El corte en Cañuelas y el inicio del plan de lucha
El lunes 31 de agosto de 2026, sindicatos municipales de las regionales Centro y Conurbano Oeste de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FESIMUBO) en donde se encuentra el Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, cortaron el cruce de las Rutas 6 y 205, a la altura del partido de Cañuelas, un nudo vial estratégico que conecta los puertos de Campana y La Plata con el Mercado Central y el interior bonaerense. Fue la primera medida de un esquema que la conducción de la Federación encabezada por Hernán Doval, secretario general de FESIMUBO y también al frente de la Confederación de Trabajadores Municipales (CTM)— bautizó como «Plan de Lucha Total, Permanente y Prolongado», pensado para sostenerse durante todo un año y recorrer, región por región, el territorio bonaerense: primero la zona norte, luego Cañuelas por el Centro y el Oeste del conurbano, después el sur del conurbano y, más adelante, las regionales sur, centro e interior de la costa.
A ese corte asistió una delegación de trabajadores de Morón, que integra la Regional Séptima A de FESIMUBO, en el marco del plan de lucha. Pero no se trató de una medida aislada sino de un eslabón más de una demanda que lleva ya doce años sin resolverse.
En un extenso diálogo con el Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Gustazo Sanz, desmenuzó la actual política salarial municipal, los motivos de la medida y la necesidad de armar el Consejo de Empleo Municipal.
Qué es el Consejo de Empleo Municipal: origen, suspensión y una vigencia a medias
El Consejo de Empleo Municipal no es una idea nueva. Está previsto en la Ley 14.656, el «Régimen Marco de Empleo Municipal» que la Legislatura bonaerense sancionó en 2014, en el último año de gobierno de Daniel Scioli, y que le devolvió a los trabajadores municipales el derecho a la negociación colectiva.
La norma, sin embargo, no entró en vigencia. Apenas asumió María Eugenia Vidal, a comienzos de 2015, su gobierno incluyó en la ley de presupuesto un artículo que suspendía la aplicación de la Ley 14.656 —una suspensión que quedó formalizada en el Decreto 26/2015, firmado el 5 de enero de ese año por el Poder Ejecutivo bonaerense—. La decisión generó una fuerte movilización de la Federación y hubo incidentes frente a la Legislatura provincial. Como consecuencia de esa presión, el artículo de suspensión fue levantado y la ley recién empezó a tener plena vigencia en el curso de 2015, ya durante el primer año de gestión de Vidal.
Pese a esa reactivación, el Consejo de Empleo Municipal —el organismo que la propia ley preveía para poner en discusión la situación salarial de los 135 municipios— nunca llegó a conformarse en la práctica. Según reconstruyó el propio Ministerio de Trabajo bonaerense este año, la reglamentación quedó además judicializada en 2018 por falencias que impedían aplicarla, y el organismo directamente no se constituyó. Ese fue, durante una década, el corazón del reclamo sindical: una ley vigente, pero con su principal herramienta institucional en el freezer administrativo.
Quiénes lo integran
De acuerdo con lo que establece la Ley 14.656 y lo que reconstruyeron los propios sindicatos, el Consejo del Empleo Municipal debe estar compuesto por:
- Once representantes designados por los intendentes de los 135 distritos bonaerenses (en la práctica, agrupados por regiones).
- Al menos once representantes de las entidades sindicales: tanto de las federaciones de segundo grado (como FESIMUBO) como de sindicatos de primer grado de alcance nacional, siempre que reúnan un mínimo del 10% de los afiliados del ámbito que representan.
- El Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, que actúa como autoridad de aplicación: es quien debe convocar las reuniones y garantizar su funcionamiento.
Es clave un dato que suele generar confusión: las resoluciones que emanan del Consejo no tienen carácter vinculante. Es decir, no obliga por sí solo a ningún municipio a pagar determinado salario; es un ámbito de diagnóstico, discusión y recomendación, no de imposición.
El rol de cada actor
- Los gremios (FESIMUBO y las federaciones asociadas) buscan que el Consejo funcione como una instancia provincial que permita comparar la situación salarial entre municipios, discutir pisos comunes y, sobre todo, sacar la negociación salarial municipal del aislamiento distrito por distrito.
- Los intendentes, según coincidieron dirigentes gremiales de la zona oeste del conurbano, en general no reclaman con la misma intensidad la convocatoria al Consejo. Desde el propio sindicalismo se interpreta que buena parte de los jefes comunales lo perciben más como una herramienta que podría «perjudicarlos» —al hacer visibles las diferencias salariales entre distritos— que como un instrumento de ayuda, aunque los gremios insisten en que se trata de una herramienta beneficiosa también para la gestión municipal, en tanto permitiría ordenar el debate sobre financiamiento y prioridades presupuestarias.
- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través del Ministerio de Trabajo, es quien tiene la responsabilidad legal de poner en marcha el organismo. Fue, durante años, el punto de mayor tensión: la Federación sostuvo en distintas oportunidades que mantuvo diálogo con el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, y que la convocatoria «siempre estaba a punto de concretarse» sin materializarse.
Quiénes participan por parte de los sindicatos municipales
FESIMUBO, la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses que conduce Hernán Doval, con base en Avellaneda, es el actor gremial que impulsó el actual plan de lucha, pero no es el único con representación en el sector: en paralelo, dirigentes de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (STMPBA) y de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) realizaron sus propios encuentros en La Plata para reclamar participación en el organismo.
Esa convivencia de distintas federaciones es, de hecho, uno de los focos de fricción más recientes: FESIMUBO cuestionó los criterios de representatividad fijados por el Ministerio de Trabajo para determinar qué sindicatos integran el Consejo (un piso del 10% de afiliados sobre el padrón de cada ámbito), al considerar que esa vara podría dejar afuera a organizaciones con peso real, como ATE, y «meter» a otras sin representación suficiente sólo para tener, según la crítica gremial, una «foto» institucional.
El salario mínimo, vital y móvil y la canasta familiar: la distancia que explica el reclamo
Uno de los ejes de la protesta —y del propio análisis que hacen los dirigentes municipales de Morón— es la brecha entre lo que efectivamente se paga en los municipios y lo que hace falta para no caer en la pobreza.
- El Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) quedó fijado en $376.600 para agosto de 2026, con un valor horario de $1.883, según el esquema vigente informado por el Ministerio de Trabajo de la Nación.
- La Canasta Básica Total (CBT) del INDEC —el umbral de pobreza— para una familia tipo de cuatro integrantes del Gran Buenos Aires se ubicó en $1.531.472,91, de acuerdo con la última medición oficial disponible.
La distancia entre ambos valores es de aproximadamente cuatro veces: hoy hace falta más de un SMVM multiplicado por cuatro para cubrir el costo de una canasta familiar completa (explica Sanz, lo que es fácil de entener). Esa brecha es, justamente, uno de los argumentos centrales que utilizan los gremios municipales para sostener que discutir solamente en referencia al salario mínimo, vital y móvil «se queda corto» frente a las necesidades reales de los trabajadores.
La escala salarial municipal: de los básicos más bajos a los más altos
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Morón, Gustavo Sanz, abre su notebook, y repasa un listado.
A diferencia de lo que ocurre con el salario mínimo nacional, no existe un piso único para los salarios municipales: cada uno de los 135 distritos bonaerenses negocia su propia paritaria, en función de su recaudación, su estructura de gastos y las prioridades políticas de cada gestión. El resultado, según describió reiteradamente la conducción de FESIMUBO, es un mapa salarial extremadamente heterogéneo:
- El extremo más bajo de la escala está, según remarcó en distintas oportunidades Hernán Doval, en el municipio de Merlo, gobernado por Gustavo Menéndez. Allí, dirigentes sindicales denunciaron a lo largo de 2025 y 2026 básicos de entre $139.000 y $200.000, según el momento de la medición y el gremio consultado —cifras que, aun en el escalón más alto de ese rango, quedan muy por debajo tanto del salario mínimo, vital y móvil como, sobre todo, de cualquier cálculo de canasta familiar—.
- En el extremo opuesto se ubican distritos con mayor capacidad de recaudación propia y estructuras salariales históricamente más altas, entre los que suelen mencionarse municipios de mayor desarrollo urbano y turístico de la Costa Atlántica y del sur bonaerense, aunque —vale la aclaración periodística— no existe hoy un relevamiento oficial único, actualizado y comparable entre los 135 municipios que permita construir un ranking preciso y verificable mes a mes. Los propios gremios reconocen que se manejan con relevamientos propios, distrito por distrito, antes que con una estadística pública centralizada.
Esa ausencia de una vara común es, precisamente, el argumento de fondo que esgrime FESIMUBO para reclamar la convocatoria al Consejo: no se trata de imponer un salario único —la autonomía municipal impide eso—, sino de tener un ámbito donde analizar por qué la brecha entre el municipio mejor pago y el peor pago de la provincia puede llegar a representar varias veces el valor del básico.
