Hemos realizado una revisión exhaustiva de la sesión y son pocas las cosas que quedaron en claro. Aunque el hecho advierte el proceso de admisión de personal, sobre todo jerárquico, al Estado Municipal. De los exámenes de las década del ’80 que tomaba el intendente Norberto García Silva, el Municipo pasó a incorporar militantes, la mayoría sin preparación y caminos sinuosos dentro de la política. Nada sólida que pueda crear una estructura capaz de resolver problemas.
Los cuatro formatos son: A) un podcast; B) un cuadro con una síntesis; C) la crónica completa y D) un recorrido final al terminar el texto
Esta es la crónica definitiva de Diario Anticipos.
El primer podcast lo colocamos por preferís escucharlo a leerlo. Hacé click y podés hacer otra actividad mientras seguís los puntos que se trataron ayer
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Caso Luna Ortigosa: las principales intervenciones en la sesión extraordinaria
La sesión extraordinaria del Honorable Concejo Deliberante de Morón estuvo atravesada por cuestionamientos al Ejecutivo, pedidos de informes y explicaciones sobre las medidas adoptadas tras la detención de la ex funcionaria Luna Ortigosa.
| Tema | Qué planteó |
|---|---|
| 1) Damián Cardoso | Detalló la baja de la funcionaria y el avance del sumario administrativo. La no injerencia del Ejecutivo y la falta de privilegios. |
| 2) Analía Zapullá | Cuestionó los comunicados oficiales y pidió ampliar la investigación interna. |
| 3) Ariel Aguilera | Señaló inconsistencias sobre antecedentes y la custodia de elementos secuestrados. |
| 4) Pablo Tosi | Propuso narcotest, controles periódicos y una auditoría informática. |
| 5) Florencia de Luca | Reclamó explicaciones de Laura de Peri y acceso a documentación oficial. |
| 6) Diego Espina | Puso el foco en las responsabilidades políticas y posibles incompatibilidades. |
| 7) Alejandra Liquitay | Solicitó protección para denunciantes y mayor transparencia administrativa. |
| 8) Bernardo Magistocchi | Marcó contradicciones sobre la situación procesal y los bienes secuestrados. |
La exposición del secretario de Seguridad y los planteos de los concejales giraron principalmente alrededor de tres ejes: los controles internos del Municipio, las responsabilidades políticas y el avance de la investigación judicial.
La sesión no arrojó nuevas definiciones institucionales, pero dejó abiertos varios pedidos de información que podrían volver a debatirse en futuras reuniones del cuerpo legislativo.tigación que continúa en manos de la Justicia.
Un minucioso informe
El tratamiento del caso de la exdirectora Luna Ortigoza, narco y prófuga, en el recinto legislativo expuso las líneas de contingencia, los cruces con la oposición y los datos técnicos que obran en el expediente judicial por comercialización de estupefacientes. Nosotros hicimos unn desglose secuencial de la sesión extraordinaria que conmovió la agenda política de la zona oeste.
El rol de damnificado del Estado municipal en la causa penal
El Municipio de Morón adoptó una posición activa frente al expediente penal que tramita en la Justicia. El Departamento Ejecutivo ratificó su decisión de presentarse formalmente como particular damnificado en la causa que investiga a la exdirectora Luna Ortigoza por narcotráfico. A través de la Dirección de Legales, la comuna busca constituirse en parte querellante para tener acceso directo a las fojas del expediente, proponer medidas de prueba y monitorear los peritajes informáticos sobre los dispositivos incautados, con el objetivo de preservar la transparencia institucional del Estado local.
El sumario administrativo y el cambio de estatus de la acusada
En paralelo a la vía judicial, el Ejecutivo local instruyó la apertura del Sumario Administrativo Interno para deslindar las responsabilidades del personal de la planta. Al dictarse la orden de detención, el municipio procedió a la baja inmediata de Luna Ortigoza en su cargo político de Directora del Centro Territorial. Por estrictas razones de procedimiento legal, la imputada regresó de forma automática a su estatus previo de empleada de la planta permanente, una condición técnica necesaria para que el sumario avance formalmente hacia la destitución, cesantía o exoneración definitiva sin dejar resquicios para futuras impugnaciones laborales.
