Joaquín Benegas Lynch figura como fundador y director de Glocal Terra, una firma que comercializa e invierte en tierras rurales en cinco países de Sudamérica.
Mientras el Senado debatía el proyecto del Gobierno para flexibilizar la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, uno de los legisladores que respaldaba la iniciativa aparecía al mismo tiempo al frente de una empresa especializada precisamente en ese mercado. Se trata del senador nacional Joaquín Benegas Lynch (La Libertad Avanza-Entre Ríos), fundador y director de Glocal Terra, una firma que ofrece inversiones, valuaciones, administración y comercialización de campos en Argentina, Uruguay, Chile, Perú y Paraguay.
La situación adquiere relevancia política porque el oficialismo pretendía elevar del 15% al 25% el límite nacional de tierras rurales que pueden quedar en manos extranjeras. Sin embargo, al comprobar que no reunía los votos suficientes, el Gobierno decidió retirar ese capítulo del proyecto de Ley de Propiedad Privada antes de la votación.

¿Qué es Glocal Terra?
De acuerdo con la información publicada por la propia empresa, Glocal Terra se presenta como una firma especializada en inversiones agropecuarias y administración de grandes propiedades rurales en América Latina.
Su sitio web —redactado íntegramente en inglés y orientado principalmente a clientes internacionales— ofrece distintos servicios:
- compra y venta de campos;
- búsqueda de oportunidades de inversión;
- valuaciones rurales;
- administración integral de establecimientos; y
- representación de propietarios que residen fuera de los países donde poseen sus tierras.
La empresa promociona campos agrícolas, establecimientos ganaderos, forestaciones, proyectos de captura de carbono, viñedos, fincas, reservas naturales y grandes propiedades destinadas a conservación ambiental.
Más de tres millones de hectáreas en operaciones
Uno de los datos más llamativos que exhibe la propia compañía es la magnitud de su actividad.
Según su presentación institucional, el equipo de Glocal Terra acumula un historial de más de 3 millones de hectáreas involucradas en transacciones y propiedades comercializadas dentro de los mercados latinoamericanos.
Además sostiene haber realizado:
- valuaciones sobre más de 400.000 hectáreas;
- experiencia en administración de alrededor de 95.000 hectáreas agrícolas y ganaderas; y
- gestión de más de 85.000 hectáreas forestales en Argentina y Chile.
La empresa, sin embargo, no publica cuántas de esas operaciones fueron concretamente ventas cerradas ni qué porcentaje corresponde a Argentina.

¿Desde dónde opera la empresa?
La sociedad Glocal Terra S.R.L. fue constituida en marzo de 2020. En su inscripción societaria figura como uno de sus fundadores Joaquín Alberto Benegas Lynch, junto con Eloisa Perea Muñoz. El Boletín Oficial registra la constitución de la empresa y un domicilio legal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que Benegas Lynch declaró domicilio en La Paz, provincia de Entre Ríos.
En su página institucional la firma no exhibe una dirección física abierta al público, sino un formulario de contacto y correo electrónico. También presenta un equipo integrado por especialistas en agronegocios, forestación, carbono, administración, aspectos legales y asociados en distintos países de la región.
Los servicios para propietarios extranjeros
Además de vender campos, Glocal Terra ofrece un servicio pensado para quienes ya poseen tierras en América Latina y viven en otro país.
La empresa explica que actúa «en nombre y bajo la dirección de propietarios residentes en el extranjero», supervisando explotaciones rurales arrendadas, controlando infraestructura, administrando cuestiones contables, legales e impositivas y elaborando informes periódicos sobre el estado de cada establecimiento.
En otras palabras, funciona como administrador local para inversores que no residen donde se encuentran sus activos.

¿Esperaba la aprobación de la nueva Ley de Tierras?
Hasta el momento no existe evidencia pública que permita afirmar que Glocal Terra estuviera esperando la aprobación de la reforma impulsada por el Gobierno ni que tuviera operaciones condicionadas a ese cambio normativo.
Tampoco se conocen comunicados de la empresa anunciando proyectos pendientes por la modificación legal, ni declaraciones públicas de Benegas Lynch vinculando la actividad comercial de la firma con el proyecto oficial.
Lo que sí puede afirmarse es que una eventual ampliación del límite para la compra de tierras por parte de extranjeros habría ampliado el universo potencial de inversores habilitados para adquirir grandes superficies rurales en Argentina, lo que podría incrementar el mercado de intermediación para empresas dedicadas a ese negocio. Esa es una consecuencia económica posible, pero no implica que exista prueba de un beneficio concreto para esta empresa en particular.
¿Qué beneficios ofrece al vendedor?
La propuesta comercial de Glocal Terra está orientada a propietarios que desean vender o administrar grandes extensiones rurales.
Entre los beneficios que promociona figuran:
- acceso a una red internacional de compradores;
- comercialización de propiedades fuera del mercado abierto («off market»);
- confidencialidad durante la negociación;
- valuaciones técnicas;
- asesoramiento legal y tributario;
- administración integral hasta concretar la operación; y
- seguimiento posterior cuando el propietario reside en otro país.

Un debate que excede la legalidad
La existencia de Glocal Terra no constituye, por sí misma, una irregularidad ni demuestra incompatibilidades legales. Sin embargo, el hecho de que uno de los senadores que respaldaba la flexibilización de la Ley de Tierras sea fundador y director de una empresa dedicada precisamente a intermediar e invertir en tierras rurales para clientes internacionales agrega un componente político al debate.
El proyecto finalmente no llegó a votarse. Ante la falta de respaldo parlamentario, el Gobierno decidió retirar el capítulo referido a la compra de tierras por extranjeros, dejando sin efecto —al menos por ahora— una de las reformas más controvertidas del paquete legislativo impulsado por la administración de Javier Milei.





