Mientras el Gobierno avanza con la venta de AySA, la empresa presentó un rediseño de las tarifas de agua y cloacas que podría modificar las facturas de millones de hogares del AMBA. El director de Defensa de Usuarios y Consumidores (DEUCO), Pedro Bussetti, advirtió sobre el impacto en el Oeste y cuestionó el rumbo de la privatización.
El trabajo de 2014 y lo que costó para que los barrios del conurbano tengan cloacas. Esta es la planta ubicada en Hurlingham. Ahora pondrán todo a la venta. ✅✅✅👇:
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Una propuesta que todavía no fue aprobada
La iniciativa de AySA plantea reducir de 11 a cinco los niveles de coeficientes zonales. Los valores actuales van de 1,10 a 3,50, mientras que el nuevo esquema propone una escala de 0,75 a 2,75. La empresa sostiene que el mapa tarifario vigente no tuvo una revisión integral en más de cuatro décadas y propone actualizarlo con datos del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares.
La propuesta no está vigente. El Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) convocó a una audiencia pública para el lunes 26 de octubre, a las 10, en modalidad virtual. La inscripción y la presentación de documentos se reciben hasta el 24 de octubre, a las 10. Las opiniones que se expongan no serán vinculantes, aunque el organismo deberá explicar cómo las tomó en cuenta al emitir su resolución final.
Para entender el efecto, también hay que precisar cómo se calcula la factura. El coeficiente zonal no se aplica al cargo fijo: interviene sobre los cargos variables. En los hogares con medidor, incide en el precio por metro cúbico; en los que no lo tienen, afecta el cargo variable fijado por el régimen. El coeficiente K, por su parte, modifica los valores tarifarios mediante una fórmula que contempla índices de precios y salarios.
Qué impacto podría tener en Morón, Hurlingham, Ituzaingó, La Matanza, Merlo y Moreno
Según la tabla técnica presentada por AySA, dentro de un universo de 3.752.740 unidades residenciales analizadas, 2.072.051 —el 55%— tendrían aumentos, con una suba promedio del 23%. Para ese grupo, la factura mensual promedio, calculada con valores de septiembre y sin impuestos, pasaría de $30.894 a $37.986. La estimación excluye cuentas consideradas atípicas por su consumo o superficie.
El informe también calcula que 760.310 unidades tendrían una reducción promedio del 18,1%, mientras que 920.379 no registrarían cambios por la rezonificación. Por eso, el impacto no sería igual para todos los usuarios de un partido: dependería de la ubicación del inmueble, de su coeficiente actual y del que le asignen en el nuevo mapa.
Bussetti señaló que, de aprobarse la propuesta, usuarios de Morón e Ituzaingó que hoy están en los zonales más bajos pasarían a categorías superiores y perderían el descuento del 15%. También mencionó sectores del primer cordón de La Matanza, entre ellos Ramos Mejía, San Justo, Lomas del Mirador y Villa Luzuriaga. La advertencia se refiere a la reclasificación de zonas y no implica que todas las viviendas de esas localidades vayan a recibir el mismo aumento.
El esquema prevé una aplicación gradual. Para quienes pierdan el descuento del 15%, AySA propone reducirlo por etapas: primero quedaría en 10%, luego en 5% y, al tercer mes, desaparecería. Después comenzarían a aplicarse los cambios por zonificación, con incrementos mensuales de hasta 5% acumulativo sobre los cargos alcanzados hasta llegar al valor previsto. Ese tope no se aplica necesariamente al total de la factura.
Qué pasaría con los $140.057 millones
AySA estima que el rediseño elevaría sus ingresos en 7,3%, unos $140.057 millones a valores de septiembre de 2026. Según la empresa, el aumento se compone de tres factores: la eliminación del descuento del 15% para algunos usuarios, el efecto de los nuevos coeficientes y una adecuación del precio del metro cúbico de cloacas en el denominado Radio Antiguo de la Ciudad de Buenos Aires.
La compañía propone destinar ese excedente al Programa de Tarifa Social. No se trata de una asignación ya aprobada: forma parte de la propuesta que analizará el ERAS. La resolución del organismo indica que AySA presentó ese destino como parte del mecanismo para sostener el equilibrio económico de la concesión.
Privatización y DNU: dos planos distintos
La discusión tarifaria ocurre mientras avanza la privatización de AySA. El 8 de octubre se abrieron las ofertas para transferir el 90% de las acciones que pertenecen al Estado Nacional. La propuesta más alta fue la del consorcio integrado por Rowing, Arcos, Transclor y PHX, por US$340,2 millones; el grupo Roggio ofertó US$285 millones. El 10% restante seguirá en manos de los trabajadores. A la fecha de esta nota, la comunicación oficial informaba la apertura de las ofertas como un nuevo paso del proceso.
Bussetti vinculó esta política con el DNU 70/2023, al que calificó como “la madre de los problemas”, y recordó que el decreto modificó normas sobre tarjetas de crédito y medicina prepaga. Para precisar el marco legal, el DNU 70 y la Ley Bases son instrumentos distintos: la privatización de AySA quedó expresamente habilitada por el artículo 7 de la Ley 27.742, aprobada por el Congreso, y el Decreto 494/2025 autorizó el procedimiento para vender las acciones estatales.
La actualización tarifaria, a su vez, tiene como fundamento inmediato el contrato de concesión de 2026 y la revisión de los coeficientes que debe evaluar el ERAS. Por eso, la relación con el DNU 70 es política y forma parte de la discusión más amplia sobre desregulación y privatizaciones; la resolución que convocó a audiencia no lo cita como base directa del cambio tarifario.
Bussetti también alertó sobre las dificultades para reclamar. AySA informó en sus estados contables de 2024 el cierre de 27 oficinas comerciales; actualmente, su página de atención indica que el único centro presencial está en Riobamba 750, en la Ciudad de Buenos Aires, además de unidades móviles. El dirigente sostuvo que el sistema de atención del ERAS está saturado; el organismo tiene a su cargo la gestión de reclamos y la coordinación de la tarifa social.
