El hijo de Massera, en el banquillo: comenzó el juicio por el despojo de bienes a desaparecidos

El Tribunal Oral Federal 5 juzga a Eduardo Enrique Massera y a siete represores de la ESMA. La acusación investiga una presunta trama para apropiarse de bienes de personas secuestradas durante la dictadura. Es la primera vez, desde la reapertura de los juicios por delitos de lesa humanidad, que un integrante de la familia Massera se sienta en el banquillo.

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Un juicio inédito para la familia Massera

El Tribunal Oral Federal (TOF) 5 comenzó a juzgar a Eduardo Enrique Massera, hijo mayor del ex almirante Emilio Eduardo Massera y Delia Esther Vieyra. Tiene 75 años y, según la acusación del Ministerio Público, habría integrado una asociación ilícita dedicada al desapoderamiento de bienes de personas desaparecidas desde 1977. El menor, Emilio Esteban, no está implicado en caso alguno al menos hasta el momento. Sólo Eduardo Enrique y otras figuras son juzgadas.

La residencia principal y más conocida de Emilio Eduardo Massera y su familia fue un lujoso departamento ubicado en el piso 12 de un edificio situado sobre la Avenida del Libertador al 2423 (en la intersección con la calle San Martín de Tours), en la zona de Palermo Chico / Barrio Norte de la Ciudad de Buenos Aires, a cuadra del Centro Clandestino de Detención ubicado en la ESMA.

Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada e integrante de la primera Junta Militar, fue uno de los máximos responsables de la dictadura iniciada en 1976.
Emilio Eduardo Massera, jefe de la Armada e integrante de la primera Junta Militar, fue uno de los máximos responsables de la dictadura iniciada en 1976.

Además de su domicilio en la Capital Federal, la familia utilizaba frecuentemente una gran casa de fin de semana (quinta) ubicada en El Talar de Pacheco, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires. Esta propiedad cobró mucha notoriedad pública años más tarde, ya que fue el lugar de reclusión donde el ex almirante cumplió parte de su arresto domiciliario.

Emilio Massera fue detenido por primera vez el 17 de junio de 1983, durante la dictadura. El juez federal Oscar Salvi ordenó su detención en la causa por la desaparición del empresario Fernando Branca, ocurrida en 1977.
Emilio Massera fue detenido por primera vez el 17 de junio de 1983, durante la dictadura. El juez federal Oscar Salvi ordenó su detención en la causa por la desaparición del empresario Fernando Branca, ocurrida en 1977.

Aunque no habría formado parte del grupo estable que operaba en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), algunos sobrevivientes dijeron haberlo visto a Eduardo Enrique Massera en el centro clandestino. Otros lo ubicaron en Chroma SA, una productora audiovisual que funcionaba en una propiedad robada a una persona secuestrada, o en las oficinas que su padre tenía en la calle Cerrito, en el centro porteño.

Junto con Massera hijo están acusados los represores Jorge Eduardo Acosta, Ricardo Cavallo, Adolfo Donda, Jorge Carlos Radice, Alberto Eduardo González, Juan Carlos Rolón y Juan Antonio Azic. Ninguno participó presencialmente de la primera audiencia: siguieron la apertura desde la Unidad 34 de Campo de Mayo donde están detenidos.

En 1977, la Universidad del Salvador otorgó a Massera el título de profesor honorario, en plena dictadura; la distinción fue cuestionada años después.
En 1977, la Universidad del Salvador otorgó a Massera el título de profesor honorario, en plena dictadura; la distinción fue cuestionada años después.

Qué bienes se investigan

En la jornada inicial, el tribunal leyó una parte de la acusación, centrada en el caso conocido como Chacras de Coria y en el desapoderamiento que sufrió Víctor Basterra, fotógrafo y sobreviviente de la ESMA. Mientras Basterra permanecía secuestrado, integrantes del grupo de tareas se quedaron con su casa de Valentín Alsina.

La hipótesis que analiza la Justicia es que parte del accionar del grupo de tareas habría estado orientado a incrementar el patrimonio de Emilio Eduardo Massera, quien encabezó la Marina durante la dictadura. El juicio deberá establecer las responsabilidades de cada acusado y el recorrido de los bienes investigados.

