El Concejo Deliberante de Ituzaingó, presidido por Juan Manuel Álvarez Luna, aprobó tres iniciativas que modifican aspectos centrales de la planificación ambiental, el desarrollo urbanístico y los reconocimientos institucionales del distrito. Las medidas contemplan la incorporación de 24.000 árboles para 2030, nuevas exigencias de evaluación ambiental para emprendimientos inmobiliarios e industriales y la actualización de la distinción de Ciudadano Ilustre. El paquete legislativo también introduce herramientas de participación vecinal y busca reducir las desigualdades ambientales entre los distintos barrios.
Tres decisiones que proyectan el futuro de Ituzaingó
El Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó avanzó en su última sesión ordinaria, celebrada el 28 de octubre de 2026, con la aprobación de un conjunto de disposiciones que tendrán consecuencias sobre el crecimiento urbano, la conservación del patrimonio natural y el reconocimiento de las trayectorias comunitarias.
Bajo la presidencia del concejal Juan Manuel Álvarez Luna, el cuerpo legislativo sancionó el marco regulatorio del Plan Estratégico «Ituzaingó, Bosque Urbano 2030», convalidó el Decreto Municipal N.º 752/2026, que reglamenta la Evaluación de Impacto Ambiental, y aprobó una nueva ordenanza destinada a actualizar la distinción honorífica de «Ciudadano Ilustre del Municipio de Ituzaingó».
Las tres iniciativas tienen alcances diferentes, pero comparten un elemento institucional: establecen procedimientos y criterios que deberán orientar decisiones futuras del Estado municipal.
En materia ambiental, el desafío consiste en ampliar y distribuir de manera más equitativa el arbolado público. En el terreno urbanístico, se busca fortalecer los controles preventivos sobre las obras y las actividades industriales. En el plano institucional, se pretende establecer reglas más claras para reconocer a las personalidades que contribuyeron al desarrollo de la comunidad.
La aprobación también representa un nuevo paso en la política ambiental impulsada por el intendente Pablo Descalzo, cuya administración presentó el programa de forestación en mayo de 2024 y viene desarrollando distintas intervenciones en espacios públicos.
Sin embargo, el alcance efectivo de las nuevas disposiciones dependerá de su implementación, de los recursos disponibles, de la continuidad de los programas y de la capacidad municipal para fiscalizar su cumplimiento.
«Ituzaingó, Bosque Urbano 2030»: la meta es alcanzar un 35% de cobertura arbórea
Una de las decisiones más importantes fue la aprobación del marco regulatorio del Plan Estratégico «Ituzaingó, Bosque Urbano 2030», que establece objetivos medibles para ampliar, conservar y mejorar el patrimonio forestal del distrito.
La iniciativa fija como meta elevar la cobertura arbórea promedio del 28,2%, registrada en 2020, al 35% para 2030. Esto representa un incremento de 6,8 puntos porcentuales, equivalente a una expansión relativa cercana al 24% respecto de la cobertura inicial.
La diferencia es significativa porque el programa no se limita a plantar árboles. También busca modificar la distribución de la infraestructura verde, mejorar las condiciones ambientales de los barrios y reducir la exposición de la población a las altas temperaturas.
El concepto de «Bosque Urbano» comprende la totalidad del sistema arbóreo de una ciudad: árboles de veredas, plazas, parques, corredores viales, espacios institucionales y sectores naturales protegidos.
Su importancia excede la cuestión paisajística. La vegetación contribuye a regular la temperatura, retener parte del agua de lluvia, capturar partículas contaminantes, proporcionar sombra y generar condiciones favorables para la biodiversidad.
En una ciudad atravesada por el crecimiento inmobiliario, el tránsito y la progresiva impermeabilización del suelo, la preservación de esos espacios constituye una herramienta de planificación territorial.
Parque Leloir supera el 60% de cobertura arbórea, mientras otros barrios apenas llegan al 15%
Uno de los aspectos centrales del diagnóstico ambiental es la marcada desigualdad que existe entre las distintas zonas de Ituzaingó.