El bache de la notificación formal y la condición de prófuga
Uno de los momentos más complejos de la sesión administrativa fue la admisión del bache legal en las notificaciones del sumario. Al encontrarse Luna Ortigoza en condición de prófuga de la justicia y con paradero desconocido, las autoridades de la Dirección de Recursos Humanos no pudieron notificarle formalmente en persona el inicio de las actuaciones en su contra. Ante este escenario de rebeldía, el procedimiento prevé la fijación de edictos públicos y la notificación en su último domicilio constituido para dar por cumplido el requisito legal y evitar que la defensa de la acusada pueda pedir la nulidad del proceso interno.
El rol y la representación del Secretario de Seguridad en el recinto
Ante la ausencia del intendente Lucas Ghi, la representación de la administración municipal en la sesión extraordinaria recayó de forma exclusiva en el Secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso, un abogado con fuertes vínculos en el Poder Judicial. El funcionario asistió al recinto acompañado por su equipo técnico de secretarios y asesores letrados con el mandato explícito de responder el pliego de preguntas de los concejales. Durante su exposición, remarcó que su presencia allí respondía a una directiva directa del jefe comunal para brindar la máxima transparencia institucional ante el cuerpo legislativo y la comunidad de la zona oeste.
La defensa de la idoneidad técnica frente al desconocimiento del gabinete
Las declaraciones públicas del intendente Lucas Ghi en los canales de televisión de alcance nacional generaron cortocircuitos con los datos que maneja su propio gabinete. Mientras el jefe comunal defendía activamente la idoneidad de la exdirectora asegurando ante la prensa que Luna Ortigoza estaba "altamente calificada" y poseía estudios universitarios y una especialización o "máster" en políticas de género, el Secretario de Seguridad de Morón, Damián Cardoso, tuvo que admitir en pleno recinto que desconocía por completo si la funcionaria ostentaba algún título de grado o posgrado. Ante la contradicción, los bloques opositores exigieron formalmente el envío de la documentación que acredite las maestrías invocadas por el mandatario.
La controversia por el depósito de los haberes salariales
La situación financiera de la imputada tras su paso a la clandestinidad desató uno de los cruces más ásperos entre los ediles. El Secretario de Seguridad remarcó en el recinto que sería "ridículo" que una persona prófuga continuara percibiendo ingresos del Estado, estimando que los haberes de la exdirectora rondaban los 2 millones de pesos mensuales. Sin embargo, la oposición rompió el discurso oficial denunciando que el sueldo le fue efectivamente depositado el viernes 29. El funcionario eludió confirmar o desmentir ese último pago, argumentando que el detalle de las liquidaciones de Tesorería no formaba parte del temario requerido para la jornada.
Freno a los haberes como paso previo a la expulsión definitiva
Para subsanar las dudas sobre los fondos públicos, el Ejecutivo precisó el esquema de sanciones patrimoniales que aplica la Secretaría de Hacienda. Más allá de las polémicas por los desfasajes del calendario bancario respecto al estallido del caso, las directivas vigentes ordenaron la retención absoluta de los haberes de Luna Ortigoza. El congelamiento de las cuentas sueldo funciona como el soporte legal e institucional indispensable para cuidar las arcas del municipio mientras concluye el sumario, constituyéndose en el paso previo obligatorio para dictar la cesantía formal y la expulsión definitiva de la planta permanente.
El decreto oficial 1236 y los responsables políticos del nombramiento
La oposición logró incorporar al debate la traza documental que convalidó el ascenso de la imputada dentro de la estructura estatal. Se constató que el nombramiento de Luna Ortigoza al frente del Centro Territorial Integral fue autorizado mediante el Decreto 1236 del año 2025, fechado el 19 de junio de 2025. El instrumento público lleva la firma de tres altas autoridades: el intendente Lucas Ghi como principal responsable político, junto a los funcionarios Estefanía Franco y Hernán Sabbatella. En los considerandos del texto, el jefe comunal de Morón determinaba que la agente era la "funcionaria idónea" para el cargo, oficializando su alta a partir del 16 de junio de ese año.