Cuántos empleados municipales hay en la Provincia de Buenos Aires
No existe una cifra oficial única y permanentemente actualizada, pero la referencia más citada en los últimos años —utilizada incluso por el propio gobierno provincial al calcular el alcance de bonos y asistencias— habla de aproximadamente 300.000 trabajadores municipales distribuidos en los 135 partidos bonaerenses. A esa cifra se suma un dato que preocupa especialmente a los gremios: el crecimiento de modalidades de contratación que consideran precarias —monotributistas y becarios— que, según denunció la propia Federación, no aportan al sistema previsional ni a la obra social de los municipales (el IPS y el IOMA), lo que termina desfinanciando a ambos organismos. En algunos distritos puntuales del conurbano, sindicatos locales llegaron a denunciar públicamente que hasta un 42% de su planta se encuentra bajo este tipo de contratación precaria.
La resolución de agosto y la convocatoria de septiembre: cómo sigue el conflicto
El conflicto no quedó estático después del corte en Cañuelas. De hecho, el propio Ministerio de Trabajo bonaerense —a cargo de Walter Correa— eligió el mismo lunes de la protesta para publicar la Resolución RESO-2026-183-GDEBA-MTGP, firmada el 10 de agosto de 2026, que reglamenta finalmente la convocatoria, integración y funcionamiento del Consejo de Empleo Municipal. La cartera laboral encuadró el paso como la reparación de una «deuda histórica» del Estado bonaerense.
Días después, el 2 de septiembre de 2026, el Gobierno provincial dio un paso adicional al formalizar la convocatoria y anunciar la primera reunión organizativa del Consejo, instancia en la que recién empezará a definirse su funcionamiento concreto.
Sin embargo, la conformación no cerró el conflicto: FESIMUBO cuestionó que la resolución no respete «a rajatabla» lo que establece la Ley 14.656, particularmente en los criterios -agregó Sanz- de representatividad sindical exigidos (ese piso del 10% de afiliados), y advirtió que la letra de la resolución podría dejar afuera a organizaciones con representación real. Por eso, pese a la convocatoria, la Federación no levantó su plan de lucha: ratificó que continuará con su esquema de protestas «total, permanente y prolongado», pensado para sostenerse durante un año, con nuevos cortes y medidas en distintos puntos de la provincia, y no descartó incluso una denuncia penal contra el Ministerio de Trabajo bonaerense por la demora de una década en cumplir con la ley. En paralelo, otras federaciones del sector (STMPBA, COEMA) reclaman también un lugar en la mesa, y Doval llevó el planteo hasta el propio Senado bonaerense.
La entrevista en Morón: la mirada de los gremios sobre salarios, presupuesto y prioridades
Más allá de los datos duros del conflicto, la charla mantenida en Morón con Gustavo Sanz permite entender con mayor profundidad la lógica interna del reclamo, y vale la pena reconstruirla en detalle, tal como se dio.
Todo arrancó a partir de un video que había circulado sobre el corte en Cañuelas. Al ser consultado por la denominación correcta del organismo, el entrevistado fue categórico: no es una «Mesa» de Empleo Municipal, como en algún momento se lo nombró públicamente, sino, tal como lo establece la ley, el Consejo de Empleo Municipal. La diferencia no es menor: una mesa remite a una instancia de negociación de temas puntuales, mientras que el Consejo es el ámbito institucional donde deberían sentarse la Federación, el Ministerio de Trabajo de la Provincia y los intendentes bonaerenses. No la Federación Argentina de Municipios, aclaró, porque esa es de alcance nacional, sino una representación por regiones de los propios jefes comunales bonaerenses—.
Preguntado por el objetivo de fondo, Sanz dijo que no se trata de avanzar contra la autonomía municipal, sino de terminar con una distorsión: hay municipios, como Merlo, con los salarios más bajos de toda la región, mientras que la referencia legal mínima —el salario mínimo, vital y móvil— ya de por sí quedó desactualizada frente al costo de vida real. Ese salario mínimo, insistió, terminó funcionando en el último tiempo como una variable de ajuste de la política económica nacional, mientras la canasta básica total para una familia de cuatro integrantes ronda hoy holgadamente el millón y medio de pesos, muy por encima de los ingresos de buena parte de la planta municipal bonaerense.
Sanz fue cuidadoso en aclarar que el reclamo no apunta contra los intendentes en particular: hay municipios, ejemplificó, que directamente no pueden afrontar sus obligaciones salariales —mencionó el caso de Azul, que había tenido problemas para pagar el aguinaldo, y de San Pedro, con atrasos similares—. Lo que busca el sector, remarcó, es que exista un ámbito donde se discuta la perspectiva provincial del salario municipal y se puedan tomar decisiones progresivas, en beneficio tanto de los municipios como de los trabajadores.
