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La Dirección General de Cultura de Educación bonaerense estableció un protocolo de actuación que deben cumplir las escuelas cuando se registran situaciones delictivas en los establecimientos educativos y amenazas de bomba.

El Protocolo de Actuación se estableció luego de varios casos mediatizados aunque ya era de público conocimiento que entre tres y cinco escuelas por distrito interrumpían las clases cada día por amenazas de bomba.

Entre los casos más destacados, se registraron amenazas de bomba en los colegios a los que concurren los hijos de la gobernadora María Eugenia Vidal (en Castelar) y los del intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta.

Bajo la circular, la Dirección General de Cultura y Educación quiere exhibir un rol activo, pero lo cierto es que no sabe cómo frenar las amenazas.

Gabriel Sánchez Zinny lleva adelante la DGCyE y el texto tiene nueve artículos que se deberán cumplir en cualquier establecimiento en que se den «situaciones de conflicto o riesgos grave».

Determina que las autoridades educativas que tomen conocimiento de un hecho conflictivo deberán radicar la denuncia en la fiscalía de turno y tendrán que informar sobre el suceso al «Inspector de Enseñanza, quien trasladará la información a la Jefatura de Distrito y ésta a la Jefatura de Región correspondiente», según el texto.

El traslado de información continúa con el aviso al delegado de la Dirección de Legal y Técnica Educativa, por parte de la Jefatura Regional, quien será el encargado de presentar ante fiscalía un escrito para informar que la DGCyE «se pone a disposición» «ofrece colaboración en la investigación» para la cual puede solicitar ayuda a «las autoridades escolares e inspectores».

El texto es bastante pobre. También apunta a delitos dentro del establecimiento educativo, entre ellos los de abuso que en general se ocultan o salen a la luz demasiado tarde. Sin embargo, por otro lado, advierte y protege a los docentes como actuar en caso de ser agredidos por padres o alumnos.

El artículo final del protocolo determina que «en caso de determinarse elementos conducentes de la participación de un alumno» en el hecho denunciado «el Delegado de Legal y Técnica Educativa notificará al Inspector Jefe Regional a fin de que éste arbitre las medidas disciplinarias» de acuerdo a las normas de cada institución.

En lo último treinta días hubo mil amenazas de bomba a establecimientos educativos banaerenses.

El más preocupante fue el del Colegio Nacional de Adrogué, en el partido de Almirante Brown, donde tras un llamado la policía halló una granada MK2 en un cajón de manzanas.

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