El Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata condenó a José Ignacio Saravia Day a prisión perpetua por la desaparición de un conscripto y las torturas sufridas por otros dos soldados. Además, impuso 15 años de prisión al expolicía Pedro Raúl Muñoz por su participación en los crímenes cometidos en la Comisaría 5° de La Plata. La sentencia también marcó un precedente al reconocer violencias de género, violencia obstétrica y delitos contra niños, niñas y adolescentes.
Una sentencia con fuerte valor histórico
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata dictó este viernes una de las sentencias más relevantes de los últimos años en materia de delitos de lesa humanidad al condenar a José Ignacio Saravia Day a prisión perpetua y a Pedro Raúl Muñoz a 15 años de prisión por los crímenes cometidos durante la última dictadura militar.
El fallo fue leído por la presidenta del tribunal, Karina Yabor, acompañada por los jueces Ricardo Basílico y Andrés Basso, quienes además anunciaron que los fundamentos completos de la sentencia serán difundidos el próximo 15 de octubre.
Desde el inicio del veredicto, el tribunal dejó sentada una definición de fuerte contenido jurídico e histórico al declarar que los hechos juzgados constituyen delitos de lesa humanidad, fueron cometidos en el marco del genocidio perpetrado en la Argentina entre 1976 y 1983 y configuran además delitos contra el derecho de gentes, una categoría reservada para las violaciones más graves al derecho internacional.
El caso de los tres conscriptos desaparecidos
La condena a prisión perpetua recayó sobre José Ignacio Saravia Day, quien durante la dictadura era jefe del Escuadrón Ayacucho del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín.
El exmilitar fue considerado coautor de: A) la desaparición forzada de José David Aleksoski, un joven de 21 años, oriundo de Bahía Blanca y estudiante de Arquitectura en La Plata; B) las privaciones ilegales de la libertad de los conscriptos Roberto Campos y Juan Ignacio Araujo, quienes realizaban el servicio militar obligatorio como custodios de la Quinta Presidencial de Olivos; C) las torturas sufridas por los tres jóvenes granaderos.
Los tres soldados realizaban tareas de guardia en la Quinta Presidencial de Olivos, donde cumplían el servicio militar obligatorio.
Según acreditó el juicio, el 22 de octubre de 1976, Saravia Day ordenó a Aleksoski cumplir una supuesta «comisión de servicios». Desde ese momento nunca volvió a ser visto y permanece desaparecido hasta la actualidad.
Sus compañeros Juan Ignacio Araujo y Roberto Campos también fueron secuestrados y sometidos a tormentos, aunque posteriormente recuperaron la libertad.
Un caso poco conocido
El expediente permitió reconstruir uno de los episodios menos difundidos del terrorismo de Estado: la persecución contra jóvenes soldados conscriptos por sospechas de simpatizar con organizaciones políticas o simplemente por haber sido señalados por servicios de inteligencia.
Diversas investigaciones históricas sostienen que numerosos conscriptos fueron utilizados como mano de obra militar y, en algunos casos, terminaron convertidos en víctimas del propio aparato represivo que integraban de manera obligatoria.
La Comisaría 5° de La Plata, uno de los centros clandestinos más emblemáticos
El segundo condenado fue el expolicía Pedro Raúl Muñoz, quien recibió una pena de 15 años de prisión.
Aunque la fiscalía había solicitado prisión perpetua, el tribunal entendió que su participación fue la de partícipe secundario, lo que redujo considerablemente la condena.
Muñoz fue hallado responsable de su intervención en los delitos cometidos contra más de un centenar de víctimas que permanecieron secuestradas en la Comisaría 5° de La Plata, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionó bajo control de la Policía Bonaerense.
Durante el debate oral se acreditó su responsabilidad en una extensa lista de delitos.
Fue condenado por: A) privaciones ilegales de la libertad agravadas; B) aplicación sistemática de tormentos; C) homicidios agravados; D) desapariciones forzadas; E) abusos sexuales y violaciones; F) sustracción, retención y ocultamiento de menores; G) desapariciones de mujeres embarazadas y de personas nacidas durante el cautiverio de sus madres.
Un lugar clave del circuito represivo bonaerense
La Comisaría 5° de La Plata integró el denominado Circuito Camps, la estructura represiva organizada por el entonces jefe de la Policía Bonaerense, el general Ramón Camps, bajo la coordinación del director de Investigaciones Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Ese circuito estuvo conformado por más de una veintena de centros clandestinos distribuidos en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires y fue uno de los engranajes más activos del terrorismo de Estado.
Por sus instalaciones pasaron centenares de detenidos ilegales, muchos de los cuales continúan desaparecidos.
Numerosos sobrevivientes declararon durante décadas que en la dependencia policial funcionaban salas de tortura, celdas clandestinas y lugares destinados a mantener cautivas a mujeres embarazadas.
Un fallo que marca un precedente nacional
Uno de los aspectos más relevantes del veredicto fue que el tribunal reconoció expresamente que las mujeres cautivas fueron víctimas de violencia de género, violencia obstétrica y violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Se trata de la primera sentencia en la Argentina que declara expresamente que los hechos juzgados durante el terrorismo de Estado constituyeron también violencias específicas contra niños, niñas y adolescentes.
La decisión receptó el planteo formulado por la Unidad Fiscal Federal de La Plata durante los alegatos, encabezados por los auxiliares fiscales Ana Oberlin y Juan Martín Nogueira, bajo la coordinación del fiscal general Gonzalo Miranda.
La declaración de verdad sobre Jorge Bergés
Otro punto destacado del fallo fue la aceptación del pedido de las querellas para avanzar con una declaración de verdad respecto del accionar del médico policial Jorge Antonio Bergés.
Bergés, fallecido en febrero de 2026 mientras era juzgado, fue uno de los médicos más emblemáticos del aparato represivo bonaerense.
Sobre él pesan numerosas denuncias por haber intervenido en partos clandestinos, apropiaciones de bebés nacidos en cautiverio y certificados médicos falsos destinados a encubrir torturas.
El tribunal diferirá el alcance concreto de esa declaración para los fundamentos de la sentencia.
Medidas de reparación para las víctimas
Además de las condenas, los jueces dispusieron diversas medidas reparatorias.
Entre ellas ordenaron: A) colocar una placa conmemorativa en el Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín en homenaje a José David Aleksoski; B) comunicar la sentencia al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la provincia de Buenos Aires para que ambos condenados sean dados de baja por exoneración de las fuerzas a las que pertenecieron; C) reconocer expresamente el daño al proyecto de vida de las víctimas, una categoría utilizada por la jurisprudencia internacional para contemplar las consecuencias permanentes que producen las graves violaciones a los derechos humanos.
Más de cuatro décadas de búsqueda de justicia
El juicio constituye un nuevo avance dentro del proceso de juzgamiento de los responsables del terrorismo de Estado reabierto tras la anulación de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.
Desde 2006, la Argentina ha dictado centenares de sentencias por delitos de lesa humanidad, consolidando uno de los procesos judiciales más amplios del mundo contra responsables de crímenes cometidos desde el Estado.
Con esta resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata no solo estableció nuevas responsabilidades penales, sino que también amplió el reconocimiento judicial sobre las distintas formas de violencia ejercidas durante la dictadura, incorporando una perspectiva de género y de protección integral de la infancia que hasta ahora no había sido expresamente plasmada en una sentencia de este tipo.
