La posible instalación de grandes criaderos de salmón abrió una fuerte controversia en las Islas Malvinas, territorio argentino ocupado y administrado ilegalmente por el Reino Unido desde 1833. Mientras el sector empresario destaca los beneficios económicos de la iniciativa, un grupo de residentes advierte sobre sus consecuencias ambientales y exige que la decisión final quede en manos de la población.
El proyecto contempla la producción de hasta 50.000 toneladas de salmón por año en 16 ubicaciones costeras. Por su escala, se convertiría en el mayor desarrollo industrial realizado sobre las costas del archipiélago, según informó el diario británico The Guardian.
Un megaproyecto que promete inversión y empleo
La iniciativa es promovida por Unity Marine, una sociedad conformada por la pesquera local Fortuna y la compañía danesa F-land ApS. El plan propone desarrollar granjas marinas destinadas a la cría intensiva de salmones en distintos puntos de las islas.
Una evaluación encargada por las autoridades británicas que administran el territorio calculó que una producción inicial de 30.000 toneladas anuales podría aportar alrededor de 35 millones de libras esterlinas por año, equivalentes a casi 48 millones de dólares.
Esa suma representaría aproximadamente el 11% del Producto Bruto Interno de las islas. Además, el emprendimiento podría generar unos 133 puestos de trabajo, una cifra considerable para una población estimada en apenas 3.500 habitantes.
Los impulsores sostienen que la salmonicultura permitiría diversificar una economía concentrada principalmente en la pesca, la ganadería ovina y el turismo. Sin embargo, sus críticos consideran que los potenciales beneficios no justifican el riesgo de transformar uno de los ecosistemas costeros más sensibles del Atlántico Sur.}
Un ecosistema único del Atlántico Sur
El artículo de The Guardian describió a las Islas Malvinas como uno de los últimos territorios prácticamente vírgenes del planeta. Sus aguas, con una importante presencia de kril y calamares, alimentan una cadena natural de enorme riqueza y diversidad.
En el archipiélago habitan lobos y elefantes marinos, delfines, ballenas y cinco especies de pingüinos. La población de estas aves supera ampliamente a la cantidad de personas que viven en las islas.
Las organizaciones ambientalistas temen que los residuos orgánicos producidos por miles de salmones encerrados en jaulas marinas terminen alterando los bosques de algas, las zonas de reproducción del calamar y el hábitat de numerosas especies.
También alertan sobre la posible proliferación de enfermedades, la utilización de medicamentos, los escapes de peces y las mortandades masivas, problemas registrados en otros países donde funciona la producción intensiva de salmón.
Reclaman que se convoque a un referéndum
La oposición al proyecto es encabezada por Salmon Free Falklands (SFF), una organización formada por residentes del archipiélago. El grupo reclama que la decisión no sea tomada únicamente por las autoridades y propone convocar a un referéndum.
“Entonces será la gente la que decida qué ocurre en su propio país”, afirmó Sally Poncet, integrante de la organización, en declaraciones publicadas por el medio británico.
La activista cuestionó la consulta pública iniciada el 7 de agosto y abierta hasta el 30 de octubre de 2026. Según explicó, perdió la confianza en el procedimiento porque parte de los informes oficiales estaría basada en información proporcionada por la propia empresa interesada.
Poncet sostuvo que esos datos no pueden ser verificados de manera independiente y que todavía existe “información insuficiente” para establecer qué consecuencias tendría la salmonicultura sobre el ecosistema.
Cuestionamientos a los estudios ambientales
Las críticas también fueron respaldadas por especialistas internacionales. Louise Cherrie, exintegrante de la autoridad australiana de protección ambiental y actual asesora de SFF, calificó los documentos presentados durante la consulta como “casi carentes de valor”.
Cherrie señaló que aún no se realizó una evaluación científica rigurosa sobre la capacidad de carga ambiental. Ese estudio debería determinar cuántos peces podrían criarse en la zona sin alterar el equilibrio del mar y de las costas.
La especialista también advirtió que no fueron calculados los costos de regulación, fiscalización y mitigación de los eventuales daños. Por esa razón, consideró que los habitantes no cuentan con un análisis completo que les permita comparar los beneficios económicos con los riesgos ambientales.
Entre las cuestiones pendientes mencionó la falta de un protocolo preciso para eliminar peces muertos ante una mortandad masiva. Este tipo de episodios puede generar una enorme cantidad de residuos en poco tiempo y provocar efectos graves sobre el agua y las especies silvestres.
“Los informes terminan careciendo de sentido”
A los cuestionamientos se sumó Tom Appleby, responsable de asuntos legales de Blue Marine Foundation. El especialista calificó de “extraordinario” que se sometieran a consideración pública estudios que no utilizan datos primarios verificados de manera independiente.
Appleby aseguró que los documentos contienen tantas aclaraciones sobre la procedencia y las limitaciones de la información que “terminan careciendo de sentido”.
Las autoridades británicas de las islas afirmaron, por su parte, que mantienen una posición neutral y que todavía no respaldaron ni rechazaron la instalación de la industria. También aclararon que los estudios fueron encargados para analizar escenarios posibles y no para autorizar inmediatamente un proyecto concreto.
Según la explicación oficial, el informe sobre capacidad de carga buscó mostrar cómo se aplicaría un modelo de evaluación, pero no establecer cuántos salmones podrían producirse efectivamente en las aguas del archipiélago.
El antecedente de una decisión anulada
La disputa tiene antecedentes políticos y judiciales. En 2022, las autoridades de las islas habían rechazado la instalación de una granja salmonera. Posteriormente, Unity Marine promovió una revisión judicial al sostener que antes de resolver debía realizarse una consulta general.
Las partes alcanzaron después un acuerdo que dejó sin efecto aquella decisión y abrió el procedimiento actualmente en marcha. De esta forma, un proyecto inicialmente descartado volvió a instalarse en el centro de la discusión pública.
James Wallace, director gerente de Fortuna, aseguró que Unity Marine no solicitó una licencia inmediata para comenzar a producir. Según explicó, la empresa aceptó que las autoridades dispusieran del tiempo necesario para estudiar la viabilidad económica, social y ambiental de la actividad.
Wallace también sostuvo que cualquier decisión debería incluir una evaluación de impacto ambiental sólida, capaz de establecer si los riesgos pueden ser mitigados y si los beneficios económicos proyectados realmente llegarían a concretarse.
Una decisión entre la economía y el ambiente
El debate enfrenta dos perspectivas difíciles de conciliar. Por un lado, la posibilidad de incorporar millones de libras a la economía y crear empleos en una comunidad pequeña. Por otro, el temor a que una industria intensiva provoque modificaciones permanentes en el ecosistema marino.
La discusión también puso bajo la lupa la legitimidad de la consulta, la independencia de los estudios y la calidad de la información entregada a los habitantes.
Con el procedimiento abierto hasta el 30 de octubre, Salmon Free Falklands busca que se convoque a un referéndum. El futuro de la salmonera dependerá ahora no solamente de sus proyecciones económicas, sino también de la evidencia científica y de la confianza que genere el proceso de evaluación.
