El episodio ocurrió durante la madrugada del domingo 16 de agosto de 2026 sobre la calle Pedro M. Obligado al 3.600, a metros del cruce con Santa Catalina, en Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza. Las fuentes periodísticas y judiciales consultadas no informaron la hora exacta del ataque, por lo que no corresponde adjudicarle un horario preciso. La secuencia sucedió de noche y quedó registrada, a distancia, por una cámara de seguridad de la zona.
Por el lugar se desplazaba el oficial L.E.F., de 21 años, integrante de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y destinado a la División Crimen Organizado de Morón. Estaba fuera de servicio, vestido de civil y viajaba junto a un amigo en una motocicleta Corven Mirage 110 blanca. El nombre completo y la antigüedad del policía no fueron difundidos oficialmente; tampoco se hicieron públicos la identidad ni la edad de su acompañante.
Seis personas los rodearon con tres motocicletas
Según la reconstrucción inicial, el policía y su amigo fueron interceptados por un grupo de seis personas que circulaban de a dos en tres motocicletas. Los sospechosos los rodearon, exhibieron al menos un arma de fuego y obligaron al conductor de la Corven a detener la marcha. La hipótesis de los investigadores es que pretendían apoderarse de la motocicleta mediante una modalidad conocida como robo “en manada” o “piraña”.
Las imágenes difundidas muestran la aproximación de las tres motos y la rápida concentración del grupo alrededor de las víctimas, aunque fueron tomadas desde lejos y en medio de la oscuridad. Hasta el momento no se informó públicamente que los presuntos asaltantes hayan alcanzado a llevarse la Corven ni otra pertenencia. Por esa razón, el robo fue considerado en grado de tentativa.
Cómo y por qué disparó el policía de Morón
Frente a la amenaza armada y al encontrarse rodeado junto con su amigo, L.E.F. extrajo de la cintura su pistola reglamentaria calibre 9 milímetros y efectuó varios disparo. De acuerdo con la versión incorporada a la investigación, L.E.F. disparó por razones claras: para hacer cesar la agresión, proteger su vida y la de su acompañante, ya que los asaltantes, todos menores, exhibían armas.
A causa de los disparos de L.E.F. uno de los conductores del grupo recibió impactos de bala, cayó sobre el asfalto y quedó tendido junto a la Honda GLH azul en la que se desplazaba. Se trataba de Lautaro Gabriel Herrera de 15 años quién falleció en el lugar. Los otros cinco sospechosos escaparon.
A pocos metros del adolescente baleado, los investigadores encontraron un arma de fuego que fue secuestrada para ser peritada.
No se informó de manera oficial cuántos proyectiles alcanzaron al adolescente, en qué partes del cuerpo impactaron ni si alguno de los atacantes llegó a disparar. Tampoco está confirmado que el grupo portara varias armas, armas de fabricación casera o réplicas: hasta ahora sólo se comunicó el hallazgo de un arma cerca del cuerpo. Esos puntos deberán surgir de las pericias balísticas y del análisis completo del video.
Quién era el adolescente que murió
Cuando terminó la emergencia, el propio policía llamó al 911 y comunicó lo sucedido. Minutos después arribó una ambulancia, cuyo personal constató que el adolescente había muerto en el lugar. Fue identificado como Lautaro Gabriel Herrera, de 15 años, quien vivía a unas diez cuadras de la esquina donde ocurrió el hecho y fue reconocido por su hermana.
Herrera quedó tendido junto a la motocicleta que conducía y el arma hallada en las inmediaciones fue incorporada como evidencia. No se difundieron todavía el resultado de la autopsia ni las conclusiones definitivas sobre la trayectoria y la distancia de los disparos. Aunque la investigación lo ubica como integrante del grupo que habría intentado cometer el robo, su participación y la mecánica completa del episodio continúan sometidas a comprobación judicial.
Un adolescente herido y otros cuatro aprehendidos
Poco después, otro adolescente de 15 años ingresó al Hospital Balestrini, en Ciudad Evita, con una herida de arma de fuego en el hombro derecho. Los investigadores lo vincularon con la emboscada y dispusieron que permaneciera internado bajo custodia y a disposición judicial. Su nombre no fue difundido, ni sus iniciales, ni un parte médico posterior que permita precisar su evolución.
Durante la misma madrugada fueron aprehendidos los otros cuatro sospechosos, también menores de edad. De ese modo, los cinco sobrevivientes del grupo quedaron individualizados: uno en el hospital y cuatro bajo custodia. No se comunicaron oficialmente las edades exactas ni las identidades de esos cuatro adolescentes, por lo que no es posible afirmar que tuvieran entre 14 y 17 años.
Qué pasó con el policía que efectuó los disparos
El oficial L.E.F. no fue detenido y la fiscalía no adoptó medidas restrictivas de su libertad. La evaluación inicial fue que habría actuado en legítima defensa, al responder ante una agresión ilegítima protagonizada por un grupo numéricamente superior que lo habría amenazado con armas. Tampoco se informó que el efectivo o su amigo hubieran resultado heridos.
Su pistola reglamentaria fue secuestrada, pero esa medida no implica por sí misma una imputación: se tomó para efectuar los cotejos balísticos, determinar cuántas veces fue disparada y comparar los proyectiles y vainas que puedan haberse recuperado. Las pericias fueron encomendadas a Gendarmería Nacional, una fuerza distinta de la Policía Bonaerense involucrada en el episodio.
Quiénes tienen a cargo la causa
La investigación de la muerte quedó a cargo del fiscal Claudio Fornaro, de la Unidad Funcional de Instrucción Temática de Homicidios de La Matanza. Fornaro ordenó las primeras medidas, el relevamiento de cámaras, el secuestro de las armas y la localización de los demás integrantes del grupo.
La situación de los adolescentes sobrevivientes quedó bajo intervención del fiscal Juan Pablo Pepe Volpicina, de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Matanza. El carácter de fiscal del fuero juvenil de Pepe Volpicina también consta en información institucional del Ministerio Público bonaerense.
La carátula: ¿hay delito o no hay delito?
Respecto de los presuntos asaltantes, el expediente fue caratulado inicialmente como “robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa con homicidio resultante”. Esto significa que para la fiscalía existió un hecho delictivo que debe investigarse, aunque todavía no haya una declaración judicial definitiva de responsabilidad. La muerte producida durante la secuencia quedó incorporada a la calificación aplicada a quienes habrían participado del intento de robo.
La edad introduce una diferencia central. En la actualidad rige la Ley 22.278, que establece que una persona menor de 16 años no era punible. Por eso, los dos adolescentes de 15 años no podían recibir una pena criminal bajo ese régimen, aunque la Justicia debía investigar el episodio y podía disponer medidas de protección. Las edades de los otros cuatro menores no se publicaron y, sin ese dato, no es posible determinar si eran o no punibles.
La nueva Ley 27.801, que redujo a la edad de impustabilidad a 14 años y a su vez el ingreso al Régimen Penal Juvenil, fue publicada el 9 de marzo de 2026 para que entre en vigencia 180 días después, o sea el 5 de septiembre de 2026. En consecuencia, no estaba vigente cuando ocurrió este robo que fue el día 16 de agosto y no puede utilizarse para agravar retroactivamente la situación de los adolescentes.
La legítima defensa es por ahora una conclusión preliminar
En cuanto al policía, la fiscalía consideró inicialmente que su conducta encuadraba en la legítima defensa propia y de terceros contemplada por el artículo 34 del Código Penal. Esa figura exige una agresión ilegítima, la necesidad racional del medio utilizado para impedirla o repelerla y la ausencia de una provocación suficiente por parte de quien se defiende. La amenaza con armas, la superioridad numérica y el riesgo para el acompañante fueron los elementos valorados en favor del oficial.
Por el momento no se le atribuyó un delito al efectivo ni se ordenó su detención. Sin embargo, eso no equivale todavía a una sentencia firme ni impide que continúen las pericias: la filmación, la prueba balística, el arma encontrada y los testimonios deberán confirmar si los disparos se produjeron mientras la agresión estaba en curso y si fueron racionalmente necesarios. Con la información conocida hasta ahora, la causa distingue entre el intento de robo atribuido al grupo y una muerte provocada por un policía cuya reacción fue considerada, en principio, jurídicamente justificada.
El cortejo tumbero, un robo y la llegada al cementerio
Días después del hecho, allegados y familiares organizaron un caravana y cortejo fúnebre con destino al cementerio privado Lar de Paz, ubicado en González Catán. La despedida estuvo marcada por prácticas de tono «tumbero», con caravanas de motos acelerando a fondo y detonaciones de armas de fuego al aire.

