El bloque de concejales opositor expresó su preocupación por la decisión del Departamento Ejecutivo de notificar ceses mediante telegramas y sostuvo que no se respetó el debido procedimiento administrativo. También pidió revisar la medida junto a los gremios.
Cabe destacar que no lo hizo el bloque peronista del Frente Renovador, ni el bloque axelista que lleva adelante Agustín Ramponelli.
El bloque de concejales de Fuerza Patria Morón manifestó su rechazo a la decisión del Departamento Ejecutivo de cesar a trabajadores municipales que serán incorporados al régimen jubilatorio a partir del 1 de julio. A través de un comunicado, advirtió que la medida fue notificada mediante telegramas y cuestionó la forma en que se llevó adelante el procedimiento.
Los ediles señalaron que existe una «profunda preocupación» por la situación y sostuvieron que los ceses se realizaron «sin respetar el debido procedimiento administrativo que resguarde los derechos laborales y previsionales de cada trabajador y trabajadora».
En ese sentido, afirmaron que el proceso debería contemplar también la estabilidad laboral y las particularidades de cada empleado municipal, especialmente en el actual contexto económico.
Reclamo para revisar la decisión
Desde Fuerza Patria solicitaron al Departamento Ejecutivo que deje sin efecto la medida y abra una instancia de revisión junto a los trabajadores afectados y las representaciones gremiales.
Según expresaron, el objetivo debería ser acordar condiciones que mejoren la situación de la planta municipal y evitar que los trabajadores sean utilizados «como variable de ajuste frente a una crisis que golpea a las familias municipales».
Defensa del empleo municipal
El comunicado concluye remarcando que la obligación del Estado es garantizar el bienestar de sus trabajadores, asegurar salarios dignos y evitar generar mayor incertidumbre entre quienes prestan servicios esenciales para la comunidad.
Para el bloque opositor, cualquier decisión vinculada a la situación laboral de los empleados municipales debe respetar los procedimientos administrativos vigentes y contemplar el diálogo con las organizaciones sindicales antes de su implementación.
