El Pozo de Banfield funcionó en un edificio de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la esquina de Siciliano y Vernet, en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora. A pesar de su nombre, el centro clandestino no estaba en la localidad de Banfield: fue denominado así porque pertenecía a la Brigada de Investigaciones de Banfield.
Comenzó a operar clandestinamente en octubre de 1974, durante el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, y permaneció activo hasta noviembre de 1978. Por el lugar pasaron alrededor de 350 personas secuestradas, según los testimonios reunidos por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos.
Un engranaje del Circuito Camps
El centro clandestino integró el llamado Circuito Camps, una red de lugares de detención, tortura y exterminio controlada por la Policía Bonaerense, entonces conducida por Ramón Camps y por el director general de Investigaciones, Miguel Osvaldo Etchecolatz. La estructura llegó a reunir cerca de 28 centros clandestinos distribuidos entre La Plata y distintos partidos del conurbano bonaerense.
Dentro de la organización militar del terrorismo de Estado, el Pozo de Banfield perteneció a la Zona de Defensa I, bajo el mando del Primer Cuerpo de Ejército; a la Subzona 11, dirigida por la X Brigada de Infantería Mecanizada; y al Área 112, cuya jefatura estaba en el Regimiento de Infantería Mecanizado N.º 3 de La Tablada. La Policía Bonaerense quedó subordinada operacionalmente al Ejército, aunque conservó autonomía y responsabilidad directa sobre numerosos secuestros, interrogatorios y torturas.
El funcionamiento clandestino
En el edificio funcionaron inicialmente las divisiones Delitos contra la Propiedad y Seguridad Personal, dependientes de la Dirección de Investigaciones de la Policía Bonaerense. Desde enero de 1977 también tuvieron asiento allí las delegaciones metropolitanas de Investigaciones, Seguridad e Inteligencia. La actividad administrativa y policial permitía encubrir la existencia de personas cautivas dentro de una dependencia estatal.
Los detenidos permanecían incomunicados, vendados, esposados y sin registro legal. Eran sometidos a interrogatorios bajo tortura y trasladados entre diferentes centros del circuito, principalmente el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield, El Infierno de Avellaneda, Arana y otras dependencias. Las sentencias judiciales acreditaron privaciones ilegales de la libertad, tormentos, desapariciones forzadas, homicidios, violencia sexual, servidumbre, abortos forzados y apropiación de niños.
La principal maternidad clandestina de la Policía Bonaerense
Una de las características más siniestras del Pozo de Banfield fue su utilización como maternidad clandestina. Las investigaciones registraron el paso de, por lo menos, 30 mujeres embarazadas. Entre septiembre de 1976 y diciembre de 1977 nacieron allí al menos ocho bebés, de los cuales cinco recuperaron posteriormente su identidad.
Las mujeres daban a luz mientras permanecían secuestradas y bajo custodia de policías o médicos vinculados con el aparato represivo. En distintos casos, los recién nacidos fueron separados de sus madres y entregados a otras familias mediante identidades falsas. Muchas de las mujeres continúan desaparecidas. El lugar se convirtió así en una pieza del plan sistemático de apropiación de niños y supresión de identidad ejecutado durante la dictadura.
La Noche de los Lápices
El Pozo de Banfield quedó especialmente asociado con La Noche de los Lápices. Allí estuvieron cautivos varios de los estudiantes secundarios secuestrados en La Plata durante septiembre de 1976. Entre ellos se encontraban Claudia Falcone, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, Daniel Racero, Horacio Ungaro y Claudio de Acha, quienes permanecen desaparecidos.
También pasó por el lugar Pablo Díaz, sobreviviente cuyo testimonio durante el Juicio a las Juntas de 1985 contribuyó a reconstruir los secuestros, las torturas y la presencia de sus compañeros en el centro clandestino. El caso se convirtió después en uno de los episodios más conocidos de la represión contra la militancia estudiantil.
El Plan Cóndor dentro del Pozo de Banfield
El centro también formó parte de la coordinación represiva internacional conocida como Plan Cóndor. Las investigaciones determinaron que allí permanecieron secuestradas al menos 24 personas de nacionalidad uruguaya. Sobrevivientes declararon además haber visto a integrantes del Ejército uruguayo y del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) dentro de la dependencia.
La presencia de prisioneros y agentes extranjeros demuestra que el Pozo de Banfield no fue solamente un centro de represión local: también integró el sistema de persecución coordinado por las dictaduras del Cono Sur para secuestrar, trasladar y desaparecer opositores fuera de sus países de origen.
Del encubrimiento a la memoria
A fines de 1978 fue desmontada la estructura clandestina, pero el edificio continuó bajo control policial y alojó detenidos legales hasta mediados de la década de 1990. El 30 de agosto de 2006, mediante el Decreto provincial 2204/06, el inmueble fue transferido a la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense para convertirlo en un espacio de memoria.
El 16 de septiembre de 2010 fue declarado Centro para la Memoria, la Verdad y la Justicia. En 2017 se realizaron obras de preservación y se habilitaron recorridos públicos. Actualmente funciona como Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos, con visitas educativas, tareas de investigación, conservación del edificio y actividades conmemorativas.
Las condenas judiciales
Los crímenes cometidos en el Pozo de Banfield aparecieron en el Juicio a las Juntas de 1985, la Causa Camps de 1986 y el juicio por el plan sistemático de apropiación de bebés, cuya sentencia se conoció en 2012. Sin embargo, gran parte de los hechos llegó a debate oral varias décadas después.
El juicio unificado por las brigadas de Banfield, Quilmes, Lanús y San Justo comenzó en octubre de 2020. El 27 de marzo de 2024, el Tribunal Oral Federal N.º 1 de La Plata dictó diez condenas a prisión perpetua y una pena de 25 años por crímenes cometidos contra 605 víctimas. La sentencia reconoció desapariciones forzadas, torturas, homicidios, violencia sexual, apropiaciones de niños y delitos contra mujeres embarazadas y estudiantes menores de edad.