Admisión de paradero desconocido y desmentida de rumores
La incertidumbre sobre la localización física de la acusada sumó un capítulo de hermetismo cuando el concejal Diego Espina preguntó de forma directa si el área de inteligencia o el intendente tenían alguna pista sobre su paradero. El Secretario de Seguridad respondió de manera categórica que formalmente no tienen "la más mínima sospecha" de dónde se oculta. Respecto a las versiones que indicaban que Luna Ortigoza se encontraba en la casa de su madre al momento del operativo policial, gozando supuestamente de vacaciones, el funcionario aclaró que se trató solo de rumores informales de pasillo y que el municipio no cuenta con datos certeros sobre su ruta de huida.
El testimonio del detenido y el modus operandi de las transacciones
La reconstrucción judicial del mecanismo de comercialización de estupefacientes sumó datos determinantes a partir de la declaración del único detenido, Norberto Hernán Aliano, que posee la causa. Al hacer uso de su derecho de defensa, el imputado aportó detalles minuciosos sobre la logística de las entregas: identificó de forma explícita a la exdirectora Luna Ortigoza como su proveedora directa y detalló que el intercambio de los paquetes de cocaína se coordinaba y concretaba en una plaza pública ubicada a unas 20 cuadras del domicilio de la implicada.
El circuito financiero de la red y el misterio de las cuentas bancarias
Además de la operatoria en la vía pública, el detenido aportó a la causa los datos de las cuentas bancarias en las que realizaba los depósitos para saldar el valor de las sustancias. No obstante, el Secretario de Seguridad admitió en el recinto que la comuna todavía desconoce la identidad de los verdaderos titulares de esas cuentas de cobro, debido a que los números de identificación bancaria y los CBU no están visibles en el tramo del expediente al que el municipio tuvo acceso. El Ejecutivo se encuentra a la espera del levantamiento del secreto bancario por parte de la Justicia para determinar si existen otros agentes municipales involucrados en el flujo de fondos ilegales.
El chequeo en tiempo real que descartó segundas líneas en la comuna
Durante el desarrollo de la interpelación, se vivió un momento de alta tensión cuando el concejal Diego Espina sugirió que el detenido había hecho referencia a una segunda empleada de la Secretaría de Género, identificada bajo el apellido Ferreira, como la encargada de la distribución física de la droga. Ante la gravedad de la acusación, el Secretario de Seguridad ordenó chequear el expediente policial en ese mismo instante en el recinto, confirmando de manera taxativa que no existe ninguna persona con el apellido Ferreira nombrada o imputada en las actuaciones. Los dichos del detenido se concentran de forma única y excluyente en Luna Ortigoza.
El enigma del arma de fuego y la rectificación del acta de secuestro
El tramo final de la sesión sirvió para despejar las versiones confusas sobre la presunta incautación de material bélico. El Secretario de Seguridad reconoció abiertamente en el recinto haber cometido un error en su exposición inicial al mencionar un revólver calibre 32, precisando que dicho hallazgo —que derivó en una causa anexa por tenencia ilegal— correspondió a otro operativo del distrito y no al búnker de la funcionaria evadida. De esta manera, se descartó por completo la presencia de armas en el inmueble de la calle Mitre.
El inventario oficial elaborado por la Policía Federal Argentina
Para clausurar las especulaciones sobre el operativo, se dio lectura al parte oficial elaborado por los agentes de la Policía Federal Argentina (PFA) encargados del allanamiento en la vivienda de la imputada. El inventario definitivo de los elementos secuestrados arrojó las siguientes precisiones técnicas: un bloque compacto de 480 gramos de cocaína (denominado "medio ladrillo"), bolsas adicionales con 70 gramos y 15 gramos de la misma sustancia, una balanza digital de precisión operativa, la suma de 24.850 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares personales pertenecientes a la acusada.
La hipótesis municipal sobre el robo de la computadora institucional
La revisión detallada del acta de secuestro de la Policía Federal dejó al descubierto un faltante patrimonial crítico: ni la computadora portátil ni el teléfono celular de flota provistos por la comuna figuraban en el listado de elementos retenidos por la fuerza federal. Ante la ausencia de estos dispositivos estatales en el departamento allanado, el Departamento Ejecutivo consolidó su principal hipótesis de trabajo: Luna Ortigoza robó la notebook municipal y se la llevó consigo al momento de fugarse, presuntamente para resguardar la terminal o evitar su peritaje. Pero no así los teléfonos que están siendo peritados y de donde surgirá mucha información también.
