Ituzaingó marchó por Juan Cruz Leal. Fueron cientos de vecinos. En una tarde cargada de emoción y bronca, familiares, amigos y vecinos de Ituzaingó se movilizaron este viernes hacia la Plaza San Martín para exigir justicia por el crimen de Juan Cruz Leal, el joven asesinado hace dos semanas en un hecho que conmocionó a todo el oeste del conurbano. La jornada no fue una más: coincidió con la fecha en la que el chico habría cumplido 22 años, lo que transformó la convocatoria en un homenaje atravesado por el dolor y la memoria.
La concentración comenzó pasadas las 17 frente al edificio del Teatro Gran Ituzaingó, epicentro simbólico de la movilización. Allí, decenas de personas encendieron velas y desplegaron imágenes del joven, mientras en la marquesina del teatro se proyectaban fotografías de su vida cotidiana: sonrisas, encuentros con amigos, momentos familiares. Sobre la pantalla, una consigna clara y repetida: “Que se haga justicia. Que su muerte no quede en el olvido”.
Juan Cruz Leal era un joven querido en su barrio, con vínculos estrechos en su comunidad y una vida marcada por proyectos truncos. Sus allegados lo describen como “solidario, familiero y siempre dispuesto a dar una mano”. Había crecido en Ituzaingó, donde cursó sus estudios y construyó su círculo afectivo. Su asesinato, aseguran, no solo arrebató una vida, sino también un futuro que recién comenzaba a tomar forma.
El principal acusado es el policía porteño Lucas Adrián Gómez, quien fue detenido e imputado por “homicidio agravado”, una figura penal que contempla penas severas cuando el autor es miembro de una fuerza de seguridad y utiliza su arma reglamentaria. Según la investigación, Gómez estaba habilitado para portar arma al momento del hecho, lo que abre interrogantes sobre los controles internos y las responsabilidades institucionales.
Desde el escenario improvisado frente a la plaza, familiares y allegados tomaron la palabra. “Su ausencia duele todos los días, pero en fechas como esta se siente aún más. Hoy lo recordamos con amor, con fuerza y con el deseo profundo de que su historia no quede en el olvido”, expresaron, en medio de aplausos y lágrimas. La consigna se replicó en remeras, carteles y pancartas que acompañaron toda la jornada.
Entre los presentes estuvieron Diego Leal y Cecilia Otero, padres de la víctima, quienes se convirtieron en las voces más firmes del reclamo. Minutos antes de la marcha, Otero había anticipado el tono de la jornada: “No tengo lugar para la tristeza ni para sentarme a llorar. Tengo que hacer todo y más para que se haga justicia contra Lucas Adrián Gómez y contra los que lo dejaron estar en la calle portando un arma”, sostuvo con firmeza.
El padre, por su parte, aportó una mirada sobre el avance judicial. En declaraciones a la prensa, aseguró que “las evidencias son sólidas y todo apunta a la pena máxima”. También destacó el accionar de la fiscal María Alejandra Bonini, titular de la UFI N°2 de Ituzaingó, quien lleva adelante la causa: “Se está moviendo correctamente”, afirmó, aunque advirtió que el objetivo es ampliar la investigación.
En ese sentido, la familia insiste en que no solo debe juzgarse al autor material del crimen. Exigen que se investigue el accionar de efectivos de la Comisaría N°4 de Ituzaingó por presuntas maniobras de encubrimiento posteriores al hecho. “Hay responsabilidades que van más allá de quien disparó”, remarcaron, dejando en claro que el reclamo apunta también a posibles complicidades institucionales.
La movilización se desarrolló de manera pacífica, pero con una fuerte carga simbólica. Cada vela encendida, cada foto levantada y cada nombre pronunciado reforzaron una consigna que ya empieza a consolidarse en el distrito: justicia por Juan Cruz Leal. En Ituzaingó, el caso no se diluye. Por el contrario, crece como bandera colectiva en las calles.
Cómo fue el crimen de Juan Cruz Leal
El hecho ocurrió hace dos semanas en Ituzaingó, en circunstancias que todavía son materia de investigación judicial, pero sobre las que ya existen elementos clave incorporados a la causa. Según reconstruyeron los investigadores, todo se desencadenó en la vía pública, donde Juan Cruz Leal fue interceptado por el efectivo de la Policía de la Ciudad Lucas Adrián Gómez, quien se encontraba fuera de servicio pero portando su arma reglamentaria.
De acuerdo con las primeras pericias y testimonios recolectados, el policía efectuó al menos un disparo que impactó en el joven y le provocó heridas de gravedad. La secuencia, breve pero determinante, es analizada a partir de pruebas balísticas, registros de cámaras de seguridad de la zona y declaraciones de testigos que presenciaron el momento del ataque o sus instantes posteriores.
Uno de los puntos centrales que busca establecer la fiscal María Alejandra Bonini es si existió una situación previa que justificara el uso del arma o si, por el contrario, se trató de un accionar desproporcionado. En ese marco, la imputación por “homicidio agravado” indica que, en principio, la hipótesis judicial se inclina hacia un uso indebido de la fuerza letal por parte de un miembro de una fuerza de seguridad.
Tras el disparo, Juan Cruz Leal fue asistido y trasladado de urgencia, pero no logró sobrevivir a las lesiones. Su muerte generó una inmediata conmoción en el barrio y activó el reclamo de justicia por parte de su familia, que desde el primer momento denunció irregularidades en el accionar policial posterior al hecho.
Ese es otro de los ejes sensibles de la causa. Los familiares sostienen que hubo intentos de encubrimiento por parte de efectivos de la Comisaría N°4 de Ituzaingó, lo que motivó pedidos concretos para que se amplíe la investigación. La fiscalía, en ese sentido, ya ordenó medidas de prueba para determinar si existieron omisiones, alteraciones de la escena o maniobras destinadas a proteger al acusado.
Mientras avanza el expediente, la situación procesal de Lucas Adrián Gómez es comprometida. Permanece detenido y enfrenta una figura penal que prevé penas severas, en un caso que no solo pone bajo la lupa su accionar individual, sino también los mecanismos de control sobre el uso de armas por parte de agentes de seguridad fuera de servicio.
