El Gobierno de la provincia de Buenos Aires convalidó el nuevo Código de Ordenamiento Urbano (COU) de Hurlingham mediante la Resolución 406/2026, firmada el 18 de agosto de 2026 y publicada tres días después en el Boletín Oficial. La decisión cerró en tiempo récord una de las discusiones políticas más intensas que atravesó el distrito durante los últimos meses.
La resolución aprobó la Ordenanza 9689/25, promulgada mediante el Decreto Municipal 792/25, y su modificatoria, la Ordenanza 9738/26, promulgada por el Decreto 425/26. De esta manera, el nuevo marco urbanístico quedó convalidado poco más de ocho meses después de su sanción inicial, en diciembre de 2025.
El dato más significativo surge de la última etapa del trámite. El Concejo Deliberante incorporó las adecuaciones provinciales el 22 de julio y el Ministerio de Gobierno firmó la convalidación el 18 de agosto: transcurrieron solamente 27 días. Si se toma como referencia la publicación oficial del 21 de agosto, el proceso demandó exactamente un mes.
La velocidad contrasta con otros antecedentes bonaerenses. El COU de Ituzaingó, por ejemplo, permaneció diez años recorriendo distintas dependencias provinciales antes de recibir su homologación definitiva.
Los organismos que intervinieron antes de la aprobación
La convalidación no fue únicamente una decisión política. El expediente EX-2026-22681024-GDEBA-DPOUYTMGGP atravesó las instancias técnicas previstas para esta clase de normas territoriales.
La Resolución 406/2026 deja asentado que la Autoridad del Agua (ADA) emitió la prefactibilidad hídrica para el cambio de uso del suelo y que el Ministerio de Ambiente bonaerense elaboró el correspondiente informe de prefactibilidad ambiental regional.
También intervinieron la Dirección de Planificación Urbana y Territorial, la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, la Subsecretaría de Asuntos Territoriales, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado. Los organismos técnicos consideraron cumplimentado el procedimiento necesario para convalidar la normativa.
El trámite contempló así las verificaciones urbanística, hídrica y ambiental establecidas por el nuevo procedimiento provincial aprobado en 2026. Por eso, la rapidez de la resolución no puede interpretarse como la omisión de controles, sino como el resultado de que las correcciones presentadas superaron las instancias previstas.
Qué propone el nuevo Código de Ordenamiento Urbano
El COU impulsado por el intendente de Hurlingham, Damián Selci, busca concentrar el crecimiento edilicio y comercial en avenidas, centros urbanos y sectores próximos a las estaciones ferroviarias, mientras preserva la configuración de los barrios residenciales.
Entre sus principales lineamientos figuran la delimitación de fronteras industriales en los márgenes del partido, el desarrollo de nuevos centros comerciales y la ampliación de la oferta habitacional. También establece alturas máximas de 25 metros en los corredores donde se permitirá una mayor capacidad constructiva.
Según informó el Ejecutivo durante el trámite de adecuación, las observaciones provinciales no modificaron la zonificación, los indicadores urbanísticos ni las 28 zonas definidas en el proyecto. Los cambios se concentraron en aspectos jurídicos y técnicos, entre ellos la eliminación de facultades delegadas al Departamento Ejecutivo y la aclaración de que el nuevo régimen comenzaría a aplicarse después de la convalidación provincial.
Una audiencia pública con más de 200 inscriptos
El proyecto fue presentado en noviembre de 2025 y sometido a una audiencia pública que debió trasladarse desde el Concejo Deliberante al Centro Cultural Leopoldo Marechal, en Villa Tesei, debido a la cantidad de participantes.
Se registraron 221 personas y la audiencia se extendió durante casi once horas. Alrededor del 70% de los expositores se manifestó a favor de la actualización por lo cual en el Departamento Ejecutivo descontaban que la Provincia de Buenos Aires lo aprobaría.
Incluso más allá de las amenzas adolescentes de algunos dirigentes políticos del distrito que quisieron asustar a la población diciendo que tenían los suficientes contactos en el entorno de Axel Kicillof como para frenar el COU. Pues no los tenían y conforman el mundo de Prometeo Mentireli, los tenías pero no los esucharon, los escucharon pero le parecieron ridículas las objeciones.
A partir de las intervenciones de vecinos, comerciantes, profesionales y entidades, el Ejecutivo incorporó 41 modificaciones al texto original. La iniciativa también recibió el acompañamiento de la Unión Industrial de Hurlingham, que consideró que un marco actualizado podría facilitar inversiones, generar empleo y ordenar la radicación de nuevas actividades productivas.
La primera ordenanza obtuvo 16 votos afirmativos y tres negativos. Cuando se trataron las adecuaciones provinciales, el resultado fue de 12 votos a favor y cinco en contra. Además de los diez integrantes de Fuerza Patria, acompañaron los libertarios Claudia Serratti y Roque Belizán, lo que volvió a mostrar una oposición dividida frente al proyecto.
El discurso de Zabaleta que quedó descolocado
Uno de los principales opositores fue el exintendente y actual concejal Juan Zabaleta, quien votó en contra junto con Micaela Navill, del Bloque Justicialista. Durante la sesión del 22 de julio aseguró que una normativa de esta importancia debía contar con unanimidad y cuestionó que el COU llevara varios meses bajo análisis provincial.