Cerrojo informático y medidas de seguridad tecnológica inmediata
Anclado en la prevención frente al bache informático, el área de sistemas de la comuna implementó un protocolo de blindaje tecnológico de manera inmediata tras la huida de la funcionaria. Las acciones técnicas contemplaron el bloqueo absoluto de los permisos de conectividad remota y la anulación permanente de los accesos desde los dispositivos que la prófuga mantiene en su poder, neutralizando el riesgo de que se utilicen las terminales oficiales desaparecidas para ingresar externamente.
El detalle de las plataformas críticas y bases de datos bloqueadas
La reconfiguración tecnológica y la renovación masiva de credenciales ejecutada por los especialistas de la comuna se aplicó de forma directa sobre el ecosistema digital de la dependencia para mitigar cualquier filtración de las políticas de género locales. El bloqueo alcanzó de manera específica al sistema de Gestión Documental Electrónica (GDE) —obturando firmas digitales y expedientes internos—, los repositorios de almacenamiento en la nube de Google Drive y los perfiles oficiales y cuentas de pauta publicitaria en redes sociales de la dirección.
Acciones legales y administrativas para la restauración patrimonial
La Secretaría de Mujeres, Géneros y Diversidad, bajo la conducción de Laura de Peris, radicó una presentación formal ante la fiscalía interviniente detallando los números de serie, direcciones IP y especificaciones de la laptop y el teléfono celular asignados a Luna Ortigoza. El objetivo es que la Justicia confirme de forma fehaciente el destino de los equipos y actúe en coordinación con la Dirección de Legales para fijar el mecanismo de rastreo patrimonial que permita, ante una eventual captura o secuestro en futuros operativos, la inmediata restauración de los bienes al Estado de Morón.
El blindaje procesal mediante la designación de la defensa de oficio
El laberinto administrativo que rodea el sumario interno sumó precisiones sobre las garantías constitucionales que el Estado debe asegurar para evitar futuras demandas contra el erario público. Debido a que Luna Ortigoza se encuentra ausente por su condición de prófuga, la normativa laboral establece que las actuaciones no pueden resolverse en la clandestinidad sin una contraparte formal. Por este motivo, y atendiendo a su estatus de planta permanente, la Dirección de Legales procederá a designarle un abogado defensor de oficio que la represente y convalide los descargos a lo largo de todo el proceso sumarísimo.
Polémica por el comunicado de prensa y deslinde del área de seguridad
La estrategia de comunicación del Ejecutivo durante las primeras horas del escándalo encendió un duro debate parlamentario. Los ediles opositores pusieron bajo la lupa una gacetilla emitida en las plataformas digitales de la comuna alrededor del 22 de mayo, la cual afirmaba que los allanamientos habían sido "impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana". Presionado en el recinto, el Secretario de Seguridad debió admitir que la comuna no tuvo ninguna intervención previa en la denuncia del 911 y aclaró que el texto no emanó de su cartera, sino de la Secretaría de Comunicación, cuyo titular es Martín Molinari.
Durísima ofensiva opositora por manipulación de información pública
Las bancadas de la minoría, lideradas por las intervenciones de los concejales Analía Zappulla y Diego Espina, rechazaron de plano la justificación del oficialismo, que pretendía catalogar la redacción como un término "genérico" o una mera desprolijidad de prensa. Zappulla calificó el comunicado oficial de "vergüenza institucional" y aseguró que el mensaje estuvo deliberadamente diseñado en los despachos de la Secretaría de Comunicación para distorsionar los hechos, engañar a los vecinos de Morón y manipular la información pública con el objetivo de blindar la responsabilidad política del intendente Lucas Ghi frente al escándalo del búnker narco.
El blindaje procesal y la asignación del abogado de oficio
Durante la interpelación se explicó detalladamente que el sumario administrativo prevé la asignación obligatoria de un abogado para la funcionaria Luna Ortigoza. Al haber regresado a su estatus de empleada de planta permanente, el municipio está legalmente obligado a garantizarle el derecho a la debida defensa. Por lo tanto, dado que se encuentra ausente de su lugar de trabajo por estar prófuga, el procedimiento legal establece que se le debe designar formalmente un letrado de oficio para que asuma su representación a lo largo del proceso interno.
