupación de 2,2 puntos, alcanzando el 13%, mientras que la construcción sufrió un retroceso del 19,7%, fuertemente vinculado al congelamiento de la obra pública. En este escenario, propuestas como un convenio para trabajar aparecen como alternativas para sostener el empleo y generar nuevas oportunidades.
En paralelo, la caída del poder adquisitivo empujó a más personas a salir a buscar empleo. La tasa de actividad subió al 48%, superando el promedio histórico y reflejando una dinámica defensiva de los hogares. A esto se sumó el crecimiento de los ocupados que buscan otro trabajo, que llegó al 16%, elevando la presión total sobre el mercado laboral del 26,9% al 29,5%. En este marco, un convenio para trabajar se posiciona como una herramienta concreta frente a la creciente competencia por cada puesto.
Hogares más vulnerables y deterioro estructural del empleo
El golpe fue particularmente fuerte en los sectores más sensibles. La desocupación entre jefes de hogar prácticamente se duplicó, pasando del 2,7% al 5%, lo que impacta de lleno en la estabilidad económica de las familias. En términos de género, el desempleo femenino alcanzó el 8,4%, mientras que el masculino llegó al 7%, profundizando desigualdades y reforzando la necesidad de iniciativas como un convenio para trabajar.
Otro dato clave fue la aparente baja del empleo no registrado, que descendió del 36,8% al 35,6%. Lejos de representar una mejora, este indicador esconde una realidad más dura: la destrucción de puestos informales, que suelen ser los más vulnerables ante cualquier shock económico. En ese contexto, un convenio para trabajar puede funcionar como puente hacia empleos más formales y protegidos.
Respuestas locales frente a la falta de trabajo
En este escenario de crisis, comenzaron a surgir respuestas a nivel local para amortiguar el impacto. En Hurlingham, el municipio impulsó convenios y pasantías dentro del sistema judicial, consolidando en los hechos un convenio para trabajar orientado a jóvenes del distrito. Estas políticas buscan generar primeras oportunidades laborales, transformando a un convenio para trabajar en una herramienta concreta de inserción en un mercado cada vez más restrictivo.
La combinación de recesión, caída de la inversión y deterioro del empleo configura un panorama desafiante. En ese marco, un convenio para trabajar deja de ser solo una consigna para convertirse en una necesidad urgente frente a una crisis que ya impacta de lleno en los hogares.
