Una convocatoria federal con reclamos más amplios
La Quinta Marcha Federal Universitaria se realizó ayer, jueves 15 de octubre de 2026, con movilizaciones en distintas ciudades. La convocaron el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, bajo la consigna “Por la educación, la soberanía y la democracia”. Los organizadores estimaron una participación cercana al millón de personas en todo el país.
En la Ciudad de Buenos Aires, columnas universitarias avanzaron desde distintos puntos hacia el Congreso. La de la Universidad de Buenos Aires (UBA) partió desde Plaza Houssay y recorrió las avenidas Córdoba y Corrientes antes de llegar a la zona de Avenida de Mayo. El acto central estaba previsto para las 16, frente al Palacio Legislativo.
El reclamo principal fue la aplicación de la Ley 27.795, que establece actualizaciones para los gastos de funcionamiento de las universidades, los salarios docentes y no docentes y las becas estudiantiles. La proclama también cuestionó el proyecto de Presupuesto 2027 y planteó la necesidad de sostener la investigación científica y tecnológica.
Desde el oeste bonaerense también hubo columnas universitarias: la cobertura televisada registró entre las primeras en ponerse en marcha a las de la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad Nacional de La Plata. La Universidad Nacional de Quilmes informó que estudiantes, docentes, nodocentes, autoridades e investigadores de esa casa de estudios participaron de la movilización.
Gases, corridas y versiones enfrentadas
Pasadas las 16 se produjeron enfrentamientos en las inmediaciones del Congreso. Las crónicas periodísticas reportaron que algunas personas encapuchadas rompieron bancos y arrojaron piedras; las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y camiones hidrantes. Los disturbios ocurrieron en el entorno del vallado y no en las columnas universitarias. Algunos manifestantes atribuyeron los incidentes a infiltrados, una acusación que no quedó corroborada en forma independiente.
Por la lluvia y los incidentes, el acto se dio por terminado a las 16.40, antes de que concluyera la lectura del documento.
La represión fue tan exgerada que los gases llegaron hasta el escenario de la protesta generando más euforia entre los estudiantes y también ingresaron en el anexo de la Cámara de Diputados, ubicado en Rivadavia y Riobamba. La diputada Cecilia Moreau se descompuso y debió recibir atención médica.
Hubo 31 detenidos, entre ellos dos menores de edad, y diez personas heridas. Dos manifestantes heridos furon trasladado al Hospital Ramos Mejía.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió en X imágenes de personas encapuchadas y condenó los ataques. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, también apuntó contra quienes participaron de los disturbios y los calificó como delincuentes e infiltrados. En cambio, el Frente Sindical, el CIN y la FUA repudiaron el operativo y sostuvieron que las columnas universitarias marcharon pacíficamente.
La disputa por la ley y el presupuesto
La ley fue aprobada por el Congreso en 2025, vetada por el presidente Javier Milei y ratificada por ambas cámaras. Al promulgarla, el Poder Ejecutivo condicionó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento. Esa cláusula está en el centro de la disputa judicial.
El 6 de octubre, el juez Martín Cormick declaró inconstitucional esa condición y ordenó aplicar la norma. El Gobierno apeló: la sentencia quedó suspendida mientras se tramita el recurso, aunque continuó vigente una medida cautelar anterior que exige actualizar salarios y becas. La Corte Suprema había dejado firme esa cautelar en junio.
Un día antes de la marcha, Cormick había fijado una multa diaria de $100.000 al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por el presunto incumplimiento de la cautelar. El 15 de octubre, la Cámara suspendió provisoriamente esa sanción económica mientras analiza la apelación. La decisión no anuló la cautelar ni determinó si el Gobierno cumplió con la orden judicial.
El presupuesto proyectado para 2027 también forma parte del reclamo. Según las estimaciones citadas por La Nación, el Gobierno prevé $7,3 billones para el funcionamiento de las universidades, mientras que los rectores calcularon que serían necesarios $11 billones para cumplir con la ley. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) estimó que el monto previsto consolida una caída real del 24,9% frente al presupuesto de 2023.
Las réplicas en el resto del país
La movilización tuvo actos en varias provincias. En Rosario, la columna marchó desde la plaza San Martín hasta el Monumento Nacional a la Bandera y concluyó sin incidentes, según la cobertura local. En Corrientes y Resistencia también hubo concentraciones y lectura del documento común.
Sobre las fuentes: contrasté medios nacionales y regionales, páginas universitarias y el Boletín Oficial. La UBA difundió videos de convocatoria en sus redes; las publicaciones en X de Monteoliva y Macri reflejaron la postura oficial sobre los incidentes. La búsqueda pública en grupos de Facebook e Instagram no aportó datos verificables adicionales sobre la identidad de quienes provocaron los daños.