El resguardo administrativo de la defensa sin nombres propios
Las fuentes aportadas originalmente no mencionan el nombre específico del abogado defensor asignado a Luna Ortigoza. El secretario de seguridad explicó de forma general que, como parte del sumario administrativo y debido a su estatus de planta permanente, el Estado municipal está obligado a garantizarle su derecho a la debida defensa. Por este motivo, al encontrarse ausente por estar prófuga de la justicia, el procedimiento interno prevé que se le asigne un abogado defensor para que la represente durante las actuaciones, aclarando que la identidad de este profesional no fue precisada ni consultada durante la interpelación.
Rectificación sobre el hallazgo del arma calibre 32
Durante la interpelación, hubo una confusión inicial respecto a un arma de fuego, pero el secretario de seguridad aclaró categóricamente que el arma calibre 32 no fue encontrada en la casa de la funcionaria prófuga, Luna Ortigoza. El funcionario reconoció en plena sesión que había cometido un error al mencionarla en su alocución inicial y precisó que el hallazgo de esa arma (que derivó en una causa anexa por tenencia ilegal de arma de fuego de bajo calibre de uso civil) no corresponde bajo ningún concepto al domicilio allanado de la exdirectora.
Elementos secuestrados definitivamente en el búnker de Luna Ortigoza
Para evitar mayores confusiones y dejar en claro la situación habitacional y penal, el secretario dejó asentado exactamente cuáles fueron los únicos elementos incautados por las fuerzas policiales: 480 gramos de cocaína, una bolsa con 70 gramos adicionales, tres envoltorios con 15 gramos, una balanza digital, 24.850 pesos en efectivo y tres teléfonos celulares personales. Por lo tanto, se descartó por completo la presencia de cualquier tipo de arma en dicho domicilio.
Qué se secuestró en los allanamientos
Los procedimientos realizados en distintos domicilios permitieron secuestrar droga, armas, dinero y elementos utilizados presuntamente para el narcomenudeo en una de las investigaciones más importantes por cocaína en Castelar durante las últimas semanas.
| Punto | Resultado |
|---|---|
| 1) Isabel Pardo 2582 | Cocaína compactada, marihuana y dinero en efectivo |
| 2) Pasaje Florit 3620 | Más de un kilo de cocaína, arma calibre 32 y balanza digital |
| 3) Cogliati 3525 | Detención de Norberto Hernán Aliano, cocaína, marihuana y celular |
| 4) Gabriel Miró al 3000 | Sin secuestros |
| 5) 14 de Julio 3347 | Marihuana fraccionada |
| 6) Presidente Ortiz 3855 | Municiones calibre .22, marihuana y celulares |
| 7) Presidente Ortiz 3848 | Sin secuestros |
| 8) Zavaleta 590, Libertad | Sin secuestros |
Los investigadores sostienen que la organización modificaba frecuentemente los puntos de venta para dificultar el seguimiento policial y mantener activa la comercialización de cocaína en Castelar y otros sectores de la zona oeste del Conurbano.
Postura del Municipio sobre la retención de los sueldos
La postura oficial del municipio es que el sueldo de la funcionaria se encuentra actualmente retenido por las áreas de hacienda. El secretario de seguridad remarcó durante la sesión que sería "ridículo" que la exdirectora continúe percibiendo sus haberes (los cuales estimó en aproximadamente 2 millones de pesos) mientras se encuentra prófuga de la justicia y pesa sobre ella una orden de captura nacional e internacional de carácter activo.
La controversia por el depósito salarial previo al escándalo
Si bien existió la controversia y la denuncia opositora de que se le llegó a depositar el sueldo el viernes 29 (correspondiente al ciclo de liquidación previo al escándalo), el avance del sumario administrativo y la retención actual buscan garantizar que no siga cobrando su salario este mes ni en el futuro, siendo el paso previo obligatorio establecido por la administración local para concretar su expulsión definitiva de la planta municipal.
El rol de idoneidad y el decreto formal de designación 1236
El nombramiento de Luna Ortigoza como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad fue autorizado mediante el Decreto 1236 del año 2025 (fechado el 19 de junio de 2025). A través de este decreto municipal, el intendente determinó formalmente que Luna Ortigoza era la "funcionaria idónea" para el cargo y oficializó su designación a partir del 16 de junio de 2025 en las estructuras del State local.