“No sabemos cuáles son las diferencias y objeciones de la Provincia. Ya le pedí al jefe de Gabinete de Ministros, Carlos «Carli» Bianco, las objeciones a un COU que hace siete meses está dando vueltas”, afirmó Zabaleta.
Sin embargo, este medio consultó a al jefe de Gabinete de Ministros, Carlos «Carli» Bianco y dijo simplemente que «no sabía de que le estábamos hablando».
También sostuvo que sin consenso de todas las fuerzas políticas sería muy difícil que el Código entrara en vigencia. Sin embargo, 27 días después de aquel discurso, la Provincia firmó la resolución que lo convalidó.
La decisión no prueba que Zabaleta carezca de interlocutores dentro del Gobierno bonaerense, pero sí demuestra que esos vínculos no se tradujeron en capacidad de veto sobre el expediente. Tampoco prosperó su pronóstico sobre la imposibilidad de aplicar el COU sin unanimidad.
En la lectura política local, la aprobación representa un respaldo del Gobierno de Axel Kicillof a la gestión de Damián Selci, lo que puede razonar un niño de cinco años. Por que, ¿el hombre que quiere ser Presidente de la Nación, va a establecer buenos vínculos con el intendente de un distrito o con un concejal díscolo? Repuesta fácil.
La Provincia podría haber prolongado el análisis, requerido nuevas modificaciones o detenido la convalidación. En cambio, después de recibir la ordenanza corregida completó el trámite en menos de un mes.
Dos rechazos cautelares para Rafael De Francesco
El otro dirigente que sufrió un revés fue el presidente del bloque de La Libertad Avanza, Rafael De Francesco, quien trasladó la discusión al Fuero Contencioso Administrativo. Un poco exagerado.
El 6 de agosto, De Francesco presentó una demanda de 56 páginas para pedir la nulidad del COU y suspender cautelarmente sus efectos. En su planteo denunció supuestas irregularidades en el procedimiento legislativo, falta de informes técnicos y modificaciones posteriores a la audiencia pública. También solicitó congelar nuevos permisos de construcción (en medio de la crisis del sector, muy copado) y habilitaciones mientras se resolvía la cuestión de fondo.
Hubo dos pedidos cautelares desestimados. El último fue rechazado por Marcelo Gradin, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Morón, por “ausencia de caso, causa o controversia”.
Los rechazos impidieron que De Francesco consiguiera paralizar preventivamente el COU. De todos modos, una resolución cautelar no equivale necesariamente a una sentencia definitiva sobre todos los argumentos de la demanda anulatoria.
La Provincia convalidó el COU, pero no entregó un cheque en blanco
La resolución bonaerense contiene dos salvedades que deberán ser consideradas cuando comiencen a presentarse nuevos desarrollos. La primera aparece en el artículo segundo, que excluyó de la convalidación los capítulos 6, 7, 8 y 9 del Anexo I de la Ordenanza 9689/25.
No se trata, como señalaron algunas versiones, del rechazo de cuatro anexos. La Provincia explicó que esos capítulos regulan materias ajenas a la planificación territorial y que, por lo tanto, corresponden exclusivamente a la competencia municipal.
La segunda condición está en el artículo tercero. Allí se establece que cualquier subdivisión o materialización de nuevos usos deberá respetar los artículos 56, 62 y 63 del Decreto-Ley 8912/77.
Esas disposiciones exigen cesiones para espacios verdes y equipamiento comunitario, además de agua corriente, cloacas, pavimento, energía eléctrica, alumbrado público y desagües pluviales cuando correspondan. También obligan a contemplar instalaciones educativas, sanitarias, culturales, recreativas, de seguridad y transporte. El texto actualizado de la ley provincial establece que las áreas alcanzadas sólo pueden habilitarse después de completar y verificar el funcionamiento de los servicios esenciales.
Esto significa que la convalidación habilita el nuevo modelo territorial, pero no autoriza automáticamente cualquier edificio, loteo o emprendimiento. Cada proyecto deberá superar los controles técnicos y demostrar que cuenta con la infraestructura necesaria.
Una nueva impugnación que no anula la homologación
Este lunes 24 de agosto, el concejal libertario Julio Medina presentó un recurso administrativo contra la Resolución 406/2026. Sostuvo que existe una contradicción entre la convalidación del COU y las exigencias de infraestructura incluidas en el artículo tercero.
Medina pidió que la Provincia incorpore la totalidad de los antecedentes municipales y determine qué documentación analizaron los organismos técnicos. También volvió a cuestionar la situación de los permisos provisorios otorgados antes de la homologación.
La presentación abre una nueva instancia administrativa, pero no elimina por sí sola la resolución ni borra la convalidación publicada en el Boletín Oficial. Para suspender sus efectos será necesaria una decisión expresa de la administración provincial o una resolución judicial.
La controversia seguramente continuará, sobre todo cuando comiencen a evaluarse proyectos concretos. Sin embargo, el escenario político cambió: el COU dejó de ser una iniciativa municipal pendiente y pasó a ser una normativa convalidada por la Provincia, después de superar los controles urbanísticos, hídricos, ambientales y legales.
Para Selci, representa la aprobación de su principal proyecto estratégico de ciudad. Para Zabaleta, supone un revés a su intento de condicionar el trámite desde sus vínculos provinciales. Para De Francesco, deja dos pedidos cautelares rechazados y una discusión judicial que, hasta el momento, no logró detener la puesta en vigencia del nuevo ordenamiento urbano.
