Durante el debate presidencial llevado a cabo el domingo 8 de octubre se despertó la polémica alrededor de Milei y la donación de órganos por sus dichos.
El INCUCAI emitió un comunicado para desmentir los dichos de Milei y la donación de órganos luego de que el candidato a presidente por Libertad Avanza expresara que se dan hechos de corrupción en los procesos de donación. “No proponemos la venta de órganos. Lo que decimos es que hay 7.000 personas esperando un trasplante y 300.000 potenciales donantes, y hay algo que no funciona en el medio y que genera un montón de corrupción”, afirmó.
Al respecto, desde el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) aclararon que «no toda persona fallecida puede ser donante: la donación depende de las características de la muerte».
Así informaron que para poder donar órganos, el fallecimiento debe producirse en la terapia intensiva de un hospital, y la muerte debe ser certificada bajo criterios neurológicos y esto se produce en aproximadamente 4 de cada 1000 casos.
«Dar a entender que toda persona fallecida puede ser donante implica un desconocimiento total de las características más básicas del funcionamiento de todo sistema de donación de órganos, y no solo el argentino», aseguraron.
En este sentido destacaron que el sistema de donación y trasplante argentino, «es reconocido regional y mundialmente por su organización, su marco legal y su sistema de registro, que garantizan la trazabilidad de los procesos y la transparencia».
Incluso la OMS eligió a la Argentina como uno de los tres Centros Colaboradores en materia de Donación y Trasplantes en el mundo.
Asimismo señalaron que «cualquier persona que tiene conocimiento sobre un hecho vinculado a la donación y el trasplante realizado fuera del marco legal puede denunciarlo» y expresaron su preocupación «sobre afirmaciones que, sin fundamentos, ponen en entredicho un sistema que año tras año le da una oportunidad a miles de personas que esperan un trasplante para salvarse o recuperar su calidad de vida».
Por ello reiteraron que en nuestro país, «todas las personas tienen el mismo derecho y las mismas posibilidades de recibir un trasplante, independientemente de su posición social o económica, así como la garantía al acceso del tratamiento inmunosupresor a los pacientes con cobertura pública exclusiva».
Cabe destacar que en un operativo de procuración y trasplante de órganos participan entre 100 y 150 profesionales y en la historia jurídica de nuestro país no se registra ninguna denuncia al respecto a la comisión de delitos de tráfico de órganos.