Consultado por la relación entre cantidad de empleados públicos e ingresos municipales —una observación habitual entre economistas locales, que advierten sobre el riesgo de tener planteles grandes sin presupuesto para insumos—, el dirigente coincidió en que la proporción entre trabajadores y habitantes es relevante, pero aclaró que no depende sólo de la población: también inciden la superficie del partido, la dispersión territorial, y las obligaciones que cada municipio asume en materia de educación inicial, salud (a través de los Centros de Atención Primaria de la Salud, los CAPS), seguridad complementaria a la policía provincial, recolección de residuos y mantenimiento de espacios públicos. Fijar ese número, remarcó, es una decisión de gestión que debería reflejarse en la ordenanza de presupuesto de cada distrito.
Un dato que aportó y que resulta clave para entender la ecuación municipal: en el presupuesto 2026 de Mórón, el 47% de las partidas totales está destinado a recursos humanos, es decir, a sueldos, aunque ese porcentaje aparece distribuido dentro de cada área o secretaría (salud, obras, educación), lo que muchas veces genera confusión entre los propios concejales sobre cuánto de cada partida corresponde realmente a salario.
Ese punto lo llevó a un segundo eje central de la entrevista: la relación entre el valor de las tasas municipales y el costo real de los servicios. Sanz planteó que, así como cualquier empresa privada de servicios (electricidad, gas, cable) incorpora el costo salarial de sus trabajadores dentro de la tarifa que cobra, los municipios deberían hacer lo mismo con la Tasa de Seguridad e Higiene o la Tasa de Servicios Generales: calcular cuánto cuesta efectivamente una lamparita, un bacheo o una repavimentación, y trasladar ese costo a la tasa, en lugar de limitarse a proyectar el índice de inflación esperado sobre el valor cobrado el año anterior. Fue enfático en señalar que ese segundo mecanismo —indexar sin calcular costos reales— no equivale a «hacer costos», y que allí el gremio se ofrece a participar, ya que en definitiva los trabajadores municipales terminan siendo la variable de ajuste cuando la tasa resulta insuficiente para cubrir tanto los insumos como los salarios.
Sobre las prioridades del vecino, fue concreto: iluminación, bacheo, limpieza y seguridad son, según lo que percibe en el territorio, las cuatro demandas que más se repiten, y dos de ellas —bacheo e iluminación— exigen presupuestos considerables. Por eso, sostuvo, el sindicato le exige a la gestión municipal un orden de prioridades alineado con esas demandas, aunque aclaró que la definición final de esas prioridades —y la aprobación del presupuesto que las financia— es una atribución exclusiva del intendente y del Concejo Deliberante, no de los gremios ni de los propios trabajadores, que son quienes ejecutan la gestión una vez definida.
Hacia el final de la conversación, consultado sobre si veía en el propio Ejecutivo local voluntad real de que se conforme el Consejo de Empleo Municipal, Sanz fue tajante: no percibe, ni en Morón ni en la generalidad de los intendentes bonaerenses, un reclamo activo hacia la Provincia para que se convoque con urgencia al organismo. No conoce, dijo, ningún intendente con dificultades salariales que esté exigiendo esa convocatoria, ni tampoco un periodismo que se lo pregunte directamente a los jefes comunales. Su lectura es que buena parte de los intendentes bonaerenses interpreta al Consejo como una herramienta que podría jugarles en contra —al transparentar la disparidad salarial entre distritos— cuando, sostuvo, desde el sindicalismo se lo concibe exactamente al revés: como un instrumento que también puede beneficiar a las gestiones municipales, ordenando el debate sobre financiamiento y salarios que hoy cada intendente libra en soledad.
En síntesis
El conflicto combina una demanda administrativa de larga data —doce años desde la sanción de la Ley 14.656, con una suspensión inicial en 2015 y una reglamentación recién concretada en agosto de 2026— con una crisis salarial concreta, medible en pesos: un salario mínimo legal que representa apenas una fracción del costo de la canasta familiar, y una brecha de varias veces entre el municipio bonaerense que peor paga (con básicos que rondaron los $139.000 a $200.000 en Merlo) y aquellos con mayor capacidad de recaudación. La convocatoria formal de septiembre de 2026 es, para el Gobierno provincial, el cierre de una «deuda histórica»; para FESIMUBO, apenas el comienzo de una nueva etapa de discusión, con un plan de lucha que —según ratificó la propia Federación— seguirá activo en las rutas y en los municipios bonaerenses durante los próximos meses.
