La Federación de Centros Barriales Familia Grande Hogar de Cristo, presidida por el sacerdote José María Di Paola, conocido como el Padre Pepe, respaldó la decisión judicial de suspender durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires. La organización había presentado un hábeas corpus preventivo colectivo ante el riesgo de que el ingreso de más adolescentes agravara las condiciones de alojamiento.
La medida fue dispuesta por Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. Tras conocerse la resolución, la federación difundió un comunicado en el que explicó que su presentación estuvo centrada en la capacidad material y profesional de los centros para recibir a una mayor cantidad de jóvenes.
La advertencia sobre las condiciones de detención
El argumento principal de la entidad es que la incorporación de adolescentes de 14 y 15 años al sistema penal incrementará la cantidad de personas detenidas. Según sostuvo, ese aumento recaería sobre establecimientos con deficiencias edilicias y recursos educativos y profesionales insuficientes para garantizar las condiciones exigidas por la normativa.
La federación puso así el foco en las consecuencias de la implementación. “No se trata de discutir la ley en abstracto”, señaló en su comunicado. Su planteo apunta a que la aplicación inmediata, dadas las condiciones de los dispositivos de alojamiento, puede afectar los derechos básicos de quienes se encuentran privados de la libertad.
Una audiencia para conocer las medidas y los plazos
El próximo paso será la audiencia convocada para el 16 de septiembre. Allí, los responsables de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez de la Provincia deberán informar qué acciones están llevando adelante para adecuar los establecimientos y en qué plazos prevén concretarlas, según detalló la organización.
La Federación Familia Grande Hogar de Cristo también ofreció aportar información y participar de un trabajo conjunto con las autoridades. En ese marco, afirmó que acompañará el proceso judicial desde su experiencia territorial, con el objetivo de contribuir a condiciones dignas para los adolescentes que atraviesan el sistema penal juvenil.
La trayectoria del Padre Pepe
Nacido en Burzaco, José María Di Paola es una de las figuras más conocidas de los curas villeros argentinos. Fue ordenado sacerdote en 1987 y desarrolló una parte central de su tarea pastoral en la Villa 21-24 de Barracas, donde trabajó con familias atravesadas por la pobreza y el consumo problemático de drogas.
En 2009, firmó junto con otros 18 sacerdotes un documento que denunciaba el avance del narcotráfico en los barrios populares de Buenos Aires. Las amenazas posteriores marcaron un punto de inflexión en su recorrido y lo llevaron a trasladarse a Santiago del Estero, donde continuó su actividad comunitaria.
Un año antes, en 2008, había impulsado el primer Hogar de Cristo con el respaldo de Jorge Bergoglio, luego papa Francisco. Esa experiencia dio origen a una red de centros barriales dedicada al acompañamiento de personas con consumos problemáticos, bajo el lema “Ningún pibe menos por la droga”.
El trabajo con personas que salen de la cárcel
La intervención de la federación en este caso se vincula con una tarea más amplia de acompañamiento e integración social. En junio de 2025, Di Paola firmó un convenio con la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Consejo de la Magistratura y la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal para colaborar en la reinserción de personas que recuperan la libertad.
Ese trabajo constituye uno de los antecedentes de la organización que promovió la presentación judicial. Ahora, su reclamo se concentra en las condiciones concretas en las que serán alojados y atendidos los adolescentes alcanzados por el nuevo régimen.