La causa reúne a Massera hijo con siete represores que actuaron en la ESMA y busca establecer responsabilidades por el saqueo de bienes de las personas secuestradas.
La causa reúne a Massera hijo con siete represores que actuaron en la ESMA y busca establecer responsabilidades por el saqueo de bienes de las personas secuestradas.

Cuándo seguirá el juicio

La lectura de la acusación continuará el miércoles 14 de octubre, a las 10, según informó el presidente del TOF 5, Daniel Obligado. Integran el tribunal, además, el juez Adrián Grünberg y la jueza Adriana Palliotti. De acuerdo con fuentes judiciales citadas en la cobertura, es improbable que en esa audiencia comiencen las indagatorias.

En el proceso intervienen la fiscalía encabezada por Félix Crous y la querella que representa a la familia Basterra, integrada por los abogados Rodolfo Yanzón y Flavia Fernández Brozzi. Las audiencias se transmiten por La Retaguardia.

El expediente expone la dimensión económica de la represión: además de secuestrar y torturar a sus víctimas, los grupos de tareas se apropiaron de sus bienes.
El expediente expone la dimensión económica de la represión: además de secuestrar y torturar a sus víctimas, los grupos de tareas se apropiaron de sus bienes.

Vanexva, el vínculo que Massera hijo describió ante la Justicia

En agosto de 2005 se reconstruyó las declaraciones que Eduardo Enrique Massera y Guillermo Ferrero prestaron en 1988 en una causa que terminó archivada. En una presentación espontánea, Massera dijo que había trabajado en Vanexva, la financiera de los Ferrero: afirmó que fue director durante aproximadamente un año, hacia 1984, y que después siguió como asesor.

Cinco días más tarde, Guillermo Ferrero declaró que él y su esposa, Fernanda Ferrero, eran propietarios de Vanexva y describió a Massera como un colaborador cercano y asesor que también había sido director. La nota contrapuso esos testimonios con la versión que Fernanda Ferrero habría dado posteriormente, al describir como ocasional el vínculo entre su familia y el hijo del ex almirante.

Una investigación periodística reconstruyó el vínculo comercial de Eduardo Enrique Massera con Fernanda Ferrero y su marido en Vanexva, la financiera en la que Massera hijo fue director y asesor.
Una investigación periodística reconstruyó el vínculo comercial de Eduardo Enrique Massera con Fernanda Ferrero y su marido en Vanexva, la financiera en la que Massera hijo fue director y asesor.

Misa Chico: dos versiones sobre las acciones

El expediente también abordó a Misa Chico, una sociedad en cuyo directorio figuraban Massera hijo, su tío Carlos Massera y Pedro Añón. Según su declaración, Eduardo Massera dijo que no sabía cómo su nombre había llegado a la sociedad y atribuyó la maniobra a Roberto Castellanos, a quien presentó como su verdadero dueño. Sostuvo que Castellanos habría utilizado su nombre sin autorización para realizar trámites societarios.

Ferrero, por su parte, declaró que Castellanos le había entregado las acciones de Misa Chico como garantía de una operación financiera por 10.000 dólares. También afirmó que la inclusión de los apellidos Massera se había acordado porque, según la explicación que atribuyó a Castellanos, aportaban prestigio y una imagen de solvencia. Castellanos ya había fallecido cuando los dos declararon y observó que ambos relatos le asignaban un papel central en la maniobra.

Las acciones y los terrenos de Chacras de Coria

Las acciones de Misa Chico, que según la reconstrucción periodística habían quedado en poder de Vanexva, con el despojo de terrenos en Chacras de Coria, en Mendoza. Esas tierras pertenecían a los empresarios Victorio Cerutti, Omar Masera Pincolini, Conrado Gómez y Horacio Palma, quienes fueron secuestrados, torturados y asesinados en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

La causa de instrucción fue archivada por el entonces juez Rodolfo Ricotta Denby. Por eso, las declaraciones citadas y la reconstrucción constituyen un antecedente sobre las relaciones comerciales y societarias investigadas aunque lamentablemente no hay una sentencia que haya dado por probados esos hechos.

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