Mientras Parque Leloir, reconocido por su extensa arboleda y su configuración residencial, presenta sectores con más del 60% de cobertura arbórea, otros barrios registran porcentajes considerablemente inferiores.
Entre los sectores identificados con niveles de forestación de apenas 10% a 15% aparecen San Alberto, Jardín Pintemar, Los Manzanares, Villa León, Almagro y Villa Las Naciones.
Esta diferencia no es solamente paisajística. Los barrios con menor cobertura vegetal suelen disponer de menos superficies sombreadas y presentar una mayor exposición al calentamiento del pavimento, las veredas y las construcciones.
Durante las olas de calor, esas condiciones pueden intensificar las temperaturas experimentadas por los habitantes, particularmente por adultos mayores, niños y personas con enfermedades preexistentes.
El fenómeno se conoce como «isla de calor urbana» y se produce cuando los materiales constructivos acumulan energía solar durante el día y la liberan progresivamente, incluso después de la puesta del sol.
Según las condiciones meteorológicas, la configuración urbana y la superficie vegetal disponible, las diferencias térmicas entre sectores de una misma ciudad pueden alcanzar varios grados.
El plan municipal contempla este problema y plantea una distribución territorial de las intervenciones que priorice los barrios con mayores déficits.
Por lo tanto, la forestación no se organizará únicamente según criterios ornamentales, sino también de equidad ambiental y necesidad territorial.
Un programa de 24.000 árboles distribuidos en tres grandes líneas de intervención
La planificación aprobada contempla la incorporación de 24.000 ejemplares arbóreos mediante tres mecanismos complementarios.
1. Corredores biológicos: 9.000 árboles y 67 kilómetros de conectividad ecológica.
Se proyecta la creación y consolidación de 67 kilómetros lineales de corredores biológicos, mediante la incorporación de 9.000 árboles distribuidos en calles, avenidas y otros espacios de circulación.
La finalidad es establecer conexiones vegetales entre parques, plazas, reservas y sectores forestados.
Estos corredores pueden facilitar el desplazamiento de aves, insectos polinizadores y otras especies, al mismo tiempo que contribuyen a generar continuidad de sombra y mejorar las condiciones ambientales del espacio público.
2. Nodos de biodiversidad: 9.000 árboles en 57 espacios públicos.
El segundo componente contempla la forestación de 57 plazas, parques y otros espacios verdes, con la incorporación de 9.000 ejemplares.
El objetivo es fortalecer esos lugares como áreas de biodiversidad y encuentro comunitario, además de mejorar sus condiciones de uso durante los meses de altas temperaturas.
Las intervenciones deberán considerar las características de cada espacio, su disponibilidad de suelo, la circulación peatonal, las actividades recreativas y las especies vegetales existentes.
3. Eco-canjes y participación ciudadana: 6.000 árboles para vecinos e instituciones.
El tercer eje prevé la distribución de 6.000 ejemplares a través de mecanismos de participación comunitaria.
Entre ellos se encuentran los programas de «Eco-Canje», que permiten intercambiar materiales reciclables por árboles destinados a veredas y espacios adecuados para su plantación.
También se contempla la participación de instituciones educativas, organizaciones comunitarias y vecinos.
Este mecanismo incorpora una dimensión adicional: el cuidado del arbolado deja de depender exclusivamente del Estado y requiere la participación de la comunidad.
Un programa que comenzó en 2024 y ya registra intervenciones concretas
Aunque el Concejo Deliberante acaba de aprobar su marco regulatorio, «Ituzaingó, Bosque Urbano 2030» no comenzó de cero. El programa fue presentado oficialmente el 14 de mayo de 2024 por el intendente Pablo Descalzo, durante una actividad realizada en la Plaza Juana Azurduy, ubicada en Cerrito y República del Salvador.