Sin embargo, la situación escaló cuando fuentes de la investigación confirmaron que la Bonaerense recibió un alerta urgente por un asalto cometido en pleno trayecto: los integrantes de la caravana habrían amenazado a punta de pistola a un motociclista para despojarlo de su Honda XR 190 blanca.

Los móviles policiales siguieron el rastro del cortejo hasta el ingreso al cementerio. Una vez allí, la tensión estalló: la multitud comenzó a increpar violentamente a los agentes y a arrojarles una lluvia de objetos contundentes.
En medio del tumulto, el propio padre del adolescente fallecido se enfrentó con los efectivos de la Bonaerense y, con los forcejeos, se le cayó de las ropas una pistola calibre .380 con dos municiones. El hombre fue inmediatamente aprehendido y quedó a disposición de la fiscalía acusado de portación ilegal de arma de fuego de guerra.

Persecución, motos secuestradas y menores aprehendidos
Para dispersar a los manifestantes y retomar el control de la zona, los uniformados debieron emplear escopetas con munición antitumulto, efectuando al menos cinco detonaciones. Afortunadamente, fuentes oficiales confirmaron que no se registraron personas heridas por los impactos.

Sin embargo, el operativo no terminó allí. Cuando las patrullas se retiraban del lugar, divisaron a dos sujetos en una moto Corven Energy 110 que intentaron huir: el acompañante bajó del rodado y efectuó un disparo intimidatorio.
Tras una breve persecución, la Policía logró alcanzarlos. El conductor circulaba en un vehículo con pedido de secuestro activo desde el pasado 28 de julio solicitado por la comisaría de San Alberto, Ituzaingó, mientras que el acompañante resultó ser un adolescente de 15 años (el arma no pudo ser hallada).
Como saldo final del masivo operativo de seguridad, cuatro menores de edad quedaron aprehendidos por su participación en las agresiones y un total de nueve motocicletas fueron incautadas, entre ellas modelos Honda Wave, Gilera Smash, Motomel 110 y Keller 110.
Mientras la Justicia de Menores interviene en la situación de los adolescentes implicados, el padre del joven abatido permanece detenido y a la espera de prestar declaración indagatoria.





