Vuelo a Punta del Este. La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Alhorni sumó en las últimas horas un dato clave que contradice versiones públicas: el vuelo de ida a Punta del Este durante los carnavales de febrero no habría sido pagado por el propio funcionario, sino por una productora vinculada a su entorno personal. El expediente, que tramita en Comodoro Py, ya cuenta con documentación respaldatoria incorporada.
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Según consta en la causa que llevan adelante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, la empresa Imhouse SA abonó el traslado aéreo a través de la firma Alpha Centuri, proveedora del servicio de taxi aéreo. La revelación, confirmada por fuentes judiciales, introduce un elemento sensible: la relación entre el financiamiento del viaje y una empresa ligada a un periodista cercano al funcionario.
El dato no es menor en términos políticos y judiciales. La normativa sobre ética pública establece límites claros respecto de los beneficios que pueden recibir los funcionarios, especialmente cuando provienen de privados con vínculos laborales o profesionales. En este caso, la relación entre Alhorni y el periodista Marcelo Grandio —titular de la productora— es uno de los puntos bajo la lupa.
Las facturas que desmienten el relato
En el expediente ya figuran facturas que acreditan el pago del vuelo de ida, realizado mediante transferencia bancaria por 6.984.180 pesos (equivalentes a 4.830 dólares). Ese dinero, según la documentación, fue transferido por Imhouse SA a Alpha Centuri, la empresa que operó el avión privado.
El punto central de la controversia radica en que Marcelo Grandio había dado versiones contradictorias sobre quién pagó el viaje. En declaraciones públicas, afirmó: “Lo pagó él con su plata”, aunque luego agregó una frase confusa: “Lo pagó él con plata del Estado, me lo pagó a mí y yo le pagué a la compañía”, lo que encendió aún más las alarmas en el expediente.
Estas inconsistencias motivaron que el fiscal Pollicita solicitara su citación a declaración testimonial, con el objetivo de clarificar el circuito del dinero y determinar si existió algún tipo de beneficio indebido hacia el funcionario.
Un vínculo personal bajo sospecha
La relación entre Alhorni y Grandio no es reciente. Según el propio periodista, mantienen una amistad de más de 15 años, al punto de definirse como “un hermano mayor” del actual jefe de Gabinete. Además, Imhouse SA produjo contenidos audiovisuales con entrevistas entre ambos para la TV Pública, lo que agrega un componente adicional al análisis del caso.
Este dato es uno de los aspectos que la investigación podría profundizar en los próximos días: si existió una relación comercial indirecta con el Estado a través de contenidos difundidos en medios públicos, y si eso pudo haber influido en el financiamiento del viaje.
En los tribunales también se analiza si el viaje podría encuadrar en una figura más amplia vinculada a conflicto de intereses o dádivas, dependiendo de cómo se reconstruya el flujo del dinero y la contraprestación —si la hubo— entre las partes.
El vuelo bajo la lupa judicial
El itinerario del viaje ya fue reconstruido parcialmente. El avión —un Honda Jet matrícula LV-HWA— partió el 12 de febrero desde el Aeropuerto de San Fernando con destino al aeropuerto internacional Laguna del Sauce, en Uruguay. El regreso se habría producido el 17 de febrero, aunque esa parte del expediente aún está en proceso de verificación documental.
El fiscal solicitó a la ANAC (Administración Nacional de Aviación Civil) todos los registros vinculados al vuelo: plan de vuelo, autorizaciones, tripulación y documentación técnica. También pidió información a la Dirección General de Aduanas sobre controles realizados, declaraciones juradas y eventuales movimientos de dinero o bienes.
En paralelo, el juez Lijo ordenó el secuestro de imágenes de seguridad del aeropuerto de San Fernando, tanto internas como externas, donde se habría registrado el momento en que Alhorni y su familia abordaban la aeronave. Esas imágenes podrían convertirse en prueba clave para reconstruir la logística del viaje.
El regreso, otra incógnita
Uno de los puntos aún abiertos en la investigación es quién pagó el vuelo de regreso. La empresa Alpha Centuri se comprometió a aportar la documentación correspondiente, mientras que el propio Grandio ofreció una explicación que los investigadores consideran, al menos, llamativa.
Según su versión, el sistema de contratación del avión funciona como un “taxi aéreo”: “La ida la paga uno y la vuelta la paga otro”, afirmó. En ese sentido, sostuvo que los 3.600 dólares restantes fueron abonados por quienes regresaron en el vuelo, aunque no precisó identidades ni detalles contables verificables.
La fiscalía ahora busca reconstruir la trazabilidad completa del dinero, incluyendo movimientos bancarios, registros contables y cualquier intermediación que permita establecer con precisión quién financió cada tramo del viaje.
Silencio oficial y un dato que incomoda
Al cierre de esta nota, voceros de Manuel Alhorni no respondieron a las consultas periodísticas, pese a los reiterados intentos. El silencio oficial contrasta con la acumulación de pruebas en el expediente y deja abierto un interrogante político que empieza a crecer.
En el trasfondo del caso aparece un elemento que la prensa no había profundizado en un primer momento: el entramado entre productoras privadas, contenidos en medios públicos y vínculos personales con funcionarios de alto rango. Un esquema que, de confirmarse irregularidades, podría tener derivaciones más amplias.
La causa avanza y, con cada nueva medida de prueba, el foco ya no está solo en el viaje, sino en el sistema de relaciones que lo hizo posible.