En aquella presentación participaron el entonces secretario de Planificación, Desarrollo Urbano y Ambiente, Martín Rossi, y la subsecretaria de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Débora Guerra.
La iniciativa fue concebida como una estrategia de infraestructura verde destinada a mejorar la calidad ambiental del distrito, fortalecer el arbolado existente y avanzar en la adaptación local al cambio climático. Entre sus primeras experiencias se encuentra la forestación de la Plaza Eva Perón, ubicada en Tel Aviv y Pringles, donde el 2 de julio de 2024 se informó la plantación de 55 árboles nativos.
Participaron alumnos de establecimientos educativos locales, autoridades municipales y representantes del CEAMSE. Entre las especies incorporadas se mencionaron tala, anacahuita, timbó, ombú y aguaribay, dentro de una estrategia que procura recuperar la presencia de vegetación regional.
En esa oportunidad, el CEAMSE también incorporó a Ituzaingó al Plan Biota, una iniciativa orientada a incrementar la infraestructura verde metropolitana y promover la producción y plantación de especies nativas. El programa continuó durante 2025. Según el balance municipal difundido en marzo de 2026, durante ese año se plantaron más de 3.600 ejemplares producidos en el Vivero Municipal. Esa cifra constituye un antecedente concreto de ejecución, aunque no equivale por sí sola a un balance completo de supervivencia, mantenimiento y crecimiento del arbolado.
La nueva ordenanza permitirá evaluar el cumplimiento de los objetivos con una perspectiva de mediano plazo.
Especies nativas, diversidad forestal y reemplazo gradual de árboles invasores
La ordenanza incorpora criterios técnicos destinados a evitar que la forestación se reduzca a una plantación masiva sin planificación. Uno de sus principios es la prioridad de especies nativas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), adaptadas a las condiciones ambientales regionales y capaces de proporcionar alimento y refugio a distintas especies de fauna.
También establece que ninguna especie podrá representar más del 7% del total de los nuevos ejemplares plantados, con el objetivo de promover la diversidad forestal. Este criterio procura reducir los riesgos asociados a las plantaciones homogéneas, particularmente frente a plagas, enfermedades y otros factores capaces de afectar simultáneamente a grandes cantidades de árboles.
El programa contempla, además, un recambio gradual de especies exóticas invasoras o problemáticas, entre las que se mencionan la acacia negra, mora, ligustro, arce, fresno y paraíso. La identificación y sustitución de estos ejemplares deberá considerar las características de cada especie y su situación particular, evitando que el recambio implique una pérdida innecesaria de cobertura vegetal.
En cuanto a las nuevas plantaciones, se establecen condiciones específicas de calidad y desarrollo. Para los corredores biológicos se prevén ejemplares con altura mínima de 3 metros, en envases de 20 litros, mientras que para determinados espacios públicos se exigen árboles de 4 metros, en envases de 60 litros.
También deberán considerarse las dimensiones de las veredas, el espacio disponible para el desarrollo de raíces, las interferencias con instalaciones y las necesidades de mantenimiento.
La finalidad es mejorar las posibilidades de adaptación de los ejemplares y reducir conflictos futuros con veredas, cañerías, tendidos eléctricos y otras infraestructuras urbanas.
El Consejo de Arbolado Urbano tendrá un papel consultivo
La Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible será la autoridad encargada de aplicar el programa y coordinar las intervenciones previstas. La ordenanza también contempla la articulación con el Consejo de Arbolado Urbano, ratificado en el marco de la Ordenanza N.º 5337. La participación de este organismo consultivo introduce una instancia de intervención institucional en la planificación y seguimiento de las políticas forestales.
La implementación deberá resolver cuestiones fundamentales: qué especies se plantarán, dónde estarán ubicadas, cómo se garantizará el riego, qué mecanismos se utilizarán para reemplazar ejemplares que no sobrevivan y de qué manera se medirá el crecimiento real de la cobertura arbórea.
La diferencia entre plantar 24.000 árboles y consolidar 24.000 árboles saludables será uno de los indicadores decisivos para evaluar los resultados del programa.