El Consejo de Empleo Municipal quedó reglamentado, pero FeSiMuBo cuestiona su integración
Mientras la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FeSiMuBo) realizaba el lunes cortes sobre las rutas 6 y 205, a la altura de Cañuelas, el Ministerio de Trabajo bonaerense publicó la resolución que reglamenta el Consejo de Empleo Municipal. Sin embargo, el sindicato cuestionó que la conformación del organismo no respeta plenamente lo establecido por la Ley 14.656, sancionada en 2014.
La RESO-2026-183-GDEBA-MTGP, firmada por el ministro Walter Correa el 10 de agosto, se apoya en un dictamen de la Asesoría General de Gobierno emitido el 7 de junio. Desde la cartera laboral bonaerense definieron la medida como la reparación de una “deuda histórica” con los trabajadores municipales.
El Consejo de Empleo Municipal estaba previsto en la ley, cuya reglamentación fue aprobada en 2016 durante la gestión de María Eugenia Vidal. Según informó el Ministerio de Trabajo, la norma fue judicializada en 2018 debido a falencias que impedían su aplicación efectiva y, desde entonces, el organismo nunca llegó a constituirse.
No obstante, desde la FeSiMuBo sostienen que la nueva reglamentación no respeta la representación establecida por la legislación. El gremio cuestionó la incorporación de sindicatos que, a su entender, “no llegan a tener la representación suficiente”, y advirtió que la medida podría buscar una imagen política en plena campaña electoral, sin resolver los reclamos de fondo del sector.
La Federación recogió el pedido de sus bases y reclama elevar el piso de las negociaciones paritarias en los municipios. El planteo apunta a una realidad que atraviesa a numerosos distritos bonaerenses: los trabajadores municipales perciben algunos de los salarios en blanco más bajos del país, con una incidencia gremial limitada, salvo en casos de disputas internas o conflictos políticos.
Un plan de lucha que prevén sostener durante un año
Tras la publicación de la resolución, la FeSiMuBo, conducida por Hernán Doval, anticipó que llevará adelante nuevas protestas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. La organización definió la estrategia como un plan de lucha “total o integral, permanente y prolongado”, con la intención de sostenerlo durante un año.
El reclamo sindical no se limita a una recomposición salarial. La Federación también exige terminar con las modalidades de contratación mediante monotributo y becas, que considera formas de precarización laboral dentro de los municipios bonaerenses. Según plantearon, los bajos básicos y la falta de estabilidad atraviesan a trabajadores de numerosos distritos.
Como ejemplo, mencionaron el caso de Merlo, donde el salario básico municipal no alcanza los $200 mil. También cuestionaron la situación de jubilados municipales que perciben haberes del IPS inferiores a la jubilación mínima de ANSES, a lo que suman dificultades vinculadas a la cobertura de IOMA.
En Morón, uno de los distritos históricamente más ordenados de la Zona Oeste, el diagnóstico de la Federación apunta a la creciente precarización de la planta laboral. De acuerdo con los datos expuestos por el sector, el 42% de los casi 8 mil empleados municipales se encuentra bajo contratos anuales o mensuales, sin estabilidad permanente.
Doval buscó separar el conflicto de una ruptura política con el gobernador Axel Kicillof. “Eso no es nada contra Axel Kicillof, pero este es nuestro rol. Los trabajadores no pueden estar esperando tanto con básicos de 150 mil pesos”, sostuvo antes de los cortes de ruta.
El dirigente recordó además que en septiembre de 2025 había sido recibido por el gobernador junto al ministro de Trabajo, Walter Correa, y Rubén ‘Cholo’ García. Según la FeSiMuBo, en aquel encuentro existió el compromiso de convocar al Consejo de Empleo Municipal antes de que terminara ese año.
En paralelo, autoridades de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires (STMPBA) y dirigentes vinculados a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) realizaron un plenario en La Plata para reclamar participación. Doval, en tanto, llevó el planteo al Senado bonaerense.
La discusión central está puesta en la integración del organismo. Carlos Rodríguez, secretario de Regionales de la FeSiMuBo, afirmó que la ley establece la convocatoria de gremios con un 10% de representación entre los afiliados y cuestionó los criterios adoptados en la resolución.
“Lo que firmaron nos cambia un montón. Lo que quieren es una foto. Hay sindicatos como ATE que no tienen número para estar en el Consejo. Es una resolución que inventaron ellos, cuando la ley dice otra cosa”, expresó Rodríguez. Semanas atrás, durante un plenario en Morón, Doval había señalado que no se opone a que otros gremios participen como observadores, aunque ya advertía sobre una posible utilización política del Consejo.