Firmas de las autoridades municipales en el nombramiento
Este documento oficial de designación política fue firmado y avalado por tres autoridades municipales de la gestión: el principal responsable político del distrito, el intendente Lucas Ghi; la funcionaria de la administración local Estefanía Franco; y el funcionario político Hernán Sabbatella. Las rúbricas quedaron asentadas en el expediente como parte de la cadena de responsabilidades administrativas bajo cuestionamiento.
Desconocimiento oficial de los titulares de las cuentas de cobro
Hasta el momento de celebrarse la sesión extraordinaria, el municipio no sabe quiénes son los titulares de las cuentas bancarias en las que el detenido de la causa depositaba el dinero para pagar las sustancias ilícitas. El Ejecutivo municipal se encuentra a la espera de que la justicia realice el peritaje oficial de estas cuentas, ya que conocer las identidades de los titulares será un paso fundamental para que el sumario administrativo pueda investigar si hay otros empleados o funcionarios involucrados en el esquema delictivo.
Cuestionamiento de la oposición por la traza financiera bancaria
Durante la sesión, un concejal opositor cuestionó fuertemente cómo era posible que, tras 15 días de investigación, aún no se conociera la información financiera de los cobros, teniendo en cuenta que en los comprobantes de transferencia suelen figurar de forma automática el nombre, el apellido y el CBU del destinatario. Ante este planteo, el secretario de seguridad aclaró que los números exactos de identificación bancaria no están a la vista en la parte del expediente judicial a la que el municipio tuvo acceso.
Contenido exacto del polémico comunicado de prensa de la comuna
El polémico comunicado, emitido por las redes y páginas del municipio, afirmaba textualmente que los allanamientos habían sido "impulsados desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana para combatir el delito en el distrito" y revelaba de forma abierta el nombre de la funcionaria implicada. Este mensaje y su redacción corporativa fueron calificados explícitamente como "una vergüenza" por la concejala opositora Analía Zappulla.
Admisión de falsedad en la autoría del operativo comunal
A pesar de lo que aseguraba el texto oficial en las plataformas digitales, el secretario de seguridad reconoció abiertamente durante la interpelación que el municipio no impulsó ni tuvo intervención previa en la denuncia que derivó en el allanamiento a la funcionaria Luna Ortigoza. La investigación judicial fue llevada a cabo por las autoridades a partir de un llamado anónimo recibido en la línea de emergencias 911.
Deslinde del texto y justificación del uso de términos genéricos
El secretario de seguridad aclaró en el recinto que el polémico comunicado no fue emitido ni firmado por su área, sino por la Secretaría de Comunicación, cuyo titular es Martín Molinari. El funcionario justificó la redacción de la gacetilla argumentando que desde el equipo de prensa utilizaron la palabra "impulsados" de manera "genérica", refiriéndose a la política habitual de su área de promover allanamientos contra el narcomenudeo en el distrito, aunque reconoció que en este contexto específico el término resultó confuso.
Acusación opositora por intento deliberado de engaño público
Los concejales de la oposición (como Analía Zappulla y Diego Espina) no aceptaron en la sesión que se tratara de un simple error o torpeza de redacción por parte de la prensa oficial. Sostuvieron que el texto estuvo deliberadamente pensado para generar confusión en los vecinos. Ante esto, plantearon formalmente la necesidad de investigar si este comunicado fue lanzado a la opinión pública con el fin de manipular la información, engañar a la población o directamente "ensuciar la investigación judicial".
Bloqueo de accesos remotos ante la desaparición de las terminales
Ante la presunción de que la funcionaria prófuga tiene en su poder la computadora y el celular provistos por el municipio, el Ejecutivo local implementó urgentemente medidas de contingencia informática. Se bloqueó de forma absoluta cualquier posibilidad de que la exfuncionaria ingresara a los sistemas y bases de datos del Estado municipal de forma remota desde la computadora o el teléfono que tenía originalmente asignados para sus tareas diarias.
Cambio total de contraseñas y resguardo de las plataformas de género
Se modificaron urgentemente todas las claves de acceso vinculadas a la actividad administrativa que ella desarrollaba en la dependencia. Estos cambios de seguridad y bloqueos se aplicaron directamente sobre el sistema GDE (Gestión Documental Electrónica), los accesos a Google Drive, las cuentas de publicidad y las redes sociales de la dirección de género, con el objetivo de mitigar cualquier riesgo de que la prófuga continuara accediendo a la información confidencial y vulnerara los datos sensibles.