Evaluación de Impacto Ambiental: nuevas obligaciones para las construcciones y las industrias
La segunda decisión legislativa fue la convalidación del Decreto Municipal N.º 752/2026, firmado el 22 de junio de 2026 por el intendente Pablo Descalzo. La disposición reglamenta la gestión, tramitación, evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental correspondientes a proyectos que se desarrollen dentro del partido.
Su objetivo es incorporar controles preventivos que permitan identificar los posibles efectos negativos de una actividad antes de su ejecución. El procedimiento se apoya en el artículo 41 de la Constitución Nacional, que reconoce el derecho a un ambiente sano; el artículo 28 de la Constitución bonaerense; la Ley Provincial N.º 11.723, de protección ambiental, y la Ley N.º 11.459, que regula la radicación industrial.
La importancia de la medida radica en que el análisis ambiental deberá formar parte del proceso administrativo de los emprendimientos alcanzados, en lugar de limitarse a intervenciones posteriores ante denuncias o conflictos. Esto supone una modificación en la relación entre desarrolladores inmobiliarios, empresas, autoridades municipales y vecinos.
Edificios de más de 15 viviendas deberán presentar estudios de impacto ambiental
Uno de los aspectos más relevantes es la diferenciación de las exigencias según la magnitud de los emprendimientos inmobiliarios. Los proyectos de vivienda multifamiliar de más de 15 unidades funcionales deberán presentar un Estudio de Impacto Ambiental (EsIA).
Este instrumento permite examinar anticipadamente las consecuencias que una construcción podría generar sobre su entorno. Entre los factores que pueden ser evaluados se encuentran la demanda de agua potable, la capacidad de los servicios cloacales, el consumo energético, el incremento del tránsito, la generación de residuos, la impermeabilización del suelo y la afectación del arbolado existente.
También pueden considerarse los efectos acumulativos de distintos emprendimientos sobre un mismo barrio, especialmente cuando la infraestructura disponible no crece al mismo ritmo que la población.
Por su parte, los desarrollos inmobiliarios de 4 a 15 unidades funcionales deberán tramitar un Informe de Impacto Ambiental (IIA), un instrumento de alcance más acotado. La diferenciación busca establecer exigencias proporcionales a la escala de cada proyecto, sin excluir del control ambiental a las construcciones medianas. Un aspecto fundamental es que la aprobación ambiental no reemplaza el permiso de obra ni habilita automáticamente un uso del suelo prohibido por el Código de Planeamiento Urbano. Se trata de procedimientos complementarios, cada uno con requisitos y competencias específicas.
El nuevo Código de Planeamiento Urbano y su relación con los controles ambientales
La regulación ambiental se incorpora en un contexto de importantes modificaciones urbanísticas en Ituzaingó. Durante 2026, la Provincia de Buenos Aires convalidó las Ordenanzas Municipales N.º 6623/26 y N.º 6632/26, mediante la Resolución N.º 114/2026 del Ministerio de Gobierno, que aprobaron el Código de Planeamiento Urbano del partido.
El nuevo esquema establece un marco de ordenamiento territorial que debe articularse con las evaluaciones ambientales de los emprendimientos. Mientras el Código define las condiciones urbanísticas y constructivas admitidas en cada zona, el procedimiento ambiental examina las consecuencias concretas de una obra o actividad.
Esta distinción resulta especialmente importante en sectores sometidos a presiones inmobiliarias, donde la construcción de nuevos edificios, locales comerciales y complejos habitacionales puede modificar sustancialmente la dinámica barrial.
En mayo de 2026 también se creó una Comisión de Evaluación Urbanística, destinada a analizar proyectos no contemplados en el Código, considerando sus efectos sobre el territorio, la infraestructura y el interés público. En consecuencia, la planificación urbana del municipio queda atravesada por distintos instrumentos administrativos que deberán aplicarse de manera coordinada.
Plazos administrativos: 60 días para resolver y pronto despacho a los 45
El régimen también establece plazos para la tramitación de las evaluaciones ambientales. La autoridad de aplicación contará con un período de 60 días hábiles para resolver las actuaciones, conforme a las condiciones previstas por el procedimiento. Para determinados trámites industriales se contempla la posibilidad de presentar un pronto despacho a los 45 días hábiles. El objetivo es evitar demoras administrativas indefinidas y establecer un marco de previsibilidad para quienes presentan proyectos.
Sin embargo, el cumplimiento de los plazos no debe confundirse con una autorización automática. La evaluación ambiental requiere una decisión fundada, basada en la documentación técnica y en las exigencias legales aplicables. El municipio podrá establecer medidas de mitigación, solicitar modificaciones o rechazar un proyecto cuando no reúna las condiciones necesarias.
Ciudadano Ilustre: una nueva ordenanza para reconocer trayectorias destacadas
La tercera iniciativa aprobada por el Concejo Deliberante corresponde a la actualización del régimen de distinciones honoríficas.
El proyecto fue impulsado por la concejala Valeria Ileana Susperreguy, integrante del bloque Fuerza Patria-Partido Justicialista, y establece un nuevo marco para el reconocimiento de «Ciudadano Ilustre del Municipio de Ituzaingó». Se trata de una de las máximas distinciones institucionales que puede otorgar el gobierno local a personas cuyas trayectorias hayan representado una contribución extraordinaria para la comunidad.
La ordenanza reemplaza el régimen establecido por las Ordenanzas N.º 0316/1997 y N.º 2272/2008, con el propósito de actualizar los criterios y procedimientos para la concesión del reconocimiento.
La distinción podrá otorgarse tanto a personas vivas como de manera póstuma, conforme a las condiciones previstas por la nueva normativa. El objetivo es reconocer trayectorias vinculadas con la historia, la identidad y el desarrollo social del municipio.
Quiénes podrán ser distinguidos como Ciudadanos Ilustres
La nueva regulación contempla la posibilidad de distinguir a personas nacidas en Ituzaingó, con residencia significativa en el distrito o que hayan realizado aportes extraordinarios a la comunidad. Entre los campos de actividad considerados se encuentran la cultura, educación, ciencia, investigación, deporte, solidaridad, servicio público y preservación de la identidad local.
El reconocimiento puede abarcar tanto a personalidades de amplia notoriedad pública como a integrantes de la comunidad cuya labor haya tenido una influencia relevante en la vida del distrito. De esta manera, la distinción no queda limitada a figuras del espectáculo, el deporte o la política, sino que puede alcanzar a educadores, investigadores, artistas, profesionales y referentes sociales.
La iniciativa también busca establecer criterios más claros para la evaluación de las propuestas, evitando que la concesión de reconocimientos dependa exclusivamente de decisiones circunstanciales. El procedimiento deberá permitir identificar los antecedentes y méritos de cada candidatura, así como justificar institucionalmente la distinción.
El reconocimiento de la identidad local y la memoria comunitaria
La actualización de la figura de Ciudadano Ilustre también tiene una dimensión histórica. Desde su autonomía municipal, concretada en la década de 1990, Ituzaingó desarrolló instituciones y políticas destinadas a consolidar una identidad propia, diferenciada de su anterior pertenencia administrativa al partido de Morón.
En ese proceso, las trayectorias individuales y colectivas adquirieron una importancia particular para reconstruir la historia local. Docentes, artistas, deportistas, investigadores, dirigentes comunitarios y trabajadores de instituciones sociales forman parte de ese patrimonio.
El reconocimiento institucional de esas trayectorias puede contribuir a preservar experiencias y acontecimientos que, de otro modo, permanecerían dispersos en archivos personales, asociaciones y testimonios vecinales.La posibilidad de conceder la distinción de manera póstuma permite, además, recuperar figuras históricas cuya contribución al municipio merezca una valoración pública.